Control a la Policía, una materia pendiente
Por ello, MDZ invitó a reflexionar a quienes pueden modificar esta situación para que le indiquen a la ciudadanía con qué herramientas cuentan.
En mesa redonda (en verdad era rectangular) se sentaron el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca; el diputado justicialista y ex presidente de la Bicameral de Seguridad, Daniel Cassia; y los tres integrantes de la Inspección General de Seguridad: el presidente Félix Pesce (PJ), Leopoldo Orquín (UCR y ex ministro de Seguridad) y Gonzalo Barrios.
Todos, menos Cassia que prefirió proponer, diagnosticaron la situación y expusieron sus puntos de vista sobre el camino que se debería tomar para depurar la Policía. En ese sentido, ninguno se animó a decir si hace falta una nueva purga policial, como ocurrió en 1998, sin embargo tampoco ninguno la rechazó de plano.
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Todos, menos Cassia que prefirió proponer, diagnosticaron la situación y expusieron sus puntos de vista sobre el camino que se debería tomar para depurar la Policía. En ese sentido, ninguno se animó a decir si hace falta una nueva purga policial, como ocurrió en 1998, sin embargo tampoco ninguno la rechazó de plano.
Quizá lo que sucede hoy no sea más que una consecuencia, un coletazo de aquella purga y reforma. Es sabido que los uniformados más antiguos no quieren al actual secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán, ya que fue quien encabezó esa purga luego del asesinato de Sebastián Bordón. Y se sospecha que la fuga los seis detenidos en Contraventores fue un mensaje hacia el Gobierno sobre el malestar que causa en la fuerza la presencia del mencionado funcionario.
Sea cual sea la hipótesis, la situación es grave. Incluso días atrás fue el mismo ministro Ciurca quien aseguró que en la Policía hay quienes colaboran con los delincuentes, y entonces los ciudadanos de la especulación pasaron a la afirmación.
Desde el poder político relacionan la inseguridad con las leyes y el accionar de la Justicia y desde este ámbito devuelven la pelota, diciendo que es el gobierno quien debe garantizar la seguridad. Pero en esto Pesce fue categórico: “La Seguridad es responsabilidad del Estado y es indelegable”.
Ante este panorama, que para Orquín “lo peor aún no llegó” y que para Pesce “estamos de verdad en emergencia”, algo hay que hacer.
Carlos Ciurca no le escapó al bulto. Manifestó que “ante estos casos (la fuga de Contraventores y la posible participación de policía en el asalto al blindado en el Banco Regional) hay que investigar a la Policía a fondo, porque es importante que quienes trabajan con dedicación no estén cuestionados”.
El sensato planteo del ministro choca con la realidad. Es difícil imaginar que se le ocurrió a los dos guardias de la cárcel de Investigaciones dejar escapar a la banda del Regional. Al consultarle que alguien por encima de ellos le podría haber enviado la orden, Ciurca dijo nuevamente que hay que investigar.
Esa investigación tiene dos frentes, uno judicial y otro administrativo interno. El primero lo
realiza, claro está, la Justicia, el segundo, la IGS.
La investigación judicial va por su camino, tiene su propia lógica y sus propios tiempos, aún siendo estos cuestionados. En cambio, la que realiza la Inspección está más limitada porque depende de Seguridad.
Al respecto, Félix Pesce señaló: “Debemos mejorar los mecanismo de control. Nos cuestionan porque no somos lo suficientemente ágiles, pero somos el primer eslabón de la cadena junto al Tribunal de Disciplina y la Bicameral del Seguridad”.
Es aquí donde el presidente de la IGS esboza una de las soluciones para tener más independencia a la hora de investigar. “Debemos salir de la órbita del Ministerio de Seguridad, al menos en lo presupuestario”. Explicó que si bien en 2005 se sancionó la ley 7.813 que consagró a la Inspección como ente descentralizado “debería también ser autárquico, tener un presupuesto propio”.
En ese sentido, los integrantes del órgano contralor manifestaron que la falta de recursos demora y debilitan las investigaciones sobre policías cuestionados. Pero Pesce aclaró que si bien el “proceso de investigación hay que mejorarlo se ha mejorado”. Detalló que por los sumarios realizados, cesantearon “hubo 48 cesantías y 7 exoneraciones entre 2007 y lo que va de 2008”.
No obstante, la situación empeoró y es necesario reiterarlo, el propio ministro de Seguridad confirmó connivencia entre delincuentes y policías. Estos últimos poseen un espíritu de cuerpo difícil de penetrar, pocas veces un uniformado denuncia a otro y por esta razón Leopoldo Orquín expresó: “Me da escozor cuando escucho decir ‘la familia policial’”.
