Tras la legalización en Francia, el Gobierno insiste en que se trate el proyecto de "muerte digna"
El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, señaló que es momento de un "debate civilizatorio" en el Congreso. Cómo es el proyecto.
Rodolfo Montero y Alfredo Cornejo.
GobiernoEsta semana Francia convirtió en ley la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido para personas adultas con enfermedades incurables y sufrimientos graves, en una votación histórica en la Asamblea Nacional y una votación tensa, con 291 diputados que apoyaron la medida y 241 votos en contra.
Ante este panorama, y teniendo en cuenta que Argentina no ha debatido el proyecto en el Congreso Nacional, el Gobierno de Mendoza, que se caracterizó -en particular el radicalismo- por apoyar esta iniciativa de muerte digna, volvió a intentar instalar el tema para forzar el debate en el Parlamento argentino.
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En este caso, fue el ministro de Salud, Rodolfo Montero, quien publicó en redes sociales una opinión sobre la necesidad de instalar el diálogo sobre este proyecto.
"Francia consagró por ley el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia y el suicidio asistido. Un debate civilizatorio que pone en el centro la libertad individual y el fin del sufrimiento. Argentina debe avanzar en el mismo sentido", expresó.
Además, señaló que en Mendoza conocen esta demanda, e hizo referencia al proyecto de ley que presentó el actual gobernador Alfredo Cornejo, cuando era legislador, quien "trabajó fuertemente en un proyecto de ley tomando como base el doloroso y movilizante caso de Daniel Ostropolsky, un querido mendocino que luchó hasta el final por este derecho".
Y expresó: "Garantizar una muerte digna no es promover la muerte; es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no puede curar y solo queda el dolor irreversible".
"Ventana de oportunidad" en el Congreso
En 2021 Cornejo presentó el proyecto de ley junto a Jimena Latorre; y este mismo proyecto de ley ha sido tomado por otros dos legisladores radicales mendocinos, que son Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
En una entrevista en marzo pasado, Cornejo señaló que el Congreso atraviesa un momento ideal para tratar una ley y lo calificó como una "ventana de oportunidad", sobre todo por la conformación del Congreso.
“La verdad es que se debatió bastante, pero nunca se puso en agenda. Es mucho más fácil legislar sobre las cosas políticamente correctas”, consideró Cornejo al repasar los intentos previos de impulsar la iniciativa en momentos en los que gobernaba Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lideraba el Senado.
En ese sentido, remarcó que hoy el contexto cambió: “Creo que hoy día, con todos los casos que están surgiendo, es útil que el Parlamento tome estos proyectos”.
“Yo creo que en las épocas hay momentos, hay ventanas de oportunidades donde es más posible que eso ocurra. Y creo que hoy es una ventana”, sostuvo.
El proyecto de Muerte Digna presentado por el radicalismo de Mendoza
La iniciativa, liderada por diputados de la Unión Cívica Radical y el mendocino Lisandro Nieri, busca reconocer el derecho de pacientes con enfermedades graves o padecimientos crónicos a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo condiciones estrictas y supervisadas.
El proyecto incorpora principios de autonomía, consentimiento informado y revocabilidad en cualquier instancia, siguiendo lineamientos de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna. Además, crea comisiones médicas por jurisdicción y asegura cobertura plena en sistemas público y privado, junto con sanciones para quienes obstaculicen el acceso a la práctica.
Según la descripción del proyecto, la regulación contempla instancias de evaluación clínica, dictámenes interdisciplinarios y requisitos documentados para asegurar que la decisión del paciente sea libre, informada y persistente en el tiempo. Estos mecanismos buscan ofrecer un marco de actuación previsible tanto para los profesionales como para las familias involucradas.
Un eje central del texto legislativo es la modificación del Código Penal mediante la incorporación de los artículos 83 bis y 83 ter. Estas reformas excluyen de responsabilidad penal a los profesionales de la salud que actúen conforme al procedimiento establecido por la ley y penalizan a quienes dificulten sin justificación el acceso a la práctica. De este modo, la propuesta pretende otorgar seguridad jurídica a médicos y equipos sanitarios, un reclamo reiterado en el ámbito asistencial.
Los impulsores del proyecto aclaran que el objetivo no es promover la muerte, sino garantizar que el final de la vida pueda transcurrir bajo condiciones de acompañamiento, control y dignidad. En esa línea, la jurisprudencia argentina ha reconocido la autodeterminación sanitaria como principio rector, especialmente en casos vinculados al rechazo de tratamientos que prolongan artificialmente la vida.