"Sueños compartidos": Julio de Vido y José López volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados
El TOF 5 inició el debate por el presunto desvío de más de 200 millones de pesos que debían financiar viviendas sociales durante el kirchnerismo. El exministro de Planificación participa del debate desde el penal de Ezeiza y su exnúmero 2 fue traído a Comodoro Py.
José López y Pablo Schoklender
Tras 15 años de investigación, postergaciones y un riesgo concreto de prescripción, el juicio oral por el caso "Sueños Compartidos" arrancó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py.
En la sala SUM ubicada en el subsuelo del edificio judicial de Retiro, el Tribunal Oral Federal 5 encabeza la primera audiencia donde en este momento se lee el requerimiento formulado por la fiscal de instrucción Paloma Ochoa.
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Además de Julio De Vido y José López, también están acusados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Para el arribo de López se dispuso de un reducido pero contundente operativo de seguridad luego de haber sido trasladado desde el penal de Ezeiza, donde actualmente cumple condena por la causa Vialidad.
El exnúmero 2 de De Vido quedó sentado al fondo de la sala, casi al lado de Pablo Schoklender. Su hermano Sergio se ubicó unos metros más adelante, en la segunda fila, de cara al Tribunal. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió participar de manera virtual desde la cárcel de Ezeiza, vía Zoom, lugar donde cumple condena por la tragedia ferroviaria de Once, pero sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, estuvieron presentes en la sala.
El debate comenzó puntual y buscará determinar la responsabilidad penal del desvío de al menos 206 millones de pesos hacia empresas vinculadas a los Schoklender, bienes suntuarios y gastos personales de su entorno en el marco del programa de construcción de viviendas sociales de la fundación que encabezaba Hebe de Bonafini.
La ex titular de Madres de Plaza de Mayo había sido procesada como partícipe necesaria del delito. Pero tras su fallecimiento en 2022, la acción penal en su contra quedó extinta.
Las obras, con un capital de 748 millones de pesos, debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Bariloche, Rosario y varios municipios bonaerenses como Almirante Brown, Tigre y Ezeiza. La hipótesis fiscal apunta a que la clave del mecanismo de desvío estuvo en las condiciones impuestas desde la Secretaría de Obras Públicas: para recibir los fondos nacionales, las provincias y los municipios debían contratar obligatoriamente a la Fundación.
Lo anterior, según consta en el expediente, les dejó a las jurisdicciones locales un "rol inerte". Es por ello que los gobernadores e intendentes investigados en su momento, entre los que destacan el senador Gerardo Zamora, el intendente de Tigre Julio Zamora, el exgobernador misionero Maurice Closs y el exintendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, fueron sobreseídos; aun así, fueron convocados en calidad de testigos.
La causa estuvo instruida por el juez original del caso, Norberto Oyarbide, pero posteriormente fue apartado en 2013 por serias irregularidades en el trámite. Oyarbide fue reemplazado por Marcelo Martínez De Giorgi, quien en mayo de 2019 clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio.