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Las claves para entender la sorpresiva huelga del transporte

La discusión por un aumento salarial entre empresas y el Sipemon llevaba más de un mes. Los choferes habían aceptado un aumento de $2.700, pero en medio de la discusión paritaria elevaron su reclamo a $2.900. La clave está en cómo se financiaba ese incremento, que dependía casi en su totalidad de subsidios nacionales. El gobierno tenía la llave pero el viaje de Celso Jaque a Londres demoró una solución.
Foto: Marcelo Ruiz/ MDZ
Foto: Marcelo Ruiz/ MDZ

El brutal paro decretado por los choferes de micros del jueves fue sorpresivo para los usuarios, pero no para el gobierno y los empresarios del sector.

Desde hace más de una semana ambas partes sabían que la situación del reclamo salarial estaba a punto de explotar y AUTAM viene denunciando desde hacer tiempo lo inestable del sistema que depende en su gran parte de los subsidios nacionales en lo referido al tema de los incrementos de sueldos del personal.

Los empresarios del sector, descansaron en esos subisdios para discutir los sueldos de sus empleados.

La clave para entender el conflicto está en un incremento de salarios que el Sipemon (gremio de los choferes), viene reclamando en reuniones partidarias que se iniciaron en el mes de abril, en las que no se logró alcanzar un acuerdo y que anoche el gremio dio por concluidas luego de que se venciera un plazo de conciliación obligatoria dictado por la Subsecretaria de Trabajo.

En la actualidad los choferes de micro ganan un sueldo de $2.000 apróximadamente ($1.700 de básico más $300 de adicionales). Cuando la negociación paritaria promediaba, los choferes habían aceptado la pauta de incremento salarial fijada a nivel nacional que era de $2.760. Pero semanas más tarde elevaron ese reclamo a $2.900, que es el pedido que se mantiene hasta el momento.

El gobierno de Celso Jaque tenía en sus manos la llave para destrabar el conflicto, pero el viaje del gobernador a Londres demoró una solución.

En ese sentido, el ministerio de Infraestructura había asumido el compromiso de decidir cómo se iban a aportar los fondos para que las empresas puedan pagar un incremento de salarios.

La discusión pasaba por dos puntos: o bien se les trasladaba en forma directa los subsidios que la Nación había destinado para que las provincias pudieran hacer frente a los aumentos del sector transporte (tal cómo se había hecho en el área metropolitana de Buenos Aires) o definía un incremento del valor del kilómetro recorrido que se les paga a los dueños de micro por cumplir el servicio.

Con el plazo encima, Infraestructura pidió una prórroga de cinco días bajo el argumento de que el gobernador se había llevado a Londres las carpetas para analizar la situación y tomar una decisión.

Hace unas semanas, trascendió que finalmente se había optado por aumenta el valor de lo que a las empresas se les paga, que oscila entre los $2,90 y $3,20. Pero eso hasta el momento no se transformó en un decreto, como así tampoco en una comunicación extraoficial en las reuniones paritarias para que las partes que estaban negociando tuvieran un camino a seguir.

Rodolfo Calcagni, titular del Sipemon, actuó en forma dura sin aceptar una prórroga. Con el certificado de defunción de la conciliación obligatoria en la mano, lanzó un paro casi sin aviso para los usuarios que dejó a pie a miles de pasajeros en el Gran Mendoza.