La extraña marcha del expediente para suspender la habilitación del casino Enjoy
Un informe sobre cómo la presentación de tres empleados del Casino de Mendoza llegó a la Justicia Federal. Las marchas y las contramarchas de la jueza que está a cargo de la causa. La participación del actual Gobierno de Mendoza en el caso y la posición tomada por las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Las idas y venidas que tuvo por estas horas la medida cautelar pedida por tres empleados del Casino de Mendoza contra el Enjoy Casino, para que no abra, no fueron más que el reflejo de un expediente judicial que, a primera vista, se destaca por planteos extraños desde el punto de vista jurisdiccional.
El abogado que representa a los empleados del casino de Mendoza Pablo Cucchi, Noelia Díaz y Ernesto Herrara, insistió una y otra vez para lograr que la Justicia Federal se hiciera cargo del reclamo de sus clientes. En el fondo de la cuestión, plantearon la necesidad de no autorizar el funcionamiento del Enjoy Casino, ubicado en el hotel Sheraton, por entender que eso atentaría contra sus fuentes de trabajo.
En realidad, la intención era demostrar que, con un nuevo centro de juegos, disminuiría la ganancia del Casino de Mendoza, y que, por lo tanto, el reparto para los empleados al final de cada ejercicio sería menor. Salvo eso, tanto sus puestos de trabajo como sus sueldos, por ser empleados públicos, son inalterables.
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Estas cuestiones bien podrían haber sido llevadas a la Justicia Provincial, fuero natural para resolución de estos conflictos, pero el letrado entendió que como la demanda era contra Enjoy –firma operadora del casino y de capitales chilenos- era la Justicia Federal quien debía hacerse cargo del caso. Pero no sólo contra el casino era la acción: también iban contra CELA, K-Bin y la provincia de Mendoza.
Precisamente, CELA es la empresa que está compuesta, entre otros, por Enjoy y Julio Camsen, como la pata más fuerte que el emprendimiento tiene a nivel local.
Por eso, el 29 de agosto, la jueza federal Olga Pura Arrabal consideró que la presentación era “improcedente”, ya que el litigio no era ámbito de su competencia. Y por lo tanto, rechazó la medida cautelar.
Los demandantes llegaron a la Cámara Federal de Apelaciones y ampliaron la denuncia. Esta vez, involucraron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para ellos, existía la presunción de que Enjoy Casino estaba evadiendo impuestos, y que eso ocurría porque el órgano de control no estaba haciendo su trabajo como correspondía.
Este artilugio para ir al fuero federal dio resultados. La causa quedó en manos de la jueza Arrabal y el 16 de octubre se conoció la resolución por la cual se le dio lugar al pedido de los empleados demandantes, y se ordenó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos que “se abstenga de dar el visto bueno final a la habilitación de la sala de juegos de banco en el Hotel categoría cinco estrellados ubicado en Primitivo de la Reta 989… a nombre de CELA SA (Sheraton Mendoza) previa caución real de 200 mil pesos”.
Esta caución no es más que la garantía que la jueza impuso a los demandantes para cubrir futuros perjuicios económicos a la firma demandada. La jueza reconoció que la cifra no era significativa si se consideraba el caudal de dinero que mueve un casino en varios días. “En todo caso, si la empresa considera que el monto es mayor, lo tiene que plantear, lo analizo y resuelvo”, aclaró.
Para poder cumplir con este requisito, los empleados del Casino de Mendoza contrataron un seguro de caución por ese importe a la empresa Triunfo Seguros, por sólo 500 pesos por mes mientras tenga vigencia.
La resolución fue contestada inmediatamente por el Instituto Provincial de Juego y Casinos. Le hicieron saber a Arrabal que, más allá de su decisión, el permiso y la habilitación ya habían sido conferidos según el decreto 2711/08 firmado por el gobernador Celso Jaque y publicado en el Boletín Oficial el 3 de octubre de este año. Y que dada esa circunstancia, nada podían hacer ellos para hacer marcha atrás, ya que la facultad para modificar o anular esa norma era exclusiva del Poder Ejecutivo.
Esa contestación coincidió con un pedido de revocatoria hecho por la firma CELA para que la jueza Arrabal diera vuelta su resolución y la dejara sin efecto. Para entonces, desde Casa de Gobierno ya habían anunciado que estaban involucrados en un conflicto que les era ajeno y que, aun así, iban a obedecer lo que estableciera la Justicia.
Como consecuencia de este contragolpe legal por parte de la empresa, la jueza Arrabal dio marcha atrás ayer. Entendió que había piezas que no encajaban del todo, postergó su primera resolución y emitió un segundo fallo con el que decidió ganar tiempo antes de tomar una decisión final. Para ello, mandó a pedir el expediente del Instituto de Juegos y Casino donde se tramitó la habilitación del Enjoy.
