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¿Quién tiene la culpa por dejar en libertad al presunto violador y asesino de Micaela?

Las disputas intestinas que se viven en el Palacio Judicial no pueden dejar a la sociedad como rehén de sus determinaciones. Un tribunal dejó en libertad a una persona acusada de violar y matar a la niña Micaela Reina. ¿Hasta dónde llegará la disputa interna judicial?

Acostumbrados a los flashes de último momento, a los pantallazas superficiales y al escándalo fácil, pocas veces tenemos tiempo de detenernos en la espesura de las cosas.

Si pudiéramos hacerlo, nos embeberíamos de la sustancia y dejaríamos de lado las simples sensaciones del hedor.

Esto nos pasa tanto con cosas comunes, como con cuestiones complejas. De ambas categorías de situaciones se compone la vida diaria; sin embargo, cuando a la complejidad la decodificamos en términos ordinarios cometemos una cadena de errores que, si bien logran satisfacer nuestra necesidad eterna de respuestas taxativas, probablemente pocas veces alcance la condición de “verdad”.

Eso nos está pasando con uno de los temas que más nos conmueven, como es el de la seguridad. Uno de los casos más atroces que hayan llegado a nuestros oídos -en este rubro de preocupaciones- fue el de la violación, asesinato y muerte de la niña Micaela.

Su aparición en una bodega abandonada de Guaymallén sumó una serie de broncas a la mayor de todas: la que provocó el hecho en sí mismo.

Sumidos en el descontento, por lo que todos clamamos en aquel momento, aunque todavía hoy, es por “justicia”.

Habiendo transcurrido dos años de aquella aberración, un caso de abuso despertó los fantasmas y descubrimos que el bodegón sigue sin cerrarse, pero lo harán “en los próximos diez días”…

Además, surgió una noticia: el principal imputado por su violación y homicidio fue dejado en libertad.

Hay algo muy grave en discusión: ¿cómo actuó la Justicia? ¿Por qué liberaron al comprobado violador y asesino de la niña? ¿Quién es el responsable?

Los dictámenes de la Justicia, está claro, no se deciden ni mucho menos, someten, a votación de lectores de un diario.

Sin embargo, hay casos –como este- que llegan tanto a las fibras íntimas que cualquier torpeza, operación, interna, declaración, análisis o afirmación apresurada, pueden alterar el normal funcionamiento de cuestiones fundamentales, ya sea de la sociedad como tal o bien, del propio poder Judicial.

En medio de una disputa interna en la que está sumido el Poder Judicial y de la que al parecer no se escapa nadie, dos años después de que la causa se desarrollara sin cuestionamientos, al momento de llegar a su etapa de debate oral, la Defensoría oficial (aquellos a quien el Estado les paga para defender a personas), le otorga un sorpresivo vuelco a la causa: impugna la prueba de ADN que había determinado la culpabilidad del acusado, la misma que había acreditado fehacientemente que el semen encontrado en la ropa de la niña le correspondía.

¿Había algún error en la prueba de ADN? No, no lo había: todo indica con más fuerza que el acusado podría ser el culpable.

¿Y entonces, cuál fue el problema? Un tecnicismo: la defensoría entendió –y los camaristas le dieron la razón- que, cuando el entonces fiscal Alejandro Iturbide ordenó esa prueba no le avisó al acusado.

Dos años después –repasemos- de que todos los elementos indicaron que el acusado era el violador y asesino (y que nadie objetara esa determinación jurídica), fue dejado en libertad. ¿Por una impericia del fiscal Iturbide o por una picardía jurídica de la Defensoría?

Aquí está el debate planteado. El tipo, está en libertad. La Quinta Cámara del Crimen determinó que así debe ser, al declarar nula aquella prueba de ADN, no porque la máquina haya funcionado mal a la hora de revisar y comparar el semen hallado en  Micaela, sino por un tecnicismo que –ya lo dirán los juristas, hablará la jurisprudencia y debatirán los abogados- resulta absurdo, puesto en la misma balanza con la acusación que pesa sobre el liberado, que hoy camina entre nosotros.

Iturbide, el fiscal del caso que presumiblemente cometió el error de no dar aviso al acusado de asesinato y violación de que su semen iba a ser cotejado por un examen de ADN, es ahora acusado desde los propios Tribunales por una decisión que no tomó: dejar en libertad al reo.

Este hombre –hoy juez de Flagrancias- es uno de los pocos mendocinos que salieron de la UNCuyo con promedio 10 y medalla de oro, y está siendo metido en la moledora de carne por una disputa interna del Poder Judicial de la que la ciudadanía no toma parte, ni le interesa y –de esto hay que estar seguros- no desea.

Aún desconociendo las motivaciones que empujan a hombres y mujeres hacia el borde del precipicio en esa disputa que cada vez se hace más pública y notoria, ante lo que no podemos permanecer impávidos es ante sus consecuencias: hay un hombre al que un estudio de ADN acusa de violar y matar que está en libertad.

El autor: Gabriel Conte es editor en MDZ. Facebook.com/gabrielconte