Súper RIGI, ludopatía, octógonos y lobby: qué dicen los cuatro proyectos de ley que el Gobierno apura en el Congreso
El Gobierno necesita un Congreso activo, con debate y buenas noticias. Presentaron cuatro proyectos de ley para agilizar la actividad.
Luego de la sesión en la que el oficialismo logró la media sanción de la Ley Hojarasca y de la modificación de la ley de zona fría, el Gobierno quiere un Congreso activo, que imponga agenda de debates y lleve buenas noticias a la Casa Rosada. Así, este martes presentó cuatro proyectos de ley: el "súper RIGI", el de "lobby", la eliminación del etiquetado frontal y la de prevención de ludopatía.
Los dos primeros ingresaron por la Cámara de Diputados y los otros dos por el Senado. Esta última todavía tiene pendiente dos proyectos de suma importancia para la agenda del Gobierno: la reforma política, que está trabada por la mezcla de ficha limpia con eliminación de las elecciones PASO, y la iniciativa de "propiedad privada", que la semana pasada consiguió despacho de comisiones. En tanto, en Diputados, aún deben aprobar la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) que una vez más quedó paralizado, a pesar de que se dictaminó con el capítulo II bajo reserva.
El más breve y sencillo para la interpelación es el que deroga la ley 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable, una de las primicias de Nicolás Gallardo en MDZ. Este proyecto tiene un solo artículo importante (los otros dos son de forma) y es la eliminación del etiquetado frontal. En Diputados, dos legisladores, uno del PRO y otro de LLA había presentado un proyecto que imponía el mismo cambio en la reglamentación de alimentos.
Se trata de un proyecto que el Gobierno enmarca dentro de la "batalla cultural" contra la "cultura-woke" del cuidado de la humanidad. Otra de las críticas tien que ver con el modelo del etiquetado, que es distinto al del resto de los países del Mercosur y es complioca la dinámica exportadora de la industria alimentacia. Pero esta crítica, ni siquiera fue tenida en cuenta.
Qué dice el súper-RIGI de Luis Caputo
El "súper RIGI" es, de los cuatro, el proyecto más ambicioso y complejo. Se trata de un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones de al menos mil millones de dólares en industrias que hoy directamente no existen en el país o apenas tienen desarrollo experimental: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Para acceder, las empresas deben constituir un vehículo de objeto único —sin actividades paralelas— y comprometer al menos el 20% de la inversión en los primeros dos años.
Los beneficios son considerables. El impuesto a las Ganancias baja al 15%, los derechos de importación y exportación quedan exentos, las contribuciones patronales se reducen al 10% para las nuevas relaciones laborales y el producido de las exportaciones queda libre de obligación de liquidación cambiaria de forma progresiva, hasta alcanzar el 100% al tercer año de la primera exportación. Todo eso, con estabilidad normativa garantizada por treinta años desde la adhesión.
El régimen exige además la adhesión expresa de las provincias donde se radiquen los proyectos. Sin esa adhesión, no hay acceso a los beneficios nacionales. Y las provincias que se sumen deben comprometerse a no crear nuevas cargas fiscales, a limitar Ingresos Brutos al 0,5% y a eliminar el Impuesto de Sellos para los proyectos adheridos, lo que implica una cesión importante de autonomía tributaria provincial a cambio de captar inversión.
El proyecto también prevé arbitraje internacional para las disputas entre el Estado y los inversores, con sede obligatoriamente fuera de Argentina. Está diseñado como un régimen separado e incompatible con el RIGI original de la Ley 27.742: quien ya presentó solicitud bajo ese esquema no puede pasarse al nuevo. El Gobierno lo presenta como la señal institucional más fuerte que Argentina puede dar hacia los inversores globales en industrias de frontera.
Qué dice la Ley de Lobby
El proyecto de gestión de intereses —conocido como ley de "lobby"— es el más institucional de los cuatro y, paradójicamente, uno de los más sencillos de explicar: establece que cualquier persona o empresa que se reúna con un funcionario para influir en una decisión pública debe estar inscripta en un registro, y que el funcionario que la recibe debe dejar constancia de esa reunión. Lo que hoy ocurre en la opacidad, con esta ley debería quedar registrado y publicado.
La norma crea dos registros: uno de gestores de intereses —donde deben inscribirse previamente quienes realicen este tipo de actividad— y otro de gestión de intereses, donde los propios funcionarios deben volcar cada contacto dentro de los cinco días hábiles de producido, con detalle del objeto, los participantes y el asunto en juego. Sin inscripción vigente, el funcionario no puede ni recibir la reunión.
El proyecto también regula la llamada "puerta giratoria": los ex funcionarios tienen vedado actuar como gestores ante el organismo donde trabajaron o en asuntos en que intervinieron, durante dos años desde su egreso. Y hay un capítulo específico para los intereses extranjeros —Estados, empresas o personas del exterior— que impone una declaración obligatoria reforzada y habilita reportes especiales cuando estén en juego la defensa nacional, la seguridad interior o los recursos naturales.
Las sanciones van desde el apercibimiento y multas de hasta dos mil salarios mínimos en los casos más graves, hasta inhabilitación definitiva para ejercer como gestor. Y hay tipos penales: gestionar sin inscripción, ocultar la identidad del representado o representar clandestinamente intereses extranjeros en temas sensibles puede implicar prisión de hasta tres años. El régimen alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo nacional, e invita a las provincias a adherir.
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