Denuncian que el nuevo Cose es "ilegal"

El nuevo Cose de Cacheuta aún es un proyecto; sin embargo, ya generó los primeros debates. Organismos de Derechos Humanos consideran que trasladar a los jóvenes a más de 40 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, lejos de sus familias, es violatorio e ilegal. Advierten que, la iniciativa del Gobierno persigue contentar a ciertos sectores sociales, más que resolver un problema de fondo.

Los continuos hechos de violencia intramuros registrados a fines del año pasado en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose), y las fugas del sector de Máxima Seguridad, motivaron la idea de trasladar el instituto de encierro de jóvenes a Cacheuta en Luján de Cuyo, en una zona donde ya se ubica la cárcel de Almafuerte y donde se está construyendo la penitenciaría para presos por delitos federales.

En un carta que presentaron al gobernador Francisco Pérez, los organismos de DDHH se manifestaron en contra de este proyecto.

El Organismo Contra la Violencia Institucional (OCOVI) considera que la medida adoptada por el ministerio de Desarrollo Social que dirige Guillermo Elizalde vulnera los derechos de los jóvenes internos.

Esto es lo que dice el comunicado enviado a los medios, donde exponen su postura contraria al nuevo proyecto:

"Creemos que esta medida no es ninguna solución a los problemas que se vienen presentando en las cárceles de Mendoza y sólo representa una concesión a los sectores sociales que creen erróneamente que la seguridad pública se logra únicamente instaurando más control, represión y leyes de “mano dura. El pasado 1 de marzo, los miembros de OCOVI presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un Habeas Corpus correctivo a favor de la protección de los derechos de los jóvenes detenidos en el Ex Cose. Poco después la Suprema Corte de Justicia de la provincia dio lugar al reclamo y desde esa fecha las autoridades del penal juvenil están siendo obligadas a cumplir una serie de medidas necesarias para mejorar la situación de los adolescentes; así como también aporta medidas de control para ser ejecutadas por los jueces, fiscales y defensores de los niños, niñas y jóvenes. También, con el mismo reclamo, la semana pasada, un grupo numeroso de padres y madres de jóvenes internados en el ex Cose, presentaron una carta al Gobernador  Francisco Pérez".