Son los recursos naturales: el año bisagra para el futuro de Mendoza
El 2025 fue el año del impulso a la minería, de la explosión de los problemas por contaminación del agua y la explotación de los recursos naturales. Qué hay de real y de promesa vaga en ese camino.
El año 2025 fue bisagra para el futuro de Mendoza, aunque no se note en números. Fue el año en el que se puso el foco en la explotación de los recursos naturales de la Provincia; los recursos no renovables como la minería y el petróleo y los renovables, pero críticos, como el agua. Hubo decisiones trascendentes, títulos potentes y consignas que además de la “esperanza productiva” también generan algunas preguntas inquietantes acerca de cuán sólida es la estructura sobre la que se basan las estrategias de promoción de explotación de esos recursos.
Cobre en Las Heras, petróleo en Malargüe, agua en Ugarteche y Agrelo y hasta uranio en el Sur de Mendoza, sumado a proyectos con realidades grises como el potasio de PRC y el metal de Hierro Indio. Los recursos naturales de Mendoza son objeto de deseo para generar riqueza y gran parte de las decisiones tomadas este año influirán decisivamente sobre el futuro.
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El propio Gobierno generó una expectativa enorme sobre los beneficios que traerá el nuevo modelo de explotación de recursos, más cercanos a la visión del presidente Javier Milei que la línea histórica que traía el radicalismo. Tan grande es esa expectativa que puede convertirse en un arma de doble filo. Ocurre con la minería, que puede generar diversificación económica paulatina, sectorizada y a largo plazo; o el petróleo, que tiene una reacción más rápida pero el contexto logístico y de inversiones no favorece a Mendoza.
Con la administración del agua es donde más cuidado deberá tener y, tras el año recorrido queda una pregunta latente: ¿Tenían tenido razón Cornejo y Sergio Marinelli en intentar sancionar un código de aguas antes de impulsar actividades que generan tensión por el manejo de esos recursos? La duda surge por la minería, pero más aún por otras industrias que presionan aún más sobre un recurso escaso, como es el negocio inmobiliario.
Agua, negocios y una demora que dice todo
El agua es un recurso que será más escaso y a diferencia de la consigna, esa carencia potenciará el negocio del acceso: el que tenga agua, tendrá la llave para desarrollar la industria que proponga; sea una bodega, un campo con pistacho, una mina o un barrio privado.
En 2025 ocurrió el traspaso de manos para que el Departamento General de Irrigación tenga el control total de ese recurso. Justo durante el año quedó expuesto la situación de vulnerabilidad que tiene Mendoza por los hechos de contaminación producidos por la falta de inversión y las malas prácticas: ocurrió con el agua subterránea en Luján y con las cloacas y los desechos arrogados por empresas privadas y públicas a cauces abiertos.
La paradoja es que mientras Irrigación tiene más funciones, de manera institucional hay una desautorización de hecho. En vez de empoderar y ratificar la autoridad del DGI, desde el Ejecutivo y, sobre todo, desde el Poder Judicial lo desautorizan. Así se traduce en la lectura fina de las advertencias que los técnicos de Irrigación hicieron sobre el proyecto minero San Jorge en un dictamen que fue profundamente crítico. Más aún pasa con el vacío que le generó la Suprema Corte de Justicia en la última década y que podría ser tomado como una jurisprudencia negativa “por ninguneo”. Ese tribunal obvió resolver la causa más incómoda que tiene en sus manos y esa parálisis es una decisión. Se trata del juicio por los pozos de agua mal otorgados en alto Agrelo y que están en estado de resolver hace años. Irrigación había ordenado cegarlos, las empresas beneficiarias no lo hicieron y consiguieron un precario aval judicial para seguir.
La Corte demoró la causa de fondo en la que debe decidir si la orden de Irrigación de anular los pozos de agua mal otorgados es legítima o no. Mientras tanto, los vinos que se producen ya son añejos y con el agua del lugar se hicieron algunos de los emprendimientos turísticos e inmobiliarios más importantes de Mendoza. Quienes están en el oficialismo impulsaron el juicio político contra Eduardo Frigerio por haber otorgado de manera irregular los 20 pozos en el año 2010, pero celebran los logros de los beneficiarios de esa maniobra. Esos pozos fueron otorgados a un grupo de empresas que usaron de manera irregular la figura de una asociación intermedia para acceder a agua en una zona restringida. Se trata de la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo. Entre los socios fundadores de la Cámara, que era una organización fantasma, había un directivo de la empresa Chimpay, firma líder dentro del proyecto que fuera Santa María de los Andes que hoy contiene a los principales emprendimientos turísticos e inmobiliarios de la zona. Chimpay es el principal propietario y tras el desarrollo realizado con el agua “original” postuló para tener más pozos de agua, ahora de manera institucionalmente legal.
