A 3 años de un doble crimen, abogados defensores piden la libertad de 3 presos
Uno de los asesinatos más crueles de los últimos tiempos en Mendoza, en el que un hombre habría contratado a dos personas para asesinar a sus padres adoptivos en Luján, es objeto de cuestionamientos judiciales. Los representantes de los sospechosos han interpuesto una serie de nulidades para que el tiempo corra y que sus clientes queden en libertad, por no ser enjuiciados en los plazos legales.
El pasado 28 de febrero se cumplió tres años de un doble crimen ocurrido en Luján de Cuyo, en el que fueron asesinados por Antonio López (78) y su esposa Beatriz Ochoa (74). Hay tres personas detenidas por estos homicidios: el hijastro de la pareja, Javier López (41), y los dos sicarios a los que habría contratado para asesinar a sus padres.
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El fin de la vida de las víctimas sucedió en el interior de su casa de Vistalba, cuando estaban viendo televisión. El hombre recibió 22 puñaladas y su mujer 14. La habitación estaba “bañada” en sangre. El objetivo sería el quedarse con los $50.000 de la venta de una Toyota Hilux que Antonio vendió un día antes y su hijo pretendía ese dinero.
El doble crimen tuvo una rápida resolución, por decirlo de algún modo. Uno de los autores intelectuales, un chico que por aquel entonces tenía 16 años, confesó que el hijastro de la pareja lo contrató a él y a otro sujeto para que asesinaran a sus padres, mientras él los esperaba en el auto en la puerta de la vivienda.
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Así, el fiscal instructor, Luis Correa Llano, imputó a los tres por homicidio agravado, los encarceló y elevó la causa a juicio (Ver notas relacionadas).
Pero desde el inicio los abogados defensores de los acusados comenzaron a “chicanear” o “embarrar la cancha”. Correa Llano se había ido de la Fiscalía de Delitos Complejos y en su lugar quedó Claudia Ríos.
Los letrados, Santiago Nieto, Sergio Carreño y Marcos Puga, plantearon una nulidad ante la Tercera Cámara del Crimen porque el fiscal realizó una inspección ocular sin comunicarle a la defensa. En ese tribunal ese planteo durmió cerca de medio año y en vez de rechazar el pedido la enviaron nuevamente a Delitos Complejos.
Ya estaba Claudia Ríos al frente de esa fiscalía y ratificó lo hecho por su antecesor, argumentando que una inspección ocular no es un perijate y por ello no es necesario informarles a los defensores.
Estos letrados continuaron interponiendo distintos planteos con el objeto de ganar tiempo. Incluso, la Suprema Corte de Justicia debió resolver uno de estos incidentes y al ver el tiempo que se perdió prorrogó los límites para que los sospechosos sean juzgados en un año más. Este plazo se cumple en agosto próximo.
Pero al cumplirse los tres años del doble crimen los Puga, Carreño y Nieto volvieron a la carga. Presentaron en la Cámara de Apelaciones para que ésta resuelva porque sus representados están presos sin condena habiendo finalizado los plazos legales.
No desconocen la prórroga de la Corte pero aspiran a seguir ganando tiempo y, con suerte, llegar a agosto y ahí sí los sospechosos deberían quedar libres.
Los familiares de la pareja asesinada temen que esto suceda habida cuenta que uno de los detenidos confesó su autoría, la de su cómplice y su “contratista”.
Según se escucha en los pasillos del Palacio Judicial, las “gambetas” jurídicas y vericuetos por los que pretenden sacar de la cárcel a los acusados no prosperarán y los tres irán a juicio.
Sucede que los abogados pueden haber asumido promesas importantes y tienen que hacer lo que sea para cumplir con sus clientes, precisamente con uno de ellos, Javier, el hijastro de las víctimas.
Los familiares de éste dicen que la casa de Vistalba donde vivieron Antonio y Beatriz quedó en manos del abogado Puga e incluso no sería el único bien de los López que quedó en manos de, al menos, este defensor. Acusados y sus abogados
A Luis Alberto Piñeira lo defiende Sergio Carreño. Ricardo Fabricio Olivares, quien era menor de edad al momento del crimen y fue quien confesó el hecho, es represtado legalmente por Santiago Niego. En tanto que al hijastro de las víctimas lo patrocina Marcos Puga.
Los letrados, Santiago Nieto, Sergio Carreño y Marcos Puga, plantearon una nulidad ante la Tercera Cámara del Crimen porque el fiscal realizó una inspección ocular sin comunicarle a la defensa. En ese tribunal ese planteo durmió cerca de medio año y en vez de rechazar el pedido la enviaron nuevamente a Delitos Complejos.
Ya estaba Claudia Ríos al frente de esa fiscalía y ratificó lo hecho por su antecesor, argumentando que una inspección ocular no es un perijate y por ello no es necesario informarles a los defensores.
Estos letrados continuaron interponiendo distintos planteos con el objeto de ganar tiempo. Incluso, la Suprema Corte de Justicia debió resolver uno de estos incidentes y al ver el tiempo que se perdió prorrogó los límites para que los sospechosos sean juzgados en un año más. Este plazo se cumple en agosto próximo.
Pero al cumplirse los tres años del doble crimen los Puga, Carreño y Nieto volvieron a la carga. Presentaron en la Cámara de Apelaciones para que ésta resuelva porque sus representados están presos sin condena habiendo finalizado los plazos legales.
No desconocen la prórroga de la Corte pero aspiran a seguir ganando tiempo y, con suerte, llegar a agosto y ahí sí los sospechosos deberían quedar libres.
Los familiares de la pareja asesinada temen que esto suceda habida cuenta que uno de los detenidos confesó su autoría, la de su cómplice y su “contratista”.
Según se escucha en los pasillos del Palacio Judicial, las “gambetas” jurídicas y vericuetos por los que pretenden sacar de la cárcel a los acusados no prosperarán y los tres irán a juicio.
Sucede que los abogados pueden haber asumido promesas importantes y tienen que hacer lo que sea para cumplir con sus clientes, precisamente con uno de ellos, Javier, el hijastro de las víctimas.
Los familiares de éste dicen que la casa de Vistalba donde vivieron Antonio y Beatriz quedó en manos del abogado Puga e incluso no sería el único bien de los López que quedó en manos de, al menos, este defensor. Acusados y sus abogados
A Luis Alberto Piñeira lo defiende Sergio Carreño. Ricardo Fabricio Olivares, quien era menor de edad al momento del crimen y fue quien confesó el hecho, es represtado legalmente por Santiago Niego. En tanto que al hijastro de las víctimas lo patrocina Marcos Puga.