"Tiene grados de inconstitucionalidad": Lourdes Arrieta cuestionó la nueva Ley de Glaciares
Tras la aprobación en Diputados de la Ley de Glaciares, la legisladora mendocina Lourdes Arrieta apuntó contra el lobby minero y el rol del Estado.
Lourdes Arrieta sobre la votación de la Ley de Glaciares.
Prensa DiputadosLa Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y posiciones divididas. En el caso de Mendoza, el resultado reflejó esa fragmentación: siete legisladores votaron a favor y tres en contra, entre ellos el de la diputada nacional por Provincias Unidas, Lourdes Arrieta, quien expresó duros cuestionamientos al proyecto.
En diálogo con MDZ Radio, Arrieta planteó reparos de fondo sobre la nueva normativa y su impacto en la gestión de los recursos naturales. “Me parece que el Estado nacional tiene que hacerse responsable y no tirarle solamente la pelota a cada provincia, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto del cuidado de nuestros recursos naturales y eso también hace parte de la soberanía nacional”, sostuvo.
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Críticas al contenido de la reforma
La legisladora también advirtió sobre posibles inconsistencias jurídicas y cuestionó el proceso que derivó en la aprobación. “Tiene grados de inconstitucionalidad”, afirmó, y agregó que existen “ciertas contradicciones” vinculadas a fallos judiciales previos.
En esa línea, denunció presiones de sectores vinculados a la actividad minera: “Lo que nosotros hemos podido ver con un lobby constante de provincias mineras, tanto Mendoza, San Juan como Salta, donde lamentablemente se pasearon funcionarios defendiendo solamente el bolsillo de unos pocos y de lo que pueden hacer el negocio con la minería”.
Asimismo, alertó sobre la falta de controles: “No dando las garantías necesarias para que Argentina, las provincias y las empresas que lleven adelante estas actividades, puedan ser auditadas de manera externa”.
Impacto en Mendoza y posibles acciones
Arrieta también vinculó la reforma con la situación hídrica de Mendoza y cuestionó la posibilidad de habilitar actividades en zonas sensibles. “Mendoza hace 15 años que está en emergencia hídrica, donde se corta el agua, donde hay lugares donde directamente no llega el suficiente agua potable y encima quieren atentar contra las zonas donde son un reservorio de agua importante para la provincia”, señaló.
En ese sentido, calificó como “ilógico, incongruente” avanzar en esa dirección y remarcó: “No se solucionan temas estructurales tan básicos como que la población tenga agua potable”.
Respecto a los pasos a seguir, indicó que no hubo una postura unificada dentro de su espacio: “Desde provincia hay algunos puntos, algunos diputados que votaron a favor, otros que hemos estado en contra, no se logró un dictamen unificado”.
Finalmente, abrió la puerta a una eventual judicialización de la norma: “Quienes estén dispuestos a judicializarlo, bueno serán los responsables de llevarlo adelante y más diputados y también organizaciones de la sociedad civil que están o que luchan por la protección del medio ambiente”.