Compra y venta de personas: una diputada reprocha que el Gobierno "se quedó a mitad de camino"
“Hay ley nacional contra la ´trata de personas´, pero ni siquiera la han reglamentado; hay ley contra la violencia doméstica; pero está en iguales condiciones”.
Algo más: las leyes han alcanzado, a lo sumo, un desarrollo embrionario de su puesta en marcha en Capital Federal y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Y nada más.
No hay caso: la diputada nacional cordobesa Cecilia Merchán –perteneciente a Libres del Sur- sostiene que el país avanzó, pero “se quedó a mitad de camino”. Y da cuenta de que si bien la situación de estancamiento con estas leyes atenta contra su aplicación, “hay mucha gente que las está haciendo valer en todo el país”.
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“Es el tercer negocio más grande del mundo, después de las drogas y las armas y contra eso nos enfrentamos”, dijo la diputada.
Merchán está participando en Mendoza de un encuentro que debate el problema y, en su paso por MDZ, sostuvo que “hay que seguir luchando porque si bien es un negocio tremendo, no es invencible”.
Mendoza no es un lugar más en la lista de compra y venta de personas. En los últimos años se conocieron numerosos casos de jóvenes –principalmente mujeres- que fueron halladas lejos de sus lugares de origen y en poder de organizaciones dedicadas a su explotación sexual.
En los clasificados de los diarios, además, puede verse inclusive cómo, impunemente, hay avisos pidiendo chicas menores de edad para wiskerías, con millonarios cebos para tentarlas.
La sanción a nivel nacional de una ley en contra de la trata estableció, según la legisladora, un nuevo parámetro que debe profundizarse con la reglamentación y aplicación en forma integral de la norma: la jurisdicción federal.
Merchán sostiene que al sacarle a las provincias la jurisdicción del tema, “permite a un juez federal actuar sobre toda la dimensión que adquiere una red de trata de personas en todo el país”.
Una anécdota: contó que en Córdoba la policía provincial negó siempre, taxativamente, que operasen allí bandas dedicadas a la compra y venta de personas. Pero la teoría se vino abajo después de un secuestro y violación de una joven que despertó marchas y pintadas en la ciudad. Con la ley en la mano, se reclamó la actuación de la Justicia Federal. Y, más allá de la deuda pendiente del Gobierno nacional en su reglamentación, “la ley sirvió para actuar”. Y “sirve”, sostiene, avisa y recomienda Merchán.
Le reprocha al Poder Ejecutivo nacional que “no avanzó más con la reglamentación y aplicación” de esta norma. Cree que sería conveniente, por ejemplo, disponer de una línea telefónica de tres números, “el 915”, para poder denunciar casos, pero sobre todo, para poder abordarlos integralmente y desbaratar las bandas.
- ¿Por qué es tan difícil desbaratar las redes?
- Bueno, porque cuentan necesariamente con complicidades políticas y la protección del Estado, en muchos casos. Hay que desenmascararlos.
Merchán enmarcó el problema que Mendoza y el país sufren en la realidad mundial. “Unos 6 millones de personas son comercializadas por año en el mundo”, dijo, y agregó que “2 millones son niños o niñas y el 87 por ciento del total, mujeres, lo que habla de cómo terriblemente se considera principalmente a este género como una mercancía”.