Mendoza será enjuiciada por un tribunal internacional por la desertificación de La Pampa

La disputa se generó desde 1947, cuando el gobierno nacional financió la construcción del embalse El Nihuil, en el Sur mendocino, y los habitantes de La Pampa empezaron a ver cómo poco a poco el caudal del río fue bajando, aminorándose el flujo del río Atuel que se filtraba hasta esa provincia, y paulatinamente se fueron secando los humedales, lo que a la larga representó un perjuicio económico importante.

Tan es así, que la Universidad Nacional de La Pampa está elaborando un informe sobre una cuantificación monetaria de los daños generados desde 1947 por la escasez o nulidad del afluente hídrico.

Para evaluar el impacto, Javier Bogantes y sus colaboradores realizaron el lunes un sobrevuelo sobre el cauce del río y pudieron constatar la disminución del flujo, irrespetando las normas hídricas que comúnmente se aplican entre estados nacionales, aunque en este caso particular se trate de un conflicto interprovincial dentro de los límites de una misma nación.

Pudieron constatar la situación de los ríos Atuel y Salado, los que se encuentran en un estado bastante crítico, y, además, el marcado contraste de las geografías de las zonas que tienen acceso a los afluentes de los ríos (dentro de Mendoza), en comparación con las que no lo tienen (La Pampa).

Frente a frente

A partir de aquí, la próxima instancia es la de citar a representantes de los dos gobiernos provinciales a una audiencia que se llevaría a cabo el año que viene en la ciudad española de Zaragoza, aunque no se descarta que también pueda hacerse en San José de Costa Rica o incluso hasta en Buenos Aires.

De todos modos, Bogantes aclara que, antes de que se lleve a cabo esta audiencia, se va a realizar un contacto con los representantes mendocinos.

Un punto que vale la pena resaltar es que los dictámenes de este tribunal no son vinculantes y las sanciones tienen un peso más que nada moral.

Bogantes calificó de totalmente “anómala” la contienda entre las dos provincias, al tratarse de un choque de intereses entre dos estados dentro un mismo país.


La versión pampeana y la violación de los derechos humanos

La diputada provincial de La Pampa Claudia Giorgis (Fregen) aseguró a un medio local  que “el corte del río Atuel es una injusticia económica y social, dadas las consecuencias sobre la región que impactaron de manera brutal en la vida de sus habitantes”.

Y agregó que “la situación no ha podido ser revertida producto de la impotencia de los gobiernos pampeanos durante años”.

Por otro lado, el diputado provincial de la Coalición Cívica Juan Carlos Scovenna declaró: "Lo vamos a plantear a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que lo eleve a la Nación”.

Scovenna comentó que Naciones Unidas viene trabajando este tipo de problemáticas y ha evaluado que “donde hay desplazamientos forzados hay violación de derechos humanos”. Por lo que podrían valerse de este criterio para obligar a los organismos nacionales e internacionales a que se expidan sobre este conflicto interprovincial.

Escuchá a continuación la conversación que mantuvo Marcelo Sisso con Javier Bogantes en Te digo lo que pienso, emitido por MDZ Radio.