La Libertad Avanza aceleró el deshielo de la Ley de Glaciares y la reforma pasa a Diputados
Con 40 votos afirmativos, el Senado aprobó cambios que refuerzan el rol provincial en la definición de áreas con función hídrica. Ahora el debate sigue en Diputados.
La Libertad Avanza, de la mano de Patricia Bullrich en el Senado, avanzó con la reforma de la Ley de Glaciares.
XDespués de cuatro horas de debate y en una sesión no excenta de polémicas, el Senado aprobó en general y en particular la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El proyecto, impulsado por el oficialismo, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados durante el período ordinario.
La votación consolidó una mayoría construida por La Libertad Avanza junto a sectores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores peronistas de distritos mineros que tuvieron libertad de acción.
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En el tramo final del debate, la presencia de Karina Milei en uno de los palcos, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, dio cuenta de la relevancia que el Ejecutivo le asigna a la iniciativa.
El argumento oficial: previsibilidad para atraer inversiones
El proyecto había llegado al recinto con el planteo central del Gobierno: la ley vigente, sancionada en 2010, contiene definiciones amplias —especialmente sobre el ambiente periglacial— que, según el oficialismo, terminaron operando como una restricción general para proyectos mineros, en particular los vinculados al cobre.
Desde la Casa Rosada y la Secretaría de Minería sostienen que la reforma apunta a ordenar criterios y generar previsibilidad regulatoria para inversiones que requieren plazos extensos y desembolsos multimillonarios. La modificación mantiene al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA–CONICET) como responsable del Inventario Nacional de Glaciares, pero redefine su interacción con las provincias.
Artículo 124 y función hídrica: el corazón del cambio
El eje jurídico de la reforma se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
El texto aprobado redefine el objeto de protección de la ley, circunscribiéndolo a glaciares y geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica relevante, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas.
Se incorpora además una cláusula interpretativa que vincula la aplicación de la norma con el criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales previsto en el artículo 41.
Bajo el nuevo esquema, todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental provincial determine, mediante evaluación técnica, que no cumple funciones hídricas significativas. Esa información deberá ser remitida al IANIGLA para actualizar el inventario nacional.
Cambios en prohibiciones y evaluaciones ambientales
El régimen de actividades prohibidas se mantiene —explotación minera e hidrocarburífera, instalaciones industriales y obras que alteren de manera sustancial la condición natural del glaciar— pero su aplicación quedará limitada a aquellas áreas que la autoridad local identifique como efectivamente portadoras de función hídrica.
La reforma también exige evaluación de impacto ambiental previa para cualquier intervención en zonas glaciares o periglaciares y contempla la posibilidad de evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del proyecto lo requiera. Solo se exceptúan actividades científicas no invasivas, tareas de rescate y prácticas deportivas no motorizadas.
Desde el oficialismo remarcan que, a quince años de vigencia de la ley, el Inventario Nacional solo avanzó en el primer nivel de relevamiento y que aún no se determinó con precisión la función hídrica efectiva de muchas geoformas registradas.
Objeciones científicas y advertencias de judicialización
El debate volvió a exponer la fractura entre quienes priorizan la protección ambiental y quienes defienden una mayor descentralización. En otras palabras "minería sí o minería no", como se reusimió banalmente en el debate.
Desde el sistema científico habían advertido que trasladar atribuciones técnicas a las provincias podría afectar la homogeneidad del inventario y generar conflictos de interés. Ambientalistas y organizaciones como Greenpeace sostienen que el cambio podría debilitar estándares en un contexto de crisis climática.
Durante la sesión, el principal interbloque opositor cuestionó que el dictamen con modificaciones fuera distribuido minutos antes del cierre de las exposiciones, lo que generó un fuerte cruce en el recinto.
En paralelo, la jornada comenzó con la detención de doce activistas de Greenpeace que habían irrumpido en las escalinatas del Congreso en señal de protesta.
La senadora Anabel Fernández Sagasti ya había anticipado en comisiones que la reforma podría terminar judicializada por presunta afectación del principio de no regresión ambiental. El oficialismo, por su parte, sostiene que el texto es constitucional y que fortalece el federalismo sin relajar la protección de recursos hídricos.
Un debate que recién empieza
El resultado de la votación general se replicó en los artículos particulares. Con la media sanción en el Senado, la discusión ahora se traslada a Diputados, donde el clima político podría ser aún más ajustado.
Si el proyecto avanza, el foco pasará a la implementación y a la eventual litigiosidad. Si se frena, el Gobierno deberá redefinir su estrategia en uno de los ejes centrales de su agenda minera. La disputa entre desarrollo y protección ambiental, lejos de cerrarse, entró en un nuevo terreno de disputa.