Un efectivo de la policía de Mendoza pidió una coima en un control vial y lo echaron
El Gobierno Provincial confirmó la cesantía del exauxiliar mayor, Jorge Olmedo, a través de un decreto. Cómo se dieron los hechos.
Control vial de la Policía de Mendoza. Imagen ilustrativa.
ALF PONCE MERCADO / MDZ
El Gobierno Provincial confirmó este jueves la cesantía de un exefectivo de la Policía de Mendoza, quien había sido acusado de cobrar una coima en un control vial en la ruta nacional 7.
A través del decreto 1184, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se rechazó el recurso presentado por el exauxiliar mayor de la Policía de Mendoza, Jorge Miguel Olmedo Romero, y se ratificó la sanción de cesantía que había aplicado el ministerio de Seguridad.
La decisión ratifica la resolución que se había publicado a fines del año pasado, mediante la cual se dispuso la expulsión del efectivo policial, con cesantía sujeta a exoneración en caso de que resulte condenado en una causa penal que investiga presuntas exacciones ilegales.
La denuncia de coima y la investigación contra el policía
Según surge del expediente administrativo analizado por el Ejecutivo provincial, el hecho ocurrió el 13 de octubre de 2024 en un puesto fijo de control ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948, en el Este mendocino. Allí, el efectivo policial detuvo a una conductora en un control vial y le habría manifestado que debía retenerle el vehículo por no contar con matafuegos, a menos que abonara una suma de dinero, según denunció la víctima.
En los considerandos del decreto se marca que la mujer realizó una transferencia por $22.000 a una cuenta vinculada al efectivo policial y se retiró.
No obstante, acto seguido decidió radicar una denuncia en la comisaría, que derivó a futuro en una causa penal por "exacciones ilegales".
Una captura de la transferencia a Mercado Pago, la clave de la investigación
Durante la investigación administrativa se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos informes del Centro Estratégico Operacional (CEO) Zona Este, registros de GPS de la movilidad policial involucrada, documentación de la Delegación Vial Santa Rosa y un dato clave, una captura de pantalla del comprobante de transferencia de la víctima al efectivo de la policía.
La Asesoría de Gobierno destacó que la denunciante aportó la captura de la transferencia realizada a través de Mercado Pago por $22.000 y que el titular de la cuenta receptora coincidía con los datos personales del policía investigado. También presentó una fotografía de la movilidad policial que se encontraba en el puesto de control al momento de los hechos.
Sobre esa base, la instrucción sumarial y la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad recomendaron "la aplicación de la cesantía sujeta a exoneración".
En su peresentación de defensa, el efectivo Olmedo sostuvo que no se había acreditado "la materialidad del hecho ni su responsabilidad", cuestionó la valoración de las pruebas que se hicieron y consideró que la sanción "era desproporcionada" y que no se habían ponderado sus antecedentes en la Policía de Mendoza.
Sin embargo, tanto la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad como la Asesoría de Gobierno concluyeron que durante el sumario "se respetaron las garantías del debido proceso" y que el agente tuvo oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa.
Además, los organismos entendieron que la resolución sancionatoria se apoyó en "pruebas suficientes" para acreditar los hechos investigados y que la sanción aplicada resultaba proporcional a la gravedad de la conducta atribuida.
La cesantía del efectivo de la Policía de Mendoza
Ante toda la investigación, el gobernador Cornejo resolvió "rechazar en su aspecto sustancial" el recurso presentado por el hoy expolicía y confirmó la resolución que dispuso la cesantía del efectivo policial.
El decreto también notifica al ex agente que la vía administrativa quedó agotada y que, si pretende continuar con el reclamo, deberá recurrir a la Justicia mediante una Acción Procesal Administrativa (APA), que sería analizada por la Suprema Corte de Justicia.
En paralelo, el caso continúa bajo investigación en el fuero penal, donde se tramita la causa por presuntas "exacciones ilegales" derivada de la denuncia realizada por la conductora y víctima del hecho.
