Pragmatismo puro: cómo impactan los cambios bruscos impulsados por Milei y la adaptación de Cornejo
Javier Milei obligó a virar la política de quienes buscan sobrevivir. Alfredo Cornejo, que lleva el pragmatismo a fondo, lo hizo. La contradicción entre los cambios que requieren "más Estado" en medio de la política anti intervención.
Los cientistas políticos podrán definirlo y escribir varios tomos en los próximos años tras analizar el recorrido sinuoso de la política argentina. Podrán explicar las razones de los cambios bruscos, la habilidad de algunos para mantenerse a salvo cuando los vientos rolan bruscamente.
La capacidad de adaptación es lo que genera esa supervivencia y en Mendoza hay un experto. El gobernador Alfredo Cornejo mantiene una trayectoria sinuosa en cuanto a las adhesiones y exitosa sobre los resultados. Aunque como politólogo le gustaría tener otra comparación y como dirigente político él mismo se compara con emblemas como Winston Churchill (a quien menciona mitad en broma y mitad en serio), Cornejo está más cerca de un referente futbolístico que de un estadista. Es, por usar una comparación llana, una especie de Bilardo de la política vernácula, que impone el resultado sobre las formas, los logros sobre las reglas y no tiene piedad ni con los amigos. En Argentina hay un movimiento político que siempre tuvo esa capacidad de adaptación a los tiempos, más allá de las contradicciones en las que pudiera entrar. No es justamente la UCR en la que se formó Cornejo, sino el peronismo.
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Cuando Alfredo Cornejo esté hoy en primera fila del recinto del Congreso aplaudiendo a Javier Milei habrán quedado detrás los mismos aplausos brindados a Mauricio Macri, Néstor y Cristina y la ilusión de Alfonsín. Analizar al Gobernador es mucho más complejo que repetir panfletos. Su adhesión a Milei no genera solamente confusión sobre las ideas históricas del partido al que pertenece. Eso sería erróneo, pues Cornejo ejecuta como “estadista” muchas políticas que su nuevo aliado margina de cuajo. Cornejo sostiene la idea de gestión estatal de la salud, la educación y hasta la intervención en empresas que tienen valor estratégico o, como ocurre con el transporte, de servicios públicos. Es decir, mantiene su visión en el “pago chico” e influye menos de lo que desearía en las políticas generales.
El Gobierno nacional ejecuta, con Cornejo como aliado incondicional, reformas profundas en áreas estratégicas. La paradoja es que muchos de esos cambios implican más “Estado” para que las cosas funcionen, a pesar de la filosofía del propio Milei. Claro, demandarán más “Estado provincial”, sin transferencia de recursos. Los gobernadores deberán acudir más a la creatividad que a la matemática pura y dura para poder resolver la ecuación: más responsabilidad con menos dinero.
Cuestión de enfoque
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que baja a 14 años la ley de imputabilidad es un ejemplo. No es real la consigna maniquea “delito de adulto, pena de adulto”, pues además de ilegal, se contradice con lo que dice la propia norma. El Estado provincial deberá hacerse cargo de abordar a los adolescentes en conflicto con la ley desde los 14 años y todo indica que será con los mismos recursos. La habilidad política del Gobierno estuvo en saber leer la simplicidad de las consignas efectistas, antes que hacerse cargo de problemas de fondo. Es que, por ejemplo, los adolescentes de Mendoza y el país son más víctimas de la pobreza, la marginación y la inseguridad, que generadores de esos problemas. En los últimos 8 años se registraron 62 adolescentes de 13 años relacionados con delitos, 104 de 14 años y 158 de 15 años. Aunque eran inimputables, los delitos sí se investigaron y el Poder Ejecutivo registró los casos. En todo el 2025, por ejemplo, fueron 42 los adolescentes inimputables que fueron relacionados con delitos.
En cambio, la cantidad de adolescentes marginados por pobreza, por ser víctimas de violencia y otras vulneraciones de derecho rompen las estadísticas porque, además, muchos se escapan de los registros. Más aún con el deterioro laboral y de acceso a los recursos para mantenerse en el sistema educativo. El abordaje a esa problemática es más compleja y las expectativas de resultados siempre están en el largo plazo. Es más sencillo una ley que aborde la culpabilidad, que profundizar cómo las bandas de adultos copan los barrios de Mendoza y generan terror entre los jóvenes o los captan. Curiosamente allí nadie quiere hacerse cargo: ni el sistema penal y policial de Mendoza, que evade abordar el narcomenudeo, ni el sistema judicial y policial federal, que alega no tener recursos para profundizar en los sistemas de delitos que se generan alrededor del narcomenudeo.
