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Veto a Discapacidad: el Senado insistirá con la ley sancionada y el Gobierno deberá repartir los fondos

El veto a la Ley de Discapacidad volverá a debatirse el jueves desde las 12 en el Senado. La oposición tiene los votos para dejar firme la iniciativa.

Milei vetó la ley de Discapacidad, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. 

Milei vetó la ley de Discapacidad, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. 

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El Senado volverá a sesionar este jueves a partir de las 11 para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad y dejar firme la iniciativa. Además, le dará media sanción a un proyecto que modifica la normativa de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

La sesión no será presidida por Victoria Villarruel. La vicepresidenta se hará a cargo del Poder Ejecutivo, luego de que Javier Milei deje el suelo nacional para participar en Los Ángeles, Estados Unidos, de una actividad con empresarios, organizada por Milken Institute. A cargo de la sesión, estará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).

Se espera que la oposición reúna los dos tercios necesarios para dejar firme la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Milei. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 10 de julio, con 55 votos afirmativos. Esto ocurrió en una sesión autoconvocada por la oposición, que el Gobierno amagó con judicializar.

Finalmente, el Poder Ejecutivo vetó esta ley, pero la Cámara de Diputados ya insistió con la sanción de esta ley, con dos tercios de los votos. En caso de que la Cámara alta repita esta mayoría especial, todo indica que eso ocurrirá, la Agencia Nacional de Discapacidad, que sigue revuelta por la filtración de los audios del extitular Diego Spagnuolo en la que habló del pago de coimas en esta área, deberá implementar esta ley y distribuir fondos.

Qué dice la ley de emergencia en discapacidad

Esta ley declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de esta ley tendría un impacto fiscal del 0,22% y 0,24%. Además, se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

La ley también indica que "el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia".

La sanción de la ley en el Senado, juntó 55 votos. Estos son siete más de los 48 que se necesitan ahora para alcanzar los dos tercios y que la ley quede firme. En aquella jornada, la ley recibió los votos de los bloque de Unión por la Patria, UCR, Unidad Federal y PRO. Se espera que este jueves también tenga un amplio apoyo y quede firme la ley.

Además, se aprobarán una serie de convenios internacionales, un cambio en el reglamento del Senado sobre retiros anticipados y un proyecto de ley para modificar la ley de DNU. Esta iniciativa puede complicar al Gobierno de Javier Milei en caso de convertirse en ley.

El despacho emitido por la comisión de Asuntos Constitucionales incorpora a la ley 26.122 que regula la implementación de los DNU el artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos". Es decir, si el Senado y Diputados no lo validan, el decreto pierde validez.

Además, indica que "si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual". Estas dos iniciativas tienen en la mira al mega DNU 70/23, que en diciembre de 2023 avanzó con más de 300 derogaciones y desregulaciones, pero que nunca fue tratado por Diputados.

El artículo 22 va a fondo con esto y aclara que lo decretos serán válidos "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial".

También se reescribe el artículo 24 de la ley con el siguiente texto: "Eechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario".

Este dictamen salió con un amplio consenso de los bloques no (directamente) oficialistas. Lo firmaron senadores de distintos espacio. Allí pusieron su rúbrica Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; del PRO Guadalupe Tagliaferri; de la UCR Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, del kirchnerismo.