Tratamiento exprés: Diputados aprobó el proyecto para bajar la morosidad en Mendoza
En medio de la discusión en el Congreso por el incremento de la morosidad, el oficialismo mendocino presionó y dio media sanción rápidamente a una herramienta para acelerar las refinanciaciones a bajas tasas.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de alivio financiero.
Diputados Mendoza.Mientras el Congreso Nacional debate en el recinto la situación del creciente nivel de morosidad de las familias argentinas, el gobierno de Alfredo Cornejo presionó y de manera súper exprés debatió también sobre tablas el proyecto que busca enfrentar la morosidad entre familias y empresas de Mendoza.
El dato es revelador: la iniciativa, que consta de 8 artículos, ingresó hoy mismo a la Cámara de Diputados, y prácticamente sin análisis tendrá media sanción, con acompañamiento de parte de la oposición.
El desenlace de la jornada es esperable, ya que mientras el Congreso resolverá los cronogramas de comisiones para analizar los 50 proyectos que hay presentados en el Congreso, la Legislatura Provincial resolverá la media sanción en la Cámara Baja y con aprobación unánime: 44 votos a favor y ninguna abstención o voto negativo.
El proyecto del Gobierno para bajar la morosidad
El proyecto de Ley de Alivio Financiero propone beneficios fiscales para incentivar a bancos y otros acreedores a refinanciar deudas en mejores condiciones, tal como anunció Cornejo este lunes.
La iniciativa tiene como objetivo promover la refinanciación de deudas de personas humanas y jurídicas y, según fundamenta el Ejecutivo, “reducir la morosidad y promover un sistema financiero más saludable” a través de un esquema de incentivos fiscales.
El proyecto parte de un diagnóstico del Gobierno sobre el nivel de endeudamiento en Mendoza. La administración provincial advierte un incremento de los deudores que se encuentran en las situaciones 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Banco Central.
Para la Provincia, el problema no afecta solamente a quienes actualmente tienen dificultades para pagar. Un sistema financiero con una elevada morosidad también puede terminar encareciendo el crédito para quienes cumplen con sus obligaciones.
“Frente a una cartera de créditos de mayor riesgo, las entidades financieras tienden a restringir la oferta de crédito y a elevar las tasas de interés que aplican a la totalidad de sus operaciones”, sostiene el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.
Qué beneficios propone Mendoza
El mecanismo planteado por el Gobierno tiene dos beneficios fiscales principales.
Por un lado, todas las operaciones de refinanciación alcanzadas por la ley quedarán exentas del Impuesto de Sellos.
Por otro, las entidades que otorguen refinanciaciones podrán acceder a una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos, siempre que la operación cumpla con determinadas condiciones: una Tasa Nominal Anual que no supere el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
El objetivo es que el beneficio impositivo funcione como un incentivo para que los acreedores mejoren las condiciones de pago y los deudores puedan afrontar cuotas más accesibles.
La propuesta no está limitada exclusivamente a personas que ya se encuentran en mora. El proyecto establece expresamente que los beneficios no distinguen según la situación crediticia del deudor, por lo que también pueden alcanzar a quienes están al día pero necesitan modificar las condiciones de sus créditos.
La iniciativa busca además evitar que una simple transferencia de una cartera de morosos sea considerada una refinanciación.
El proyecto define en su artículo 2 como refinanciación "a las operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, incluyendo plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera del deudor o mejorar la recuperación del crédito".
También quedarán comprendidas las operaciones en las que una entidad permita cancelar deudas que el deudor mantiene con otro acreedor.
En cambio, no serán consideradas refinanciaciones las operaciones de "cesión, venta, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros".
De esta manera, el Gobierno busca que el beneficio fiscal esté vinculado a una mejora real de las condiciones de la deuda y no simplemente a un cambio de titularidad de los créditos.
Plazo limitado
El beneficio tendrá, de aprobarse, una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo quedará facultado para prorrogarlo por hasta seis meses adicionales.
El objetivo, según ya lo planteó el Gobierno, será presionar para que los bancos, entidades financieras y otros acreedores "aceleren" los procesos de refinanciación.
Además, las entidades beneficiadas deberán presentar mensualmente ante la Administración Tributaria Mendoza una declaración jurada con el detalle de las operaciones realizadas. ATM podrá requerir información adicional y cruzar esos datos con la Central de Deudores del Banco Central.