Nadie se imagina que la Corte decida algo que haga “pasar la topadora” por los hoteles y bodegas de lujo que hasta recibieron menciones en la Guía Michelin. Pero tampoco de dimensiona del todo el efecto institucional y el mal antecedente que queda al desautorizar una orden de Irrigación por el uso del agua. ¿El Gobierno y la Justicia avalarán las decisiones de Irrigación sobre la actividad minera, petrolera e inmobiliaria aunque incomoden? El antecedente de “los pozos” deja algunas dudas, así como las recurrentes demandas que se acumulan en la Corte ante cada sanción del ente madre del agua mendocina.
En los próximos meses el Gobierno presentará el Plan Hídrico, donde quedará expuesto el mapa del futuro del agua de Mendoza. Es decir, el futuro de la riqueza. Algunos de los ejes serán la administración de la escasez y la eficiencia, pues el déficit hacia el 2050 es dramático. Y el pilar principal será el “costo” monetario: cuánto sale o saldrá el agua en Mendoza.
La minería prometida
El impulso político a la minería ejecutado por Alfredo Cornejo tuvo como epicentro la aprobación del proyecto San Jorge para extraer cobre en un yacimiento ubicado en Uspallata. Por las características del proyecto (dimensiones, facilidades logísticas y ubicación) podría ser el primero de la “era del cobre” en Argentina, generando una paradoja que el propio Cornejo toma como logro propio: en la “tierra antiminera” podría estar la primera mina de cobre. Cornejo promociona el cobre y quiere el "bronce" para él como gestor de ese impulso. Claro que ese plan lo trasciende y parte de las dudas sobre el futuro es qué pasará tras la salida del poder del actual Gobernador. Esa pregunta es una caricia al ego del mandatario mendocino, que pone como condición para elegir al sucesor que haya garantía de continuidad con "todo" el proyecto construido por él. Es, también, una muestra de fragilidad.
El logro político de la gestión de Cornejo es tan relevante para los impulsores de la minería que logró posicionar a Mendoza aún estando en la lista negra de destinos de inversión. San Jorge es el proyecto emblema y el propio Cornejo mantuvo el “secreto” de que así era hasta que en enero de este año la empresa reactivó el expediente. El Distrito Minero Malargüe fue el plan que se llevó la marca en los dos años de gestión minera, pero San Jorge y los posibles proyectos continuadores son los más tangibles. No se entendería ese plan sin tener en cuenta todo el recorrido previo con la trama de empresas estatales que se armó alrededor del negocio minero, con actores que estuvieron varias veces de los dos lados del mostrador. Desde la “estatal” Potasio Río Colorado, hasta su continuadora Impulsa Mendoza. Los 30 millones de dólares y la larga lista de bienes, incluido un edificio de tres pisos, fueron la base de esa gestión que se inició cuando Rodolfo Suarez era gobernador.
San Jorge puede ser la punta de lanza, pero, como ya se ha repetido, deberá transitar el delicado camino de la realización: desde la factibilidad, hasta las más de 100 rectificaciones que debe hacer al plan, pasando por varios filtros judiciales. En la semana fueron presentados tres amparos basados en las tareas pendientes que fueron descriptas en la DIA. Fabricaciones Militares primero y el Servicio Geológico Minero Argentino después, detectaron yacimientos con alto potencial en la Cordillera del Tigre y, sobre todo, en la zona de Paramillos.
En Malargüe el camino de la minería es más realista de lo anunciado. De la enorme cantidad de proyectos de exploración anunciados, son pocos los que han realizado tareas mineras propiamente dichas. El resto navega entre la especulación inmobiliaria y el perfeccionamiento de los estudios ambientales previos, que habían sido realizados de manera general y financiados por el Estado.
En ese departamento del Sur está el proyecto más manoseado de la historia reciente; Potasio Río Colorado. El Gobierno ya anunció el perdón a la empresa Minera Aguilar por los incumplimientos en el cronograma de trabajo. Si se cumpliera el contrato, hasta podrían habérselo quitado. La duda era a quién dárselo, por la falta de interés previo que había. Según el Gobernador, antes de marzo “habrá novedades” y se podría anunciar el nuevo contrato, con un plan para abastecer al mercado interno con potasio y proyecciones más humildes. Minera Aguilar, vale decir, tomó el proyecto desde las “cenizas”, pero con una enorme cantidad de activos que bajaban la necesidad de inversión inicial para producir a baja escala.