Un gremio acusó a Javier Milei de replicar el modelo AFJP con fondos jubilatorios
STVyARA denunció a Milei por manejo de fondos previsionales. Advierten posible desvío al sector privado y vulneración de derechos sociales.
Javier Milei suma una nueva embestida judicial.
El gobierno nacional sumó un nuevo frente judicial. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina presentó una denuncia penal contra Javier Milei por presuntas irregularidades en la administración de recursos vinculados al sistema de Seguridad Social.
La acción fue impulsada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, y quedó radicada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas bajo el expediente 204/2026.
Los delitos que plantea la presentación
En el escrito, los denunciantes solicitan que se investigue la posible comisión de delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
La hipótesis central apunta a una supuesta utilización indebida de fondos provenientes de la seguridad social, que habrían sido redirigidos hacia instrumentos financieros del ámbito privado.
Según la denuncia, ese mecanismo implicaría una desviación de recursos que, por su naturaleza, deberían estar destinados exclusivamente al sostenimiento del sistema previsional.
La lupa sobre el circuito financiero
Uno de los puntos más sensibles de la presentación es el destino de esos fondos. El gremio sostiene que habrían sido canalizados hacia instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores, lo que, a su entender, los alejaría del esquema solidario que estructura el sistema jubilatorio argentino.
Para el sindicato, este tipo de operatoria supone una alteración del modelo de reparto vigente, en el que los aportes de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados.
En esa línea, advierten que la eventual participación de organismos vinculados al mercado de capitales podría introducir lógicas ajenas a la finalidad social de esos recursos.
El antecedente de las AFJP
La denuncia incorpora además un componente político e histórico. Desde el gremio señalaron que las medidas cuestionadas podrían implicar un retorno a esquemas similares a los de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), vigentes en la Argentina hasta su eliminación en 2008.
Según plantearon, ese sistema generó perjuicios económicos para los trabajadores y favoreció principalmente a entidades financieras, una experiencia que, a su criterio, no debería repetirse.
Funcionarios y legisladores bajo análisis
La presentación no se limita al presidente. También alcanza a funcionarios del área económica y administrativa que habrían intervenido en el diseño de las políticas cuestionadas.
Además, se incluye a legisladores nacionales que respaldaron la aprobación de la Ley de Modernización Laboral (Nº 27.802), al considerar que su contenido podría estar vinculado con el esquema denunciado.
Argumentos constitucionales e internacionales
El escrito sostiene que las decisiones cuestionadas podrían vulnerar principios consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el acceso a una seguridad social integral e irrenunciable.
Asimismo, invoca tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen estándares de protección bajo criterios de progresividad y no regresión.
Desde esta perspectiva, el gremio advierte que cualquier modificación que implique una merma en los derechos previsionales podría ser considerada inconstitucional.
Un nuevo frente judicial para el Gobierno
Con esta presentación, el Ejecutivo enfrenta una nueva causa que pone el foco en la gestión de recursos sensibles como los fondos previsionales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para impulsar la investigación y eventualmente avanzar con medidas de prueba.
Mientras tanto, el caso suma tensión al escenario político y reabre el debate sobre el modelo de seguridad social y el rol del Estado en la administración de esos recursos.