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El misterioso caso del juzgado sin jueza y las prácticas perversas denunciadas por sus pares
El Tercer Juzgado de Familia no tiene juez ni quien lo remplace. Es que su titular, María Cecilia Zavattieri de Olascoaga, está de licencia mientras se le ha pedido el jury de enjuiciamiento por maltratos al personal. La curiosa metodología de funcionamiento de su juzgado.
La creación de una piecita para poner en penitencia a los empleados castigados es uno de los temas que tendrá que analizar el jury de enjuiciamiento contra la jueza María Cecilia Zavattieri de Olascoaga, titular del Tercer Juzgado de Familia de Mendoza, a quien sus propios pares denunciaron por una serie de irregularidades en el manejo de su despacho.
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Es la primera vez en la historia en que un grupo de jueces denuncia ante la Corte a uno de sus pares. Lo hicieron los magistrados Gabriel Díaz, Carlos Neirotti y María Delicia Ruggeri, quienes observaron que Zavattieri mal calificaba intencionalmente las causas, se le perdían hojas a los expedientes y expulsaba personal a los gritos además de, como es vox pópuli en el edificio de Mitre y Montevideo, rediseñó el despacho para "poner en penitencia" a los empleados que no le hacían caso.
Es curioso que, desde septiembre del año pasado, nada se hable del tema y que las causas de su juzgado permanezcan sin tratamiento.
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Enterada de la embestida, Zavattieri pidió licencia, pero su juzgado no fue cubierto por nadie: la Corte no desigó a ningún conjuez y ninguno de los jueces de Familia considera pertinente subrogar su despacho, ya que son denunciantes en su contra y podrían entorpecer la investigación.
Por ejemplo, una de las juezas que podría subrogarla la denunció por tardar 30 meses en devolverle un expediente.
Los perjudicados por la inacción son los ciudadanos que tienen causas en ese juzgado: tenencias de hijos, el pago de cuotas alimentarias y cuestiones que deben resolverse con celeridad para el normal funcionamiento de la sociedad.
Uno de los casos más relevantes es el depósito de cuotas alimentarias que no pueden ser retiradas desde el mes de junio del año pasado, embargos, sentencias sobre causas delicadas a nivel familiar, porque están "a la firma del juez". Y no hay tal juez.
En los pasillos de Tribunales no entienden lo que sucede y tampoco saben darle una explicación a quienes recurren a la justicia buscando eso: justicia. Reciben, por lo pronto, todo lo contrario.
Los perjudicados por la inacción son los ciudadanos que tienen causas en ese juzgado: tenencias de hijos, el pago de cuotas alimentarias y cuestiones que deben resolverse con celeridad para el normal funcionamiento de la sociedad.
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