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Proyecto minero San Jorge: ¿por qué no aparece todavía el dictamen técnico?
La Universidad Tecnológica Nacional ya debería haber presentado su dictamen, pero aún no lo ha hecho, y sólo está disponible el informe de impacto ambiental de la empresa. El público sólo tiene acceso a un expediente parcializado. La red ambiental Oikos pidió la suspensión del proceso de consulta pública.
La red ambiental Oikos pidió a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que se suspenda el proceso de consulta pública relacionada con el proyecto minero San Jorge, abierto desde principio de agosto para que cualquier persona pueda tener acceso a los detalles del informe de impacto ambiental confeccionado por la empresa.
Sin embargo, la información a la que actualmente tiene acceso el público es parcializada y resulta falaz a la hora de querer conocer a fondo el tema. Dentro del expediente ofrecido para la “consulta” falta una pieza clave, y tal vez la más importante en esta historia: el dictamen técnico que ya debería haber sido presentado por la Universidad Tecnológica Nacional, y del que todavía no se tiene noticia.
Extraoficialmente, se supo que San Jorge pagó cerca de 275 mil pesos para que la UTN se encargue de la confección del informe que aún brilla por su ausencia.
“Si no se dispone de la información relevante para comprender los alcances del proyecto, entonces se está restringiendo gravemente el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente para participar activamente en el debate, es decir, se disminuye la calidad de la participación, y esto va en contra de toda la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema”, comentó Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, cuya voz en Mendoza cobró importancia por ser la institución que impulsó la medida judicial que frenó la explotación petrolera en la zona de Llancanelo.
La idea de Oikos no es impedir que este proceso -que culminará con la audiencia pública- se concrete. Al contrario: el pedido que se le presentará a Guillermo Carmona busca subsanar esta falta y dejar en claro que, si el Estado provincial no actúa al respecto, no sólo se enfrentará a una presentación judicial, sino que se convertirá en cómplice de la violación de la Ley Nacional de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831).
Por el momento, tampoco existe chance de cotejar el expediente original, sino que sólo está a disposición de la gente el informe presentado por la Minera San Jorge, y nada aparece sobre las opiniones que deben dar al respecto especialistas de diferentes disciplinas.
Este dato desnuda una situación llamativa. Nadie ha podido explicar por qué la UTN no presentó hasta ahora el dictamen. Además, desde Oikos solicitaron la nómina de profesionales que formaron parte del staff que participó en la confección de dicho informe, para saber si trabajan en el Estado o para alguna empresa minera. Si eso ocurriese, caería un manto de sospecha de subjetividad e intereses ocultos en ese dictamen.
Casi como una coincidencia, este martes los representantes de San Jorge estuvieron en la Legislatura promocionando la consulta pública. Participaron de la reunión los diputados Amalia Monserrat (ConFe), que preside la comisión de Ambiente, Roberto Blanco (CP), Eugenio Dalla Cía (PD), Mireya Díaz (PJ), Jorge Serrano (UCR), Juan Dávila (PJ), Roberto Infante (ConFe), Daniel Vilches (UCR), Alejandro Molero (ConFe), Humberto Montenegro (ConFe), Fabián Miranda (PJ) y Luis Orbelli (PJ unipersonal).
“Nada nos llama la atención. Si el presidente de San Jorge es el socio de Paco Pérez”, disparó un vecino de Uspallata. En otras palabras: el presidente de la minera es el abogado Fabián Gregorio, cuyo estudio jurídico es compartido con el actual ministro de Infraestructura, Francisco Pérez. Oficialmente, Pérez está abocado sólo a su función pública.
Por el momento, tampoco existe chance de cotejar el expediente original, sino que sólo está a disposición de la gente el informe presentado por la Minera San Jorge, y nada aparece sobre las opiniones que deben dar al respecto especialistas de diferentes disciplinas.
Este dato desnuda una situación llamativa. Nadie ha podido explicar por qué la UTN no presentó hasta ahora el dictamen. Además, desde Oikos solicitaron la nómina de profesionales que formaron parte del staff que participó en la confección de dicho informe, para saber si trabajan en el Estado o para alguna empresa minera. Si eso ocurriese, caería un manto de sospecha de subjetividad e intereses ocultos en ese dictamen.
Casi como una coincidencia, este martes los representantes de San Jorge estuvieron en la Legislatura promocionando la consulta pública. Participaron de la reunión los diputados Amalia Monserrat (ConFe), que preside la comisión de Ambiente, Roberto Blanco (CP), Eugenio Dalla Cía (PD), Mireya Díaz (PJ), Jorge Serrano (UCR), Juan Dávila (PJ), Roberto Infante (ConFe), Daniel Vilches (UCR), Alejandro Molero (ConFe), Humberto Montenegro (ConFe), Fabián Miranda (PJ) y Luis Orbelli (PJ unipersonal).
“Nada nos llama la atención. Si el presidente de San Jorge es el socio de Paco Pérez”, disparó un vecino de Uspallata. En otras palabras: el presidente de la minera es el abogado Fabián Gregorio, cuyo estudio jurídico es compartido con el actual ministro de Infraestructura, Francisco Pérez. Oficialmente, Pérez está abocado sólo a su función pública.