Sueños Compartidos entra en tiempo de descuento: la UIF toma la palabra antes del fallo
Tras la feria judicial, se retoma la causa y el fiscal reclama hasta seis años de prisión por el presunto desvío de fondos que debían financiar viviendas sociales.
Avanza la causa de Sueños Compartidos de cara a una definición.
La causa Sueños Compartidos entró en su etapa final tras el pedido de seis años de prisión para Julio de Vido, José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. El fiscal Diego Velasco solicitó esa condena al sostener que la acusación acreditó una maniobra contra la administración pública. La Unidad de Información Financiera tendrá ahora su turno mediante el alegato de la abogada Marianela Teich, reanudando así el proceso después de la feria judicial.
Una vez finalizada la intervención de las partes acusadoras, y dándose por terminadas las exposiciones de las defensas que deben escuchar los jueces Adrián Grünberg y Adriana Palliotti, el veredicto esperaría su lugar entre septiembre y octubre.
La lupa de Comodoro Py
La investigación analiza el destino de fondos públicos asignados entre 2005 y 2011 al programa administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Estado nacional transfirió cerca de $900 millones para la construcción de viviendas sociales durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. La fiscalía calculó un desvío superior a $206 millones entre 2008 y 2011. La acusación sostuvo que las adjudicaciones directas y la exclusividad otorgada a la entidad permitieron apartar las contrataciones de los controles habituales.
El fiscal describió un circuito que alcanzó viviendas, obras de infraestructura, hospitales y salones de usos múltiples. Velasco afirmó que los responsables obtuvieron concesiones ilegales, cambios injustificados y prórrogas destinadas a ocultar incumplimientos. El representante del Ministerio Público sostuvo que varias obras quedaron inconclusas y debieron ser terminadas por los municipios. “Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, aseguró durante su alegato.
La acusación reconstruyó operaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios de Tigre, Almirante Brown y Ezeiza. El expediente también incluyó contrataciones en Rosario, Santa Fe, San Carlos de Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
La fiscalía repartió responsabilidades y apuntó al poder político
Velasco señaló a Julio de Vido como el diseñador del sistema administrativo que permitió las transferencias y a José López la autorización de desembolsos sin una verificación suficiente sobre el avance de las obras. Abel Fatala quedó señalado como garante del funcionamiento de la maniobra y otros tres exfuncionarios como coautores del presunto fraude contra el Estado.
Los hermanos Schoklender quedaron acusados como partícipes necesarios dentro del expediente, Sergio con la preparación de los contratos y Pablo Schoklender con el control de bienes, finanzas y pagos. El pedido de pena también incluyó la inhabilitación especial para ambos exapoderados.
En ese marco, el fiscal solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero involucrados en la causa. La acusación afirmó que esos imputados favorecieron las operaciones y recibieron dinero de la Fundación. Velasco consideró que esa relación los dejó “de los dos lados del mostrador”. Las defensas responderán a esas imputaciones una vez que la UIF termine su exposición.