Sucede que mientras existan “poliladrones” los delincuentes se van a sentir impunes y por lo tanto la inseguridad irá increscendo. Todos los participantes del encuentro coincidieron en que, para atacar a los delincuentes y mejorar a la Policía, deben fijarse políticas de Estado, porque hay una crisis de seguridad.
Aunque Daniel Cassia habló al final, hizo un aporte sobre las políticas de Estado. “Con más o menos gusto por el plan, en 1998 tenían un plan, creo que tenemos que hacer lo mismo”.
Un punto que podría integrar ese plan bien podría ser algo que Orquín comentó y pocos sabemos: “Al personal policial es calificado por sus superiores, cuyas notas van de 1 a 20. Si en tres años consecutivos obtiene menos de 12 lo suspenden”.
Pero ese no era el único dato. El ex ministro continuó: “En 2005 a un solo ayudante lo calificaron con 13 y al resto muy por encima. Y 34 comisarios obtuvieron entre 19 y 20. ¡Esto es bárbaro!, son los mejores policías. ¿Alguien puede creer que todos son tan buenos?”, se preguntó Orquín.
Agregó que “esto así no funciona” y demuestra “que la política ha retrocedido”, por lo cual argumentó que la conducción de la Policía “debe estar en manos de un civil”.
Luego le llegó el turno al diputado Cassia quien dijo que los efectivos “trabajan de verdad cuando hacen servicios extraordinarios y descansan durante las horas que les paga el Estado”.
Después esa observación acotó una solución. “El Estado debería agregarle al sueldo de los policías lo que ganan haciendo esos servicios privados y así poder tenerlos dedicados a todos a brindar seguridad y prevención”. Agregó que los efectivos así estarían mejor pagos y no deberían estar en sus francos tratando de ganar unos pesos más y llegar después a las comisarías cansados.
Cassia también aportó que aquellos comisarios que están cerca de jubilarse habría que jerarquizarlos. Sacarlos de su función actual y “ponerlos a capacitar a los que egresan del Instituto de Seguridad Pública”.
Cada uno de los invitados a la charla también se refirieron a la inseguridad, ya que esta se acentúa a consecuencia de las sospechas hacia los uniformados.
- Síntesis de las propuestas
Sentar a los partidos políticos, especialistas, Poder Judicial y otros organismos a fijar políticas de Estado en materia de Seguridad que conlleve a una nueva reforma policial.
La Inspección General de Seguridad debería salir del Ministerio de Seguridad, tener presupuesto propio y que tenga poder de sanción hacia los uniformados.
Investigar a fondo, desde la Justicia y la IGS, los casos de corrupción policial.
Profesionalizar a los efectivos y mejorarles el salario.
- Sobre seguridad
“Si el Código Procesal Penal se articula desde las Oficinas Fiscales, hay efectividad. Para eso los fiscales deben estar cerca de la gente, en las comisarías”. Carlos Ciurca.
Realizar un debate profundo sobre quienes están acusados de cometer diez delitos y siguen libres. Es decir, discutir sobre las reincidencias sin que se afecte el principio de inocencia.
Aplicar más rigurosidad sobre el beneficio de excarcelación y realizar un seguimiento del liberado. Actualmente hay una sola persona para esta tarea.
Desde el poder político relacionan la inseguridad con las leyes y el accionar de la Justicia y desde este ámbito devuelven la pelota, diciendo que es el gobierno quien debe garantizar la seguridad. Pero en esto Pesce fue categórico: “La Seguridad es responsabilidad del Estado y es indelegable”.
Ante este panorama, que para Orquín “lo peor aún no llegó” y que para Pesce “estamos de verdad en emergencia”, algo hay que hacer.
Carlos Ciurca no le escapó al bulto. Manifestó que “ante estos casos (la fuga de Contraventores y la posible participación de policía en el asalto al blindado en el Banco Regional) hay que investigar a la Policía a fondo, porque es importante que quienes trabajan con dedicación no estén cuestionados”.
El sensato planteo del ministro choca con la realidad. Es difícil imaginar que se le ocurrió a los dos guardias de la cárcel de Investigaciones dejar escapar a la banda del Regional. Al consultarle que alguien por encima de ellos le podría haber enviado la orden, Ciurca dijo nuevamente que hay que investigar.
Esa investigación tiene dos frentes, uno judicial y otro administrativo interno. El primero lo
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La investigación judicial va por su camino, tiene su propia lógica y sus propios tiempos, aún siendo estos cuestionados. En cambio, la que realiza la Inspección está más limitada porque depende de Seguridad.
Al respecto, Félix Pesce señaló: “Debemos mejorar los mecanismo de control. Nos cuestionan porque no somos lo suficientemente ágiles, pero somos el primer eslabón de la cadena junto al Tribunal de Disciplina y la Bicameral del Seguridad”.
Es aquí donde el presidente de la IGS esboza una de las soluciones para tener más independencia a la hora de investigar. “Debemos salir de la órbita del Ministerio de Seguridad, al menos en lo presupuestario”. Explicó que si bien en 2005 se sancionó la ley 7.813 que consagró a la Inspección como ente descentralizado “debería también ser autárquico, tener un presupuesto propio”.
En ese sentido, los integrantes del órgano contralor manifestaron que la falta de recursos demora y debilitan las investigaciones sobre policías cuestionados. Pero Pesce aclaró que si bien el “proceso de investigación hay que mejorarlo se ha mejorado”. Detalló que por los sumarios realizados, cesantearon “hubo 48 cesantías y 7 exoneraciones entre 2007 y lo que va de 2008”.
No obstante, la situación empeoró y es necesario reiterarlo, el propio ministro de Seguridad confirmó connivencia entre delincuentes y policías. Estos últimos poseen un espíritu de cuerpo difícil de penetrar, pocas veces un uniformado denuncia a otro y por esta razón Leopoldo Orquín expresó: “Me da escozor cuando escucho decir ‘la familia policial’”.
Sucede que mientras existan “poliladrones” los delincuentes se van a sentir impunes y por lo tanto la inseguridad irá increscendo. Todos los participantes del encuentro coincidieron en que, para atacar a los delincuentes y mejorar a la Policía, deben fijarse políticas de Estado, porque hay una crisis de seguridad.
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Un punto que podría integrar ese plan bien podría ser algo que Orquín comentó y pocos sabemos: “Al personal policial es calificado por sus superiores, cuyas notas van de 1 a 20. Si en tres años consecutivos obtiene menos de 12 lo suspenden”.
Pero ese no era el único dato. El ex ministro continuó: “En 2005 a un solo ayudante lo calificaron con 13 y al resto muy por encima. Y 34 comisarios obtuvieron entre 19 y 20. ¡Esto es bárbaro!, son los mejores policías. ¿Alguien puede creer que todos son tan buenos?”, se preguntó Orquín.
Agregó que “esto así no funciona” y demuestra “que la política ha retrocedido”, por lo cual argumentó que la conducción de la Policía “debe estar en manos de un civil”.
Luego le llegó el turno al diputado Cassia quien dijo que los efectivos “trabajan de verdad cuando hacen servicios extraordinarios y descansan durante las horas que les paga el Estado”.
Después esa observación acotó una solución. “El Estado debería agregarle al sueldo de los policías lo que ganan haciendo esos servicios privados y así poder tenerlos dedicados a todos a brindar seguridad y prevención”. Agregó que los efectivos así estarían mejor pagos y no deberían estar en sus francos tratando de ganar unos pesos más y llegar después a las comisarías cansados.
Cassia también aportó que aquellos comisarios que están cerca de jubilarse habría que jerarquizarlos. Sacarlos de su función actual y “ponerlos a capacitar a los que egresan del Instituto de Seguridad Pública”.
Cada uno de los invitados a la charla también se refirieron a la inseguridad, ya que esta se acentúa a consecuencia de las sospechas hacia los uniformados.
- Síntesis de las propuestas
Sentar a los partidos políticos, especialistas, Poder Judicial y otros organismos a fijar políticas de Estado en materia de Seguridad que conlleve a una nueva reforma policial.
La Inspección General de Seguridad debería salir del Ministerio de Seguridad, tener presupuesto propio y que tenga poder de sanción hacia los uniformados.
Investigar a fondo, desde la Justicia y la IGS, los casos de corrupción policial.
Profesionalizar a los efectivos y mejorarles el salario.
- Sobre seguridad
“Si el Código Procesal Penal se articula desde las Oficinas Fiscales, hay efectividad. Para eso los fiscales deben estar cerca de la gente, en las comisarías”. Carlos Ciurca.
Realizar un debate profundo sobre quienes están acusados de cometer diez delitos y siguen libres. Es decir, discutir sobre las reincidencias sin que se afecte el principio de inocencia.
Aplicar más rigurosidad sobre el beneficio de excarcelación y realizar un seguimiento del liberado. Actualmente hay una sola persona para esta tarea.