Viejas tácticas: el repetido patrón contra el desarrollo de la minería en Mendoza

El inicio de la audiencia pública de PSJ y la manifestación antiminera en la villa de Uspallata, nos confrontó con una realidad: una parte del debate sobre la minería en nuestra provincia pareciera hacernos creer que inventaron la rueda.

Mientras la industria global ha evolucionado, adoptando procesos eficientes y seguros, una porción de la discusión local insiste en cuestionar una tecnología que no solo es estándar en el mundo, sino que ha demostrado ser efectiva y compatible con el cuidado del ambiente.

El núcleo antiminero, en su afán por proteger el ambiente, se enfoca en elementos químicos que son parte integral del proceso de flotación. Este método se utiliza de manera segura en yacimientos de cobre en todo el planeta. Se cuestionan procesos que han sido probados una y otra vez y que cumplen con los más altos estándares. En el fondo, los opositores quieren hacernos creer que el resto del mundo está equivocado, y que en Mendoza seríamos incapaces de hacer de forma segura lo que se hace sin problemas en el resto del mundo.

Quieren hacernos creer que tienen una visión única de riesgos que la minería global ignora por completo. Nos intentan convencer de que estos procesos son inherentemente peligrosos, cuando lo crucial es el manejo de cada elemento del proceso: las proporciones, el momento de aplicación y los protocolos de seguridad.

La historia reciente de la provincia nos muestra que esta estrategia no es nueva. Es la misma que se utilizó para lograr la sanción de la Ley 7722. En ese momento, se demonizó la lixiviación. Hoy, la intención de los grupos antimineros parece ser repetir la jugada con el proceso de flotación, a pesar de que también es un proceso absolutamente seguro y probado globalmente. Se busca, una vez más, cuestionar tecnologías que podrían ser la base de un desarrollo económico responsable en Mendoza.

Todos los procesos y la utilización de cada una de las sustancias químicas incluidas en el proceso de flotación están detallados de manera rigurosa en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de PSJ. Esto es crucial de entender: no se trata de un salto al vacío ni de una experimentación. Es una cuestión probada, utilizada en todo el mundo, con protocolos para un proceso absolutamente seguro. El proyecto se basa en una sólida ingeniería que ha sido diseñada para cumplir con las normativas más estrictas.

El rol de las Instituciones y un diálogo sesgado

En este contexto, un problema recurrente es la facilidad con la que se usan ciertos términos en ciertas instituciones y en algunos sectores del periodismo. Un ejemplo es hablar de toxicidad como una fórmula sencilla para generar miedo, sin enfocarse en la cuestión técnica de lo que realmente significa. Se omite deliberadamente la importancia de la dosis, la concentración y el correcto manejo de las sustancias, dando a entender que todo lo que se utiliza en la minería tiene un peligro absoluto e incontrolable. Esta simplificación irresponsable desvirtúa el debate y confunde a la opinión pública, haciendo parecer que la ciencia y la tecnología no pueden garantizar un trabajo seguro.

Lamentablemente, este discurso, que carece de rigor técnico, no solo proviene de asambleas sociales, sino que a veces es avalado por instituciones que deberían priorizar la ciencia. El hecho de que ciertas instituciones académicas emitan comunicados o se presten para un debate tan sesgado, sin considerar el contexto tecnológico y ambiental actual, es preocupante. Se utiliza el prestigio para validar posturas que confunden a la opinión pública y dificultan un diálogo serio sobre el futuro de la provincia.

En definitiva, lo que se busca es repetir la historia. La conclusión es clara: la oposición, en el fondo, no busca la mejora de un proyecto, sino su prohibición. Son antimineros por convicción, y no importa cuánto se adecuen los procesos, se mejoren las tecnologías o se cambien los proyectos, siempre van a encontrar un problema o un pretexto para prohibir, cerrando así la puerta al desarrollo minero. Es una cuestión de ideología, y mientras no se aborde ese punto, el debate seguirá estancado en un ciclo que ya conocemos.

Los grupos antimineros también recurren a estrategias de marketing que apelan a las emociones en lugar de la razón. Una táctica frecuente es la utilización de artistas o figuras públicas para transmitir su mensaje. Aunque la obra de un artista nos puede gustar mucho o poco, su voz, por sí sola, no es una palabra autorizada ni técnica para hablar de minería. Su opinión, por más respetable que sea en el ámbito cultural, carece del rigor científico o de la experiencia necesaria para opinar sobre procesos como la flotación o el manejo de elementos químicos. Esta estrategia desvía el debate de los informes técnicos y lo traslada a un terreno emocional, donde la popularidad parece tener más peso que la evidencia.

Este uso del prestigio artístico es muy diferente a la presentación de historias y experiencias verídicas que demuestran una consecuencia real del trabajo minero. Se trata de contar casos de progreso y de movilidad social ascendente de familias y comunidades que han encontrado en la actividad una oportunidad de desarrollo. No son opiniones no autorizadas, sino testimonios de vida que muestran el impacto tangible y positivo que puede tener la minería cuando se hace de forma responsable.