Una nueva enfermedad argentina: la judicialización de la salud

"La judicialización de la salud es la nueva enfermedad del sistema sanitario argentino", aseguró Antonio La Scaleia, presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA). Y aunque una medida cautelar le implica una pérdida de recursos monetarios a las obras sociales, el médico confesó que no se trata exclusivamente de un problema de dinero sino que muchas veces los medicamentos solicitados por órdenes judiciales terminan perjudicando a los pacientes.

"Los múltiples motivos son las solicitudes de medicamentos por marca comercial, prácticas y medicamentos que no respetan la evidencia científica, exigencias de coberturas fuera de normativas, solicitudes de medicamentos o prácticas en etapa experimental o pedidos de coberturas en el extranjero cuando pueden resolverse en el país", detalló el profesional que se encuentra en Mendoza comandando la Asamblea General Ordinaria del Cosspra, que se desarrolla en el Hyatt.

En este encuentro participan delegaciones de 19 obras sociales provinciales del país para desarrollar y discutir diversas temáticas que les son inherentes. Son 150 los participantes y uno de los temas que están debatiendo es justamente la judicialización de la salud.

El doctor Antonio La Scaleia junto al titular de Osep, Alberto Recabarren.

"El ideario popular cree que las obras sociales no quieren gastar plata y no se trata de esto. Por ejemplo, tenemos tratamiento para una sola persona que cuestan un millón de pesos y la obra social se hace cargo de esto. A lo que me refiero es a cuando la judicialización tiene metido en ese pedido cosas que no corresponden y dañan el sistema sanitarios y el recursos de las obras sociales", detalló el médico oriundo de Buenos Aires y que también es presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y aclaró que "no estamos hablando del derecho a la salud porque estamos totalmente de acuerdo en preservarlo y cuidarlo".

E insistió con que el valor de la medicación conseguida por cautelar es lo de menos: "Lo que queremos discutir es si es la medicación correcta o no. El valor pasa a un segundo plano porque para eso tenemos un sistema solidario donde los sanos financiamos a los enfermos. Pero cuando la Justicia no entiende te obliga a darle lo que sea, sin saber que eso no sirve para nada. Hay una investigación científica que avala nuestra postura, inclusive es sentido común ya que es ilógico gastar 30 mil o 40 mil pesos más para que una persona tenga una sobrevida de una o dos semanas. ¡Es una locura!".

¿De quién es la culpa? La Scaleia  no quiso señalar a nadie en particular pero dijo que “la industria farmacéutica nos presiona con estos protocolos y nos cambia protocolos de medicamentos que no le cambian la vida a la gente. Pero con quien debemos trabajar estos temas es con los colegas médicos. El punto acá es quién se hace cargo del paciente”.

Con respecto al accionar de los jueces confió que "la mayoría de los jueces no están preparados en temas de salud y suelen tomar la consideración de un médico y con bajo la presión de la familia del paciente meten una medida cautelar. Lo que nosotros proponemos desde Cosspra es que antes de tomar una medida, el juez le pida un informe a las obras sociales para que explique por qué no se da determinada medicación. Y, además, que se forme un cuerpo de peritos a disposición de los jueces para que lo guíen en estos temas".

La participación de Osep

La Obra Social de Empleados Público es la anfitriona de la Asamblea y su director Alberto Recabarren en diálogo con MDZ Online explicó que en esta reunión mostrarán los aciertos y los errores que han cometido desde Osep: "hemos elegidos tres puntos fundamentales que tenemos que analizar. Uno es el sector asistencial, que refiere a la población que tenemos que atender y donde proponemos la humanización de la salud fortaleciendo la atención a los sectores vulnerables. El otro tema es la judicialización de la salud. Y, por último, el comunicacional ya que realizamos muchas actividades y muchas veces no comunicamos como corresponde a los afiliados y la población en general".

"Es una salud pública con una infraestructura  muy importante, tiene planes de prevención y hay una unión del concepto privado-público. Yo diría que cuando uno se queja de un sistema de salud como el que tenemos en Mendoza debería ver otras provincias y uno se  da cuenta que estamos mucho mejor".

Con respecto a los reclamos salariales de los empleados de la salud pública afirmó que "hay que buscar un equilibrio entre lo que corresponde que se aumente y lo que realmente puede dar el Gobierno. En ese aspecto nosotros estamos con una política  ligada al gobernador Paco Pérez: lo que se ofrece es lo que realmente se puede llegar en forma práctica y real".