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Juez Escot: "Quiero que se respete la intangibilidad de mis remuneraciones"
El juez Rafael Escot, uno de los nueve magistrados que presentó una acción de inconstitucionalidad por los aportes que obligatoriamente debe aportar a la OSEP, argumentó su proceder que tantas críticas generó: "Quiero que se respete la intangibilidad de mis recursos como dice el artículo 110 de la Constitución Nacional. Estoy a favor de que los discapacitados tengan atención de parte del Estado", dijo.
Rafael Escot, el juez mendocino que forma parte del grupo de los nueve magistrados que hoy presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el descuento que actualmente realizan obligatoriamente para contribuir a los fondos de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), defendió su proceder ante las críticas que surgieron desde la Asociación de Magistrados de Mendoza y de los Padres Autoconvocados por la Ley de Discapacidad: “Simplemente he reaccionado ante una ley dictada por la Legislatura que considero está en contra de la Constitución Nacional. Eso es lo que hemos hecho y no estar en contra de los discapacitados ni de nadie en particular”, manifestó.
En relación de la realidad que viven los discapacitados en Mendoza, agregó que “yo creo que el Estado provincial, en todos los ámbitos, debe brindarle todo el apoyo que necesitan las personas con capacidades disminuidas, desde la municipalidad, la escuela pública, para que les den posibilidades de conseguirle un trabajo en la escuela pública, para que puedan ser atendidos en los hospitales públicos, para que tengan la posibilidad de obtener un trabajo en la administración pública e incluso para que tengan cobertura desde la OSEP. En esto la Legislatura ha avanzado y bien adhiriendo a la ley nacional. Lo que discutimos es de dónde se obtienen los recursos. Porque existen disposiciones de la Constitución Nacional que están dadas en beneficios de todos los habitantes del país y de los argentinos en particular para que tengan la oportunidad de ser juzgados por un magistrado independiente e imparcial”, reflexionó.
Y añadió: “Porque hay un sistema republicano y de división de poderes y que hace hincapié en que la independencia de los jueces la única manera que hay de garantizarla es mediante la inamovilidad de sus funciones y la intangibilidad de sus remuneraciones. Esto es clásico en todo el constitucionalismo moderno y nosotros consideramos que esta norma afecta a disposiciones de orden constitucional, al artículo 110 más precisamente. Por eso hemos requerido que la Corte resuelva y considere si nuestro reclamo es valedero o no. No hay intención de obstaculizar ningún tipo de actividad que salgan de los otros poderes del Estado en pos de los discapacitados”, opinó.
En ese sentido el magistrado volvió a reclamar: “El asunto central es de dónde salen los recursos, es decir si para obtener los recursos para esta gente que necesita ayuda vamos a dejar de lado principios constitucionales que están en beneficio de todos como es la independencia que tiene que tener el Poder Judicial a través de sus jueces”.
Contestando las consideraciones que ya hizo pública el juez Orlando Farrugia, presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, quien reflexionó que “nueve jueces son un grupo minúsculo en un universo de 350 magistrados que tiene la provincia” y que “si la ley era sancionada no íbamos a realizar ningún planteo de tipo institucional”, basado “en el principio de solidaridad”, Scot respondió: “Esa es la opinón de Farrugia a quien yo respeto y estimo en lo personal pero cada uno tiene el derecho de pensar distinto. Y cuando uno en un Estado representativo y republicano piensa distinto, sin entrar en conflicto, como personas civilizadas que somos, la única manera que se dirima la diferencia para ver quién tiene razón es que lo resuelva quien constitucionalmente tiene que hacerlo, en este caso, la Corte”.
“Yo pago una obra social y evidentemente la obra social que tengo atiende a discapacitados y por lo tanto soy solidario con los discapacitados. O sea que no se trata de un tema de solidaridad. Todos los magistrados que hemos accionado realizamos aportes importantes a las obras sociales. Yo creo que si realmente se quiere apoyar a los discapacitados habría que realizar un aporte voluntario al fondo nacional que ya hay para discapacitados. Pero obligarnos a hacer aportes a la OSEP no garantiza que esos fondos vayan para los discapacitados. Esto no es un tema de dinero. Esto es por un principio constitucional para que se garantice la independencia de los jueces”, remarcó.
“Yo pago una obra social y evidentemente la obra social que tengo atiende a discapacitados y por lo tanto soy solidario con los discapacitados. O sea que no se trata de un tema de solidaridad. Todos los magistrados que hemos accionado realizamos aportes importantes a las obras sociales. Yo creo que si realmente se quiere apoyar a los discapacitados habría que realizar un aporte voluntario al fondo nacional que ya hay para discapacitados. Pero obligarnos a hacer aportes a la OSEP no garantiza que esos fondos vayan para los discapacitados. Esto no es un tema de dinero. Esto es por un principio constitucional para que se garantice la independencia de los jueces”, remarcó.