Agua, glaciares y minería
La misma antonomasia que suele girar alrededor de los discursos oficiales se da con la gestión de recursos estratégicos, como la minería de cobre y un recurso renovable pero crítico como el agua. La modificación de la Ley de Glaciares avanzó prescindiendo de los aportes que podrían haber surgido desde Mendoza, incluso en términos de demanda: la Provincia está en pleno impulso a la minería como actividad estratégica hacia el futuro y convive con los impactos directos del cambio climático, la escasez de agua en sus ríos, el retroceso de los glaciares y el aumento de la demanda de agua. Esas tensiones tienen, como ventaja, una larga historia y mucha materia gris especializada.
La reforma propuesta y aprobada en el Congreso es menos dramática de lo que se esperaba cuando Milei anunció que habría cambios. Pero nuevamente exigirá pericia, honestidad y gestión. Si la Provincia será quien tenga poder para habilitar el acceso de actividades extractivas en zona de reservas de agua, la solidez de las áreas competentes será clave. Cornejo no dio buenas señales en ese sentido, pues subordinó el control ambiental, que pasó a tener un perfil bajo.
En el futuro inmediato tendrán mucho trabajo con la “nueva” ley de glaciares, pues desde Cerro Amarillo, hasta los proyectos del Distrito Minero Malargüe 2, hay mucha superposición de áreas de interés minero con glaciares. Mendoza tiene menos de un 4% de su superficie irrigada y el agua de los ríos que generan producción dependen de la nieve de la cordillera, que será cada vez más escasa. No es retórica: habrá menos agua para más personas y actividades. Y será la gestión la que determine cómo se administra esa escasez.
En los discursos hay tensiones y posiciones que de tan extremas generan ruido. No se recordó, por ejemplo, que los primeros ataques a la Ley de Glaciares y a sus "custodios", el IANIGLA, vino de parte de algunos ambientalistas que curiosamente denunciaron a quienes protegieron los cursos de agua. También se obvia del debate que en los países mineros existen zonas protegidas rigurosamente. Más aún, uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la historia fracasó porque la empresa ejecutora impactó severamente un sistema de glaciares. No fue Argentina justamente quien lo hizo, sino Chile: el proyecto Pascua-Lama, una mina de oro binacional que iba a estar en San Juan, fue abortado por las sanciones que impuso Chile sobre Barrick por haber impactado en el sistema de glaciares Toro y Esperanza.
La modificación de la ley no le quita grado de protección a los glaciares. Sí abre la puerta para evaluar la importancia hídrica que pueda tener cada reserva de agua y, si no la tiene, podrían habilitarse actividades extractivas. "Cuando la autoridad competente constate que un glaciar o ambiente periglacial incluido en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple con alguna de las funciones a las que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 3°, deberá informar dicha circunstancia al mencionado Instituto, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares", propone el Gobierno. Según el Inventario de Glaciares, en Mendoza hay 4.172 glaciares, que cubren una superficie de 1.239 kilómetros cuadrados. De ese total, solo 527 Km2 son de glaciares descubiertos. Cuando se publique la actualización del inventario de los Andes Centrales se podrá saber cuánto han retrocedido los glaciares de Mendoza. En el caso de los Andes Desérticos ya hay indicios relevantes: hubo un 17% de disminución de hielo descubierto, 23% menos de manchones de nieve y la superficie de laciares descendió de 271 a 249 kilómetros cuadrados entre 2018 y 2024.
El debate por la ley de glaciares se superpone también con el Plan Hídrico que el Departamento General de Irrigación elabora y que plantea tres escenarios distintos; todos con poca disponibilidad de agua. Lejos de la retórica y muy cerca de los negocios, en Mendoza sigue la guerra judicial por el acceso al agua. No tanto por el agua de los ríos superficiales, sino por las reservas que están bajo tierra y que se convirtieron en el tesoro deseado. Los largos litigios por el acceso a pozos en la margen Sur del Río Mendoza y también por pozos de agua en el Valle de Uco copan la agenda de Irrigación y también de Tribunales. La Suprema Corte por ahora mira hacia el costado: ese tribunal debe decidir si algunas causas clave en las que podría generarse una desautorización histórica y compleja sobre el Departamento General de Irrigación o un perjuicio económico a empresas que accedieron de manera irregular al agua y también al propio Estado.