Fuerte crítica policial a la Justicia mendocina por no autorizar allanamientos

Otra vez volvieron los cortocircuitos entre la Policía y la Justicia, más específicamente la de Garantías. El motivo: los allanamientos no autorizados para dar con delincuentes. Desde la fuerza cuestionan ese proceder debido a que una importante cantidad de efectivos están dedicados a la investigación, en zonas peligrosas, se aportan las pruebas para los domicilios de los sospechosos sean requisados y las órdenes de allanamientos son negadas o no son respondidas.

Estas situaciones se repiten en Mendoza pero donde más malestar generó en la Policía y también en el personal judicial que está en la línea de fuego (en las oficinas fiscales), es en Maipú.

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Los siguientes detalles fueron aportados por altas fuentes policiales que pretenden mostrar que la seguridad no es sólo una tarea policial, también la Justicia debe jugar su papel.

Desde hace un mes y medio los vecinos de este departamento son blancos de una banda de delincuentes que abren a patadas las puertas de las viviendas durante la madrugada y despiertan a las víctimas en sus camas. Les apuntan con armas de fuego y les saquean las viviendas.

Cuando detectaron que estaba modalidad comenzó a repetirse, los policías de Investigaciones (que trabajan de civil, a veces como obreros, como vendedores ambulantes o simples inquilinos de una vivienda) iniciaron sus averiguaciones. Pudieron identificar casi a toda “la patota” delictiva. Sin embargo, unos días después les llegó la frustración.

El 4 de abril los efectivos solicitaron en la Oficina Fiscal Nº 10, de Maipú, dos allanamientos por robos cometidos en Gutiérrez. Al parecer, el juez de Garantías Aníbal Crivelli no los autorizó. Al parecer, porque los investigadores no tuvieron ninguna respuesta.

El día 5 los integrantes de la Unidad Investigativa Departamental (UID) llevan a la misma sede judicial los datos sobre donde podrían estar escondiéndose los integrantes de esta banda. Solicitan nueve allanamientos y también se los rechazan. Les dicen en esa dependencia que la jueza de Garantías Alejandra Mauricio tampoco los autorizó.

Por esta razón, los mismos efectivos van un día después (el 6 de abril) a la comisaría Nº 29 de Gutiérrez para hacer ingresar por otro lado el pedido para los mismos allanamientos. Las autoridades de esta seccional les manifestaron a los efectivos de la UID que desde la Oficina Fiscal Nº 10 ni siquiera contestaron.

Integrantes del Ministerio de Seguridad contaron que el día 7 los policías volvieron a la carga con más argumentos, pero ante los constantes rechazos o silencios fueron hacia la subcomisaría Tropero Sosa, de Maipú, donde solicitaron 10 allanamientos. Allí adjuntaron hasta fotografías de los sospechosos en sus viviendas o guaridas. Sólo autorizaron 2 requisas domiciliarias y los resultados fueron positivos.

En esas dos viviendas, del barrio Libertad, secuestraron tres armas de puño y tres largas (recortadas) y con cargadores, cuatro reproductores de DVD, dos equipos de música y dos motos (una Gilera y una Zanella); estos elementos serían robados (foto izquierda). También encontraron ochenta gramos de cocaína y cuarenta y ocho de marihuana.

Por estos hallazgos arrestaron a tres sujetos, dos mayores de edad y uno menor. Los primeros fueron identificados como Diego Araya y Franco Torres.

En total fueron más de 20 allanamientos pedidos y sólo dos autorizados por la Justicia de Garantías en los que arrestaron a parte de la banda y recuperaron objetos robados, además de sacarles armas a los delincuentes.

Hace apenas un par de días el resto de la banda volvió a actuar. Quizá los autores vivan en los domicilios que, los policías, pedían allanar.

En ese sentido, los mismos fiscales y ayudantes critican la actuación de los magistrados del fuero de Garantías, al menos a algunos de sus integrantes: “No sabemos qué es lo que quieren; que les traigamos las confesiones filmadas de los delincuentes”, se preguntan los fiscales que muchas veces ven como investigaciones de meses son desestimada en 30 segundos por un juez que niega un allanamiento.