Ratificaron el procesamiento del policía que gaseó a una nena y a su mamá en una protesta frente al Congreso
Por unanimidad, la Cámara Federal Porteña ratificó la decisión del juez Sebastián Ramos sobre Cristian Rivaldi por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves, y lo deja al borde del juicio oral.
El policía Carlos Rivaldi.
ANRedLa Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento de Cristian Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal que, en el marco de una protesta frente al Congreso el 11 de septiembre del año pasado, arrojó gas lacrimógeno a manifestantes y, de forma directa, a Fabrizia y a su mamá Carla Pegoraro.
En un fallo unánime, los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi avalaron lo actuado por el magistrado Sebastián Ramos, quien dio por probado que el efectivo de la fuerza de seguridad se apartó de la normativa vigente y que "tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor, que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción".
La defensa del policía
Durante su indagatoria, Rivaldi señaló que "actuó bajo protocolo y como corresponde, bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones". Asimismo alegó que no vio ni a Fabrizia Pegoraro y a su madre Carla “por acción de los escudos y cascos que tenían otros efectivos frente a él”, y que cumplía la orden del Comando Unificado de las Fuerzas Federales de “dispersar a los revoltosos y liberar la calzada”.
Tras apelar el procesamiento, la defensa del policía cuestionó la resolución por considerarla “contradictoria y carente de una fundamentación adecuada”, por "conjeturas, en una valoración sesgada de la prueba y en la omisión de elementos relevantes aportados por esa parte”.
El abogado de Rivaldi presentó como prueba las imágenes aéreas del dron de La Nacion+, “que mostrarían que el gas que afectó a las victimas pudo haber sido arrojado por un manifestante”, al tiempo que consideró que el embargo dispuesto por el juez Ramos por 500 mil pesos era excesivo y arbitrario.
La respuesta de la Justicia
En respuesta, los camaristas concluyeron que “los argumentos expresados por la defensa son incapaces de rebatir las razones que respaldaron el temperamento adoptado por el magistrado de la anterior instancia” y que “lo valorado por el juez de grado permite confirmar el episodio descripto en el auto de merito controvertido, y resulta suficiente para tener por probado, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la responsabilidad que le cupo al encausado”.
La resolución judicial resuena fuertemente en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich pues pone en evidencia la aplicación del llamado “protocolo antipiquete” impulsado desde esa cartera y aplicado en diversas movilizaciones, fundamentalmente en las marchas de los jubilados que se realizan los miércoles.