Ese fue el motivo principal por el cual, este martes, a última hora, el Gobierno presentó un recurso de aclaratoria, porque entendieron que todo era muy confuso. “La jueza dio un paso hacia adelante, otro hacia atrás y otro al costado. Y no entendemos nada”, aclararon.
La opinión del gobierno es similar a la de varios abogados del foro consultados por este diario, quienes cotejaron los tres cuerpos del expediente y reconocieron que “hacía tiempo no veíamos algo tan rebuscado jurídicamente”.
En este momento, el casino del Sheraton está abierto y habilitado. Y continuará así, al menos, hasta la semana que viene, cuando la jueza Arrabal dictamine si hace lugar al pedido de revocatoria solicitado por la empresa o si sigue adelante con su decisión inicial de cerrar la flamante sala de juegos.
Por eso, el 29 de agosto, la jueza federal Olga Pura Arrabal consideró que la presentación era “improcedente”, ya que el litigio no era ámbito de su competencia. Y por lo tanto, rechazó la medida cautelar.
Los demandantes llegaron a la Cámara Federal de Apelaciones y ampliaron la denuncia. Esta vez, involucraron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para ellos, existía la presunción de que Enjoy Casino estaba evadiendo impuestos, y que eso ocurría porque el órgano de control no estaba haciendo su trabajo como correspondía.
Este artilugio para ir al fuero federal dio resultados. La causa quedó en manos de la jueza Arrabal y el 16 de octubre se conoció la resolución por la cual se le dio lugar al pedido de los empleados demandantes, y se ordenó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos que “se abstenga de dar el visto bueno final a la habilitación de la sala de juegos de banco en el Hotel categoría cinco estrellados ubicado en Primitivo de la Reta 989… a nombre de CELA SA (Sheraton Mendoza) previa caución real de 200 mil pesos”.
Esta caución no es más que la garantía que la jueza impuso a los demandantes para cubrir futuros perjuicios económicos a la firma demandada. La jueza reconoció que la cifra no era significativa si se consideraba el caudal de dinero que mueve un casino en varios días. “En todo caso, si la empresa considera que el monto es mayor, lo tiene que plantear, lo analizo y resuelvo”, aclaró.
Para poder cumplir con este requisito, los empleados del Casino de Mendoza contrataron un seguro de caución por ese importe a la empresa Triunfo Seguros, por sólo 500 pesos por mes mientras tenga vigencia.
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La resolución fue contestada inmediatamente por el Instituto Provincial de Juego y Casinos. Le hicieron saber a Arrabal que, más allá de su decisión, el permiso y la habilitación ya habían sido conferidos según el decreto 2711/08 firmado por el gobernador Celso Jaque y publicado en el Boletín Oficial el 3 de octubre de este año. Y que dada esa circunstancia, nada podían hacer ellos para hacer marcha atrás, ya que la facultad para modificar o anular esa norma era exclusiva del Poder Ejecutivo.
Esa contestación coincidió con un pedido de revocatoria hecho por la firma CELA para que la jueza Arrabal diera vuelta su resolución y la dejara sin efecto. Para entonces, desde Casa de Gobierno ya habían anunciado que estaban involucrados en un conflicto que les era ajeno y que, aun así, iban a obedecer lo que estableciera la Justicia.
Como consecuencia de este contragolpe legal por parte de la empresa, la jueza Arrabal dio marcha atrás ayer. Entendió que había piezas que no encajaban del todo, postergó su primera resolución y emitió un segundo fallo con el que decidió ganar tiempo antes de tomar una decisión final. Para ello, mandó a pedir el expediente del Instituto de Juegos y Casino donde se tramitó la habilitación del Enjoy.
Ese fue el motivo principal por el cual, este martes, a última hora, el Gobierno presentó un recurso de aclaratoria, porque entendieron que todo era muy confuso. “La jueza dio un paso hacia adelante, otro hacia atrás y otro al costado. Y no entendemos nada”, aclararon.
La opinión del gobierno es similar a la de varios abogados del foro consultados por este diario, quienes cotejaron los tres cuerpos del expediente y reconocieron que “hacía tiempo no veíamos algo tan rebuscado jurídicamente”.
En este momento, el casino del Sheraton está abierto y habilitado. Y continuará así, al menos, hasta la semana que viene, cuando la jueza Arrabal dictamine si hace lugar al pedido de revocatoria solicitado por la empresa o si sigue adelante con su decisión inicial de cerrar la flamante sala de juegos.