Acusan a legisladores de accionar en contra de los principios laicos
La organización Las Juanas y Las Otras presentó un pedido de rendición de cuentas para saber por qué se declaró de interés provincia el "día del niño por nacer", por qué existen actividades ligadas al catolicismo en la Casa de las Leyes, y por qué, a pesar de las denuncias en su contra, no se trató la designación de Carlos Rico en Seguridad.
Integrantes de Las Juanas y Las Otras presentaron un pedido de rendición de cuentas al presidente de la Cámara de Diputado, Jorge Tanús, para saber en qué contexto los legisladores mendocinos aprobaron la resolución 831/2008, que declara de interés provincial el “día del niño por nacer”.
La nota enviada por esta organización de la sociedad civil, la más importante a nivel local en lo referido a la defensa de los derechos de la mujer, hizo hincapié en las contradicciones en las que han caído los integrantes del Poder Legislativo al, por un lado, acceder a los pedidos de “grupos fundamentalistas católicos”, según los catalogan, y, por el otro, al negarse a tratar en la Casa de las Leyes la designación de Carlos Rico como subsecretario de Seguridad, a pesar de sus antecedentes como integrante de la fuerza policial durante la última dictadura militar.
“Pareciera ser que nuestra legislatura prioriza las “invitaciones” del Vicegobernador Cristian Racconto para participar -en horario de trabajo- de “jornadas de reflexión y oración durante la pascua”, en lugar de ocuparse de los asuntos sociales, políticos, económicos y culturales que requieren urgente tratamiento”, puede leerse en la carta enviada ayer.
Asimismo, indicaron que la prácticas llevadas a cabo por Racconto y por el resto de los funcionarios que adhirieron a esta medida, atentan contra los principios laicos contemplados en la Constitución Nacional, y no hacen más que tipificar una forma solapada de discriminación.
Las representantes de Las Juanas aseguraron que “la intromisión clerical en la vida privada de las personas, a través de grupos fundamentalistas de los que se hace eco la legislatura, atenta contra el desarrollo de la democracia plural y el ejercicio de derechos humanos”.
Sobre este punto, citaron un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que en 2006 dejó en claro que los casos de aborto no punibles contemplados en el Código Penal no deben ser judicializados. Y, que cuando esto sucede, la opinión de los grupos denominados “pro-vida” carecen de legitimidad, ya que las decisiones que se tomen dependen única y exclusivamente de las personas interesadas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 95% de los casos de muertes de mujeres por abortos mal realizados puede evitarse con la implementación de una política de Estado en sintonía con este diagnóstico.
En concreto, el organismo solicitó que los legisladores expliquen con qué fundamentos firmaron la resolución 831/2008; cuál ha sido el trabajo relacionado con la puesta en vigencia de la Ley Nacional de Educación Sexual en nuestra provincia, y cuáles son las medidas adoptadas para garantizar los Derechos Humanos y evitar la presencia en el Poder Ejecutivo de personas que formaron parte del Terrorismo de Estado.
Sobre este punto, citaron un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que en 2006 dejó en claro que los casos de aborto no punibles contemplados en el Código Penal no deben ser judicializados. Y, que cuando esto sucede, la opinión de los grupos denominados “pro-vida” carecen de legitimidad, ya que las decisiones que se tomen dependen única y exclusivamente de las personas interesadas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 95% de los casos de muertes de mujeres por abortos mal realizados puede evitarse con la implementación de una política de Estado en sintonía con este diagnóstico.
En concreto, el organismo solicitó que los legisladores expliquen con qué fundamentos firmaron la resolución 831/2008; cuál ha sido el trabajo relacionado con la puesta en vigencia de la Ley Nacional de Educación Sexual en nuestra provincia, y cuáles son las medidas adoptadas para garantizar los Derechos Humanos y evitar la presencia en el Poder Ejecutivo de personas que formaron parte del Terrorismo de Estado.
