Presenta:

El 7 de abril los profesionales de la salud de Mendoza realizarán un  paro

Así lo adelantaron autoridades de la entidad que nuclea a los profesionales de la Salud, AMPROS. Si bien se trata de un paro nacional, en Mendoza casi 2.000 profesionales médicos adherirán. Buscan mejoras en sus salarios, en sus condiciones de trabajo y lograr el 82% móvil .
Los médicos aún no reciben un ofrecimiento del Gobierno de Mendoza. Foto: MDZ
Los médicos aún no reciben un ofrecimiento del Gobierno de Mendoza. Foto: MDZ
La Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud de Argentina ha convocado a un paro sin asistencia al lugar de trabajo para el próximo 7 de abril en reclamo de mejoras laborales. En Mendoza, unos 2.000 médicos se sumarán a la medida.

Isabel Del Pópolo, titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), explicó que el reclamo parte por la necesidad de "un aumento salarial, la desprecarización laboral y la instauración del 82% móvil. En Mendoza, también pedimos por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo”.

Mientras tanto, mañana habrá una asamblea con los delegados para marcar la agenda del gremio. Por ahora, se sabe que para el día de paro en los hospitales los servicios trabajarán como un día domingo.

Actualmente, los profesionales de la salud de la provincia aguardan que el Gobierno les efectúe un ofrecimiento salarial. “Venimos pidiendo desde el 5 de diciembre que se conforme la mesa de negociación, pero no nos han llamado”. Según Del Pópolo el Gobierno mendocino debería ofrecer un 45% de suba para poner a los médicos en las mismas condiciones que tienen los profesionales de otras provincias.

Es que según aclaró, en el resto del país se dio un aumento a mediados del 2008 mientras que en Mendoza sólo hubo uno del 21,56% en marzo. “A nivel nacional se pide un 33%, porque tuvieron un 15% de aumento en julio. Para estar iguales a nosotros tienen que darnos un 45%”.

El sábado pasado Ampros informó la finalización de la conciliación obligatoria que mantenía con el Gobierno desde hace casi cinco meses ya que consideran que el Ejecutivo busca el cumplimiento parcial de una ley y no la aplicación completa de la norma vigente desde julio de 2007.