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Soberanía en liquidación: las preguntas que el Ejecutivo provincial debe responder sobre Los Nihuiles

Frente al proceso de venta y concesión de un patrimonio hídrico y energético que pertenece a todos los mendocinos, el gobierno provincial debe hacer algunas aclaraciones a la ciudadanía. Antes de avanzar, Mendoza exige respuestas.


La defensa del patrimonio público y de las fuentes naturales de energía de Mendoza no debe ser una bandera partidaria ni una discusión técnica lejana; es una responsabilidad directa con nuestro presente y con las próximas generaciones. Los Nihuiles son de la provincia de Mendoza, son un activo estratégico pagado y recuperado por los mendocinos. Por eso, ante las recientes decisiones vinculadas a su proceso de licitación y venta, se vuelve indispensable pