Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la presión de la oposición y habrá audiencia pública

Finalmente, La Libertad Avanza no pudo darle un tratamiento exprés a la Ley de Glaciares en Diputados, como querían los gobernadores. Por pedido de la oposición dialoguista habrá una serie de audiencias públicas que dilatarán el tratamiento del proyecto que facilita el desarrollo de la minería en zonas periglaciares.

Las audiencias públicas serían el 25 y 26 de marzo, según confirmaron fuentes parlamentarias a MDZ. Hasta esa fecha, el oficialismo no podrá emitir el dictamen ni tratar el tema en el recinto.

El impacto en la agenda internacional: sin ley para la "Argentina Week"

Esto complejiza los planes que tenía La Libertad Avanza que quería llegar al 12 de marzo con la ley sancionada en la Cámara de Diputados. Esa semana se realizará la "Argentina Week", en Nueva York, Estados Unidos. En este evento comercial, el Gobierno argentino apunta a ofrecer la Argentina como uno de los grandes polos para la inversión minera. En ese escenario, la nueva normativa funcionaba como una gran tentación, pero por ahora no podrá ser.

El esquema de audiencia pública confirmó este miércoles por la mañana en una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Legislación General, en la Cámara de Diputados. El oficialismo, con un puñado de aliados, tenía previsto comenzar con las jornadas informativas pensando en dictaminar la semana siguiente, pero la oposición insistió en abrir el debate con una audiencia pública, en línea con el Acuerdo Escazú, que firmó la Argentina en septiembre de 2020, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.

El freno opositor: audiencias públicas y el resguardo del Acuerdo de Escazú

El pedido de avanzar con las audiencias públicas los encabezó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro (Capital Federal) y lo acompañaron Nicolás Massot (Buenos Aires), María Inés Zigarán (Jujuy), Carolina Basualdo (Córdoba), Pablo Juliano (Buenos Aires), Pablo Farías (Santa Fe) y Juan Brügge (Córdoba), todos del interbloque Provincias Unidas.

Los gobernadores y el oficialismo llegaron a este jornada en el Anexo A de la Cámara de Diputados con la intención de tratar lo más rápido posible el tema. Los distintos estudios de opinión pública que reciben en las casa de gobierno de cada provincia y en la Casa Rosada coinciden en que crece el rechazo al proyecto oficialista, a medida que se conoce cuál es la modificación que quieren implementar.

A raíz de esto, La Libertad Avanza había trazado uno cronograma de trabajo legislativo para la semana que viene ya se pudiera sancionar la nueva ley que habilita a las provincias mineras a decidir si pueden desarrollarse proyectos extractivistas en zonas periglaciares que hoy están protegidas por ser reservorios de agua dulce para el 80% del territorio nacional.

"Resulta imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural, federal y efectiva ante la eventual modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales, especialmente cuando están en juego reservas estratégicas de agua, las competencias interjurisdiccionales entre provincias, y la previsibilidad y seguridad jurídica de futuras inversiones", sostuvo Ferraro.