Tobillera y prisión común: los puntos clave del rechazo de los fiscales a la domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner
Los fiscales sostienen que no hay razones humanitarias que justifiquen el arresto domiciliario y advierten que, si se otorga el beneficio, debe incluir tobillera electrónica y controles estrictos.
Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani rechazaron la domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
Noticias ArgentinasEn un dictamen de 10 fojas entregado al Tribunal Oral Federal N.º 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que no existen fundamentos humanitarios que justifiquen conceder una modalidad excepcional de cumplimiento de pena, y que la privación de libertad en una cárcel no implica por sí sola un riesgo para la integridad de la condenada.
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Dudas sobre el domicilio propuesto y objeciones al control
En caso de que el tribunal resolviera conceder el arresto domiciliario, los fiscales manifestaron inquietudes respecto a la seguridad del domicilio propuesto. Indicaron que su ubicación y el entorno altamente concurrido podrían no garantizar condiciones adecuadas para la custodia.
Además, cuestionaron la idea de que la custodia policial actual pueda asumir el rol de supervisión penitenciaria. Afirmaron que los custodios personales carecen de la preparación y atribuciones necesarias para controlar el cumplimiento efectivo de la pena.
Control electrónico obligatorio
Diego Luciani y Sergio Mola remarcaron que, ante una eventual concesión de la prisión domiciliaria, la colocación de una tobillera electrónica debe ser obligatoria, según el artículo 33 de la Ley 24.660, reformado por la Ley 27.375. Subrayaron que esta medida sólo puede ser dispensada con informes favorables de los organismos de control y del juzgado de ejecución, situación que en este caso no se da.
Criticaron también el argumento de la defensa que aludía al uso ineficiente de recursos estatales por parte de este tipo de dispositivos. Los fiscales replicaron que, por el contrario, su uso busca precisamente optimizar los recursos del sistema penitenciario.
Reserva de apelación y monitoreo de la detención
Finalmente, el dictamen solicita que, una vez que se efectivice la detención, el Ministerio de Seguridad y el establecimiento penitenciario informen cualquier alteración en las condiciones de seguridad, en la salud de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner o en el desarrollo normal de la pena.
En caso de que el tribunal resuelva conceder el beneficio solicitado por la defensa, el Ministerio Público Fiscal anticipó que apelará ante la Cámara de Casación y, si es necesario, hará reserva del caso federal.