El libro que llama "Guantánamo" a la cárcel Almafuerte de Cacheuta

Mendoza lidera el ranking de personas menores de edad condenadas a prisión perpetua. Junto con ese dato, la provincia se lleva otros tristes laureles: es aquí en el segundo lugar del país en donde más presos mueren mientras cumplen la pena.

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Esta simpleza de pensamiento lleva a que se deteste a quien viola la ley si es joven y si las víctimas de esa violación son personas. Pero no se detesta con la misma fuerza cuando quienes violan las leyes poseen, por ejemplo, uniforme y sus víctimas son quienes están presos.

Así, podríamos enumerar una larga lista de contradicciones que a la sociedad no le gusta que le muestren, porque afrontar el problema de la inseguridad con la complejidad que ésta requiere aborta la idea de instantaneidad que los medios imponen en la agenda social.

Quien se sentó a analizar cada uno de los casos de jóvenes que aun sin ser mayores de edad fueron condenados a “podrirse en la cárcel”, como reza alguno de los eslóganes populares, es Claudia Cesaroni. Las conclusiones de su estudio fueron plasmadas en el libro “La vida como castigo” y que se enfoca en lo que señala el subtítulo: “Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina”. Cesaroni es argentina, pero reside en Panamá, desde donde trabaja como directora adjunta de la oficina regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Editado hace poco por editorial Norma, el volumen es meticuloso y tiene indefectiblemente como protagonista a Mendoza.

Ya en el arranque Cesaroni se pregunta una serie de cuestiones que serán la guía para todo un libro con afirmaciones tan contundentes como controvertidas, como por ejemplo, aquella que recoge de un abogado mendocino (Pablo Salinas) en la que califica a la cárcel de Cacheuta como “Guantánamo”.

¿Por qué fueron condenados de esta forma? ¿Por qué casos como éstos no son resueltos de otra manera? ¿Por qué actuaron de manera calcada los sucesivos gobiernos que aplicaron la rigurosa pena a los adolescentes, ya sea el menemismo, la Alianza, el interinato duhaldista y aun el kirchnerismo?

De allí parte la autora para concluir contando qué es de la vida de los que aun viven y cómo les tocó llegar tempranamente a la muerte a aquellos que la prisión les quitó la vida.

En el libro hay listas de responsables con nombres y apellidos y puede leerse con claridad los testimonios de funcionarios mendocinos que pasaron por la administración política de la penitenciaría, aunque hay escasas voces de los responsables de generar o cambiar las leyes y de los integrantes del Poder Judicial.

Cesaroni (foto) repasa por qué se decidió avanzar con la construcción de la cárcel mendocina en Cacheuta y habla del rechazo que la erección de la nueva cárcel recibió desde vecinos de otros puntos de Mendoza y, aun, de los de Luján de Cuyo, lugar en donde se emplazó finalmente.
Y transcribe el diálogo estremecedor que tuvo el año pasado con dos de los condenados a perpetua, quienes le manifiestaron que se enteran " de muy poco de lo que pasa afuera", tanto como del avance o no de sus causas.

Ofrece un dato importante: es que uno de los jueces que participó en condenar a perpetua, Carlos Parma, le confesó a la autora del libro, en el año 2005, que estaba arrepentido de aquello. Lo dijo -según cesaroni- tras verificar en los hechos que la condena no sivió para "resocializarlos".

Condenados

“No se puede tomar a un adolescente de 16 o 17 años, encerrarlo durante veinte, y pretender que cuando vuelva a andar libre, resuelva su vida de modo aceptable”, escribe Cesaroni.
Repasa cuál es el estado actual de los cinco (ahora ex adolescentes) que siguen en prisión, dos de los cuales, Cristian Raúl Soldán Cajal y Diego Daniel Arce son mendocinos, al igual que lo era Ricardo “El Perro” Videla, quien murió ahorcado en su celda. Sobre los dos que viven en Cacheuta, la autora indica que “se enteran de muy poco de lo que pasa con sus casos, en ese lugar aislado y casi invisible”.

Y agrega que todos los jóvenes a los que se refiere su libro “no deben estar libres porque se postule su inocencia. Es probable que lo sean –arriesga- en algunos de los hechos que se le imputaron, y totalmente responsables de otros”.

Por eso advierte, al final del libro, que “el intento de este trabajo es desnudar el modo en que se usan las penas que nunca debieron haberse impuesto y que siguen vigentes a lo largo de los años, pese a los esfuerzos compartidos de un conjunto de personas y organismos que no han sabido, o no han podido resolver definitivamente este caso”.