Transporte privado: buscan extender la antigüedad de vehículos para prestar servicios en Mendoza
El proyecto fue presentado por el PJ y surgió de una iniciativa de la Asociación Civil de Transporte Privado Mendoza. Busca aliviar los costos de renovación de las unidades.
Buscan que el transporte privado pueda extender la antigüedad de sus vehículos. Foto: Alf Ponce / MDZ
Una senadora del Partido Justicialista (PJ) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el régimen que regula la antigüedad de los vehículos afectados al transporte privado de pasajeros y elevar el límite máximo permitido para su utilización.
En concreto, lo que se busca es que se eleve de 15 a 20 años el límite máximo permitido para las unidades que prestan este tipo de servicios en la provincia.
El proyecto lleva la firma de Luz Llorens, senadora del PJ, quien señaló que la propuesta llegó de manos de la Asociación Civil de Transporte Privado Mendoza (ACPTM).
Según sostuvo la legisladora, la iniciativa impactaría "en aquellos que se dedican al transporte privado de pasajeros y poseen un colectivo o combi", ya sea en actividades como traslado de personal a viñas, destilería y servicio contratado para paseo recreativo, entre otros.
Cambios en la ley de movilidad
La modificación apunta específicamente al primer párrafo del artículo 82 de la Ley 9.086. Actualmente, según los fundamentos del proyecto, el límite general es de 15 años. La propuesta establece que los vehículos destinados a cualquier servicio de transporte privado de pasajeros no podrán tener una antigüedad mayor de 20 años.
Según la senadora, uno de los principales argumentos de la iniciativa es que la antigüedad de un vehículo, por sí sola, no necesariamente determina su estado mecánico ni sus condiciones de seguridad y agrega que la aptitud de una unidad "depende directamente de factores vinculados con su mantenimiento preventivo y correctivo, y no de su edad calendario de forma aislada".
En ese sentido, los impulsores de la reforma destacan que ya existen mecanismos de control como la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y las inspecciones complementarias periódicas. Según los fundamentos, esas herramientas permiten evaluar las condiciones reales de cada unidad y determinar si está en condiciones de continuar prestando el servicio.
Una excepción que ya contempla la ley en el transporte privado
Otro de los argumentos centrales apunta a la propia legislación vigente. El proyecto sostiene que la Ley 9.086 ya contempla excepciones que permiten que determinadas unidades de servicios especiales tengan hasta 20 años de antigüedad, aunque con una mayor frecuencia de controles técnicos.
De esta forma, estas excepciones demuestran que una unidad de mayor antigüedad "puede continuar siendo considerada segura cuando está sometida a una fiscalización rigurosa". La modificación buscaría, de esta manera, "unificar el criterio" y llevar ese límite de 20 años al régimen general del transporte privado.
Pero por otro lado, el proyecto también pone el foco en el costo que implica renovar los vehículos por una cuestión exclusivamente vinculada con su antigüedad.
Los fundamentos advierten que obligar a desafectar una unidad que todavía se encuentra operativa puede generar una carga financiera importante para los prestadores, que deben afrontar inversiones para reemplazar bienes que todavía tienen capacidad de prestar el servicio.
La iniciativa sostiene que extender la vida útil de los vehículos permitiría mejorar la amortización de las unidades y proteger la ecuación económica de la actividad, sin eliminar los controles técnicos ni establecer una permanencia indefinida de los automotores.
"La problemática trasmitida por ellos es que la crisis económica no les permite renovar los vehículos por caída de las contrataciones; además que los vehículos realizan la rto habitualmente estando aptos para su uso comercial, siendo la longevidad del vehículo un argumento poco realista para excluirlos de la actividad", dijo Llorens.
Si el proyecto es aprobado, el artículo 82 de la Ley 9.086 quedaría redactado de manera que ningún vehículo afectado a un servicio de transporte privado de pasajeros pueda superar los 20 años de antigüedad.
No obstante, esto no impacta en todos los servicios de transporte privado. Por ejemplo, en el caso de los transportes de aplicaciones como Uber y Cabify, pueden prestar servicios vehículos que tengan un límite de hasta 13 años de antigüedad, pero no mayor a ellos. Lo mismo ocurre con los taxis y remises, con antigüedad de hasta 13 años como máximo.