El antes y el después a 5 años de la perpetua al "Perro" Videla
Su caso llegó hasta al Corte Interamericana de Derechos Humanos. Había sido la tercera condena de esta clase en Mendoza para chicos que delinquieron entre los 16 y los 18 años. Desde 2002 que no se dicta un fallo así en la provincia."El Perro" nunca llegó a saber si esa apelación prosperaría. Decidió suicidarse dos años más tarde, mientras estaba preso en un calabozo de la Penitenciaría provincial.
Hace exactamente cinco años, la historia de la Justicia Penal de Menores tuvo un quiebre. Ese día, Ricardo David Videla, más conocido como “El Perro”, fue condenado a prisión perpetua y provocó una reacción en cadena de quienes se oponen a este tipo de penas para imputados que delinquieron cuando tenían entre 16 y 18 años.
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No era la primera vez que en nuestra provincia se leía una sentencia de este tipo. Al contrario: fue la tercera de un total diez fallos similares que se dictaron en Argentina entre 1997 y 2002. Y puso en relieve la actuación de la Cámara Penal de Menores local.
El caso de Videla llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo tenía que ver con que, según su abogado defensor, Fernando Peñaloza, la condena iba en contra de las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió con rango constitucional y que rechaza la posibilidad de tratos crueles, degradantes, inhumanos, pena capital o perpetua.
"El Perro” nunca llegó a saber si esa apelación prosperaría. Decidió suicidarse dos años más tarde, mientras estaba preso en un calabozo de la Penitenciaría provincial.
Sin embargo, su historia parece haber servido como marco referencia para las disposiciones judiciales adoptadas desde ese momento. Nunca más la Cámara de Mendoza impuso una pena a perpetua; sobre todo porque, antes de la modificación del Código Penal con las denominadas “leyes Blumberg”, esa pena consideraba una salida en libertad condicional luego de 15 años de prisión. Actualmente, se puede acceder a ese beneficio después de estar aproximadamente 30 años en la cárcel.
Por eso, un fallo de la Corte Suprema de la Nación consideró que el término “perpetua” no significa “de por vida” para la Justicia Penal argentina. Sin embargo, recomendó que, en el caso de chicos que delinquieron cuando tenían menos de 18 años, se considere aplicar las penas correspondientes según el delito, pero con el atenuante de una “tentativa”.
En la actualidad, en Mendoza es escasa la cantidad de chicos detenidos en el ex COSE que son enviados a las cárceles comunes. Los jueces que tienen esos expedientes a cargo temen por un desenlace similar, y le dan la derecha a los programas impulsados desde la Dinaadyf y que apuntan a lograr la reinserción social.
“Hasta hace un tiempo, teníamos un porcentaje cercano al diez por ciento de jóvenes que pasaban directamente del COSE al penal. Por suerte logramos reducir esa cantidad a sólo algunos casos muy específicos y donde hace falta máxima seguridad”, contó Laura Contreras, titular del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Justicia de Menores contempla una segunda oportunidad. Antes de que un caso sea llevado a juicio se hace una evaluación sobre cómo fue la etapa de detención durante el tiempo que duró el proceso judicial. Si los resultados son positivos y hay indicios de evolución, los jueces están en condiciones de ampliar las medidas tutelares para que los jóvenes puedan continuar con los tratamientos a los que son sometidos. Y en su momento, si creen que están dadas las condiciones, se puede disponer la absolución.
Es una forma que tiene el sistema para, de algún modo, garantizar que esos chicos gocen de los derechos que les fueron vulnerados durante su infancia. La mayoría, antes de entrar en conflicto con la ley y convertirse en victimarios, fueron víctimas sistemáticas de exclusiones. Primero, por la ausencia de una familia sin constituir; después, porque las redes sociales (escuela y órganos del Estado que brinden asistencia) no funcionaron. En este contexto, Videla y Matías Cerón (El Morocha) fueron los representantes de una generación de niños que se criaron durante los cambios económicos y sociales de la década del 90 y se convirtieron en los personajes más peligrosos de la provincia.
Por eso, un fallo de la Corte Suprema de la Nación consideró que el término “perpetua” no significa “de por vida” para la Justicia Penal argentina. Sin embargo, recomendó que, en el caso de chicos que delinquieron cuando tenían menos de 18 años, se considere aplicar las penas correspondientes según el delito, pero con el atenuante de una “tentativa”.
En la actualidad, en Mendoza es escasa la cantidad de chicos detenidos en el ex COSE que son enviados a las cárceles comunes. Los jueces que tienen esos expedientes a cargo temen por un desenlace similar, y le dan la derecha a los programas impulsados desde la Dinaadyf y que apuntan a lograr la reinserción social.
“Hasta hace un tiempo, teníamos un porcentaje cercano al diez por ciento de jóvenes que pasaban directamente del COSE al penal. Por suerte logramos reducir esa cantidad a sólo algunos casos muy específicos y donde hace falta máxima seguridad”, contó Laura Contreras, titular del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Justicia de Menores contempla una segunda oportunidad. Antes de que un caso sea llevado a juicio se hace una evaluación sobre cómo fue la etapa de detención durante el tiempo que duró el proceso judicial. Si los resultados son positivos y hay indicios de evolución, los jueces están en condiciones de ampliar las medidas tutelares para que los jóvenes puedan continuar con los tratamientos a los que son sometidos. Y en su momento, si creen que están dadas las condiciones, se puede disponer la absolución.
Es una forma que tiene el sistema para, de algún modo, garantizar que esos chicos gocen de los derechos que les fueron vulnerados durante su infancia. La mayoría, antes de entrar en conflicto con la ley y convertirse en victimarios, fueron víctimas sistemáticas de exclusiones. Primero, por la ausencia de una familia sin constituir; después, porque las redes sociales (escuela y órganos del Estado que brinden asistencia) no funcionaron. En este contexto, Videla y Matías Cerón (El Morocha) fueron los representantes de una generación de niños que se criaron durante los cambios económicos y sociales de la década del 90 y se convirtieron en los personajes más peligrosos de la provincia.
