Tensión en La Haya: el Gobierno reclamó una acción urgente de la CPI contra el régimen de Nicolás Maduro
La delegación argentina reclamó que el tribunal acelere la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y su entorno.
El Gobierno de Javier Milei reclamó una intervención “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el agravamiento de la situación en Venezuela y pidió que el tribunal avance con órdenes de arresto contra los principales responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a Nicolás Maduro. El planteo generó uno de los momentos más tensos en la apertura de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, que se desarrolla en La Haya.
Durante su intervención, el representante argentino ante el tribunal, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que la crisis venezolana se profundizó tras las “elecciones fraudulentas” de julio de 2024 y lamentó que, desde que la Fiscalía anunció en 2021 la conclusión del examen preliminar, “ha habido pocos avances”.
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La exposición de Diego Emilio Sadofschi
Según advirtió, las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros delitos atribuidos al régimen “exigen investigaciones rigurosas pero expeditivas”, que incluyan el dictado de órdenes de arresto. También alertó que la falta de resultados prolonga “el sufrimiento de las víctimas” y debilita la credibilidad del sistema internacional de justicia.
La respuesta venezolana fue inmediata. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a la delegación argentina de “politizar de forma altisonante” la conferencia y de cuestionar “de manera inoportuna” la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Además, calificó de “vergonzosa” la conducta del Gobierno libertario en organismos multilaterales y recordó que la Argentina votó recientemente contra varias resoluciones de la ONU vinculadas a derechos humanos, entre ellas una sobre tortura y tratos crueles. Esa postura, sostuvo, convierte a la administración de Javier Milei en “un falso defensor de derechos humanos”.
El cruce diplomático reforzó el clima tenso en una semana clave para la CPI, en la que el tribunal evalúa el estado de sus investigaciones y el grado de cooperación de los Estados Parte, especialmente en lo referente a la ejecución de órdenes de arresto. En paralelo, la Fiscalía anunció el cierre de su oficina en Caracas ante la falta de “progreso real” en materia de complementación judicial por parte de Venezuela, y recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos del gobierno de Maduro de frenar el caso.
Sadofschi aclaró finalmente que la decisión argentina de no bloquear consensos en la Asamblea no debe interpretarse como un gesto hacia Caracas, sino como una muestra del compromiso del país con el funcionamiento de la Corte y con las negociaciones vinculadas a los Estados en situación de impago. La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018 y abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.