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"Somos choferes y no cajeros automáticos de los ladrones", se quejaron los taxistas
La última reunión en el Ministerio de Seguridad sirvió para que los conductores pudieran expresar los conflictos internos que tienen y repitan las eternas disputas con los propietarios de los taxis. Si bien se barajaron tres medidas a implementar (blindex, cámaras y pago con tarjetas), no se llegó a ningún acuerdo.
El aumento de robos y agresiones a taxistas y remiseros no sólo provocó los reclamos de los choferes, sino que creó el terreno fértil para que salgan a la luz todos los conflictos que existen entre los mismos conductores; entre éstos y la policía y, por último, con los propietarios de los taxis.
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En la reunión de esta tarde quedó claro que no existe un punto común entre los diferentes sectores representados. Están quienes hablan en nombre del sindicato, otros que se denominan autoconvocados y también un grupo que es independiente a las dos facciones anteriores. Ninguno tiene en claro qué medida debe tomarse para bajar el riesgo de la actividad y evitar ser víctimas de la serie de ataques que aumentaron durante los últimos días.
Los únicos que saben perfectamente qué quieren son los empresarios. Para ellos, el tema se resuelve con simpleza: no quieren invertir. Se oponen a gastar dinero en blindex, cámaras de seguridad o sistemas de pago con tarjetas. Nada que involucre un nuevo gasto es bien visto por los dueños de los autos.
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En ese contexto, los choferes (y no “tacheros”, porque aseguraron que se ofenden si les dicen así) discutieron entre ellos, discutieron con los propietarios, discutieron con los legisladores, discutieron con el ministro de Seguridad Carlos Ciurca y hasta con los periodistas que cubrían la reunión, por publicar cuánto dinero le sacaron a un remisero que asaltaron en Godoy Cruz.
El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Edgardo Valenzuela, pidió -en vano- que cada grupo nombrara a sus representantes. Pero por más que intentó una y otra vez mantener el orden de la reunión, los desbordes fueron una constante. Hasta que Alberto Osani, del sindicato de taxistas, sugirió que la única responsabilidad era del Estado. Eso provocó la reacción inmediata de Carlos Ciurca, quien hasta ese momento había actuado como un perfecto moderador.
“Estamos poniendo la cara. Que quede claro que esto es un problema de todos. Y si estamos acá, es para encontrar una solución”, advirtió. Con las puertas abiertas, pidió a los taxistas que no evadan los controles policiales de puestos fijos. Con las puertas cerradas, el ministro aconsejó tener autocrítica a raíz de la cantidad de denuncias falsas hechas por algunos choferes.
Antes de que eso ocurriera, se escucharon frases tales como: “si ponemos cámara de seguridad podemos perjudicar a una pareja de pasajeros que esté de trampa”; “no queremos las tarjetas, no queremos el blindex y no queremos las cámaras”; y “si no nos dan una respuesta rápida, vamos a agarrar los autos y vamos a cerrar la ciudad y a paralizarla”. Sin embargo, hubo una expresión que sintetizó el motivo de la reunión: “Somos choferes y no cajeros automáticos de los delincuentes”.
Con ese clima díscolo, el resultado de la convocatoria en el Ministerio de Seguridad era predecible: no se llegó a ningún acuerdo. Se barajaron varias alternativas, pero ninguna tuvo el asidero necesario para decir “ahora sí, vamos a implementar esta medida”.
Por eso pasaron a una suerte de cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene, para evaluar las propuestas que se analizaron y discutieron. De todas, la que mayor consenso logró fue la implementación de un sistema de tarjetas, similar a la RedBus.
En tanto, el diputado Luis Petri y un asesor del senador Miguel Serralta presentaron bocetos de proyectos para implementar algunas de las herramientas mencionadas. Y el senador Mauricio Suárez, presidente de la Bicameral de Seguridad, dijo que la Legislatura hará todo lo posible para darle un marco legal a la decisión que elija la mayoría.
“Estamos poniendo la cara. Que quede claro que esto es un problema de todos. Y si estamos acá, es para encontrar una solución”, advirtió. Con las puertas abiertas, pidió a los taxistas que no evadan los controles policiales de puestos fijos. Con las puertas cerradas, el ministro aconsejó tener autocrítica a raíz de la cantidad de denuncias falsas hechas por algunos choferes.
Antes de que eso ocurriera, se escucharon frases tales como: “si ponemos cámara de seguridad podemos perjudicar a una pareja de pasajeros que esté de trampa”; “no queremos las tarjetas, no queremos el blindex y no queremos las cámaras”; y “si no nos dan una respuesta rápida, vamos a agarrar los autos y vamos a cerrar la ciudad y a paralizarla”. Sin embargo, hubo una expresión que sintetizó el motivo de la reunión: “Somos choferes y no cajeros automáticos de los delincuentes”.
Con ese clima díscolo, el resultado de la convocatoria en el Ministerio de Seguridad era predecible: no se llegó a ningún acuerdo. Se barajaron varias alternativas, pero ninguna tuvo el asidero necesario para decir “ahora sí, vamos a implementar esta medida”.
Por eso pasaron a una suerte de cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene, para evaluar las propuestas que se analizaron y discutieron. De todas, la que mayor consenso logró fue la implementación de un sistema de tarjetas, similar a la RedBus.
En tanto, el diputado Luis Petri y un asesor del senador Miguel Serralta presentaron bocetos de proyectos para implementar algunas de las herramientas mencionadas. Y el senador Mauricio Suárez, presidente de la Bicameral de Seguridad, dijo que la Legislatura hará todo lo posible para darle un marco legal a la decisión que elija la mayoría.