Un senador de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para regularizar la obra pública
Enzo Fullone (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para crear el "Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública"
Enzo Fullone junto a Karina Milei. Foto: @fulloneenzo
El senador de La Libertad Avanza, Enzo Fullone (Río Negro), presentó un proyecto de ley para crear el "Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública". Se trata de una iniciativa que busca dar solución definitiva a los contratos de obras públicas nacionales que llevan años paralizados, neutralizados o sin recepción definitiva.
La iniciativa crea "un régimen excepcional para la evaluación, regularización y cierre definitivo de los contratos de obras públicas nacionales que presenten una inactividad prestacional prolongada, se encuentren fáctica o formalmente paralizados, o cuyos plazos contractuales hayan vencido sin que se haya operado la recepción definitiva correspondiente".
En el articulado se detalla que el objetivo es "sanear la situación contractual, mitigar riesgos para la seguridad vial, eliminar pasivos contingentes y optimizar la gestión de la infraestructura y el patrimonio público".
Los fundamentos del proyecto de ley
En los fundamentos, Fullone advierte que el problema no se limita a las obras visiblemente paralizadas, sino que abarca "un universo aún más complejo y menos visible, que es el de los contratos que permanecen abiertos administrativamente". Se trata de "contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años".
A nivel nacional se registran al menos 57 obras públicas en estado de neutralización, lo que el senador caracteriza como una problemática que "la Argentina viene arrastrando desde hace más de veinte años".
El diagnóstico de la obra pública en Argentina
El diagnóstico apunta a varias causas concretas. Se pone el foco en un "desfase temporal que pretende aplicar exigencias actuales a obras ejecutadas hace años", la "falta de documentación, de inspectores intervinientes o incluso de las propias empresas contratistas", y "un exceso de requisitos técnicos que resultan de imposible cumplimiento con el paso del tiempo".
A eso se suma que la falta de financiamiento "ha imposibilitado desplazar equipos y personal para realizar las mediciones de los parámetros técnicos para poder evaluar la recepción", e incluso que en ciertos períodos no fue posible reparar ni calibrar los equipos de medición "por no poder acceder a la importación de repuestos".
El resultado, concluye el legislador, es "un sistema bloqueado, con acumulación de casos, riesgos de judicialización y efectos negativos sobre la eficiencia administrativa y la adecuada gestión del patrimonio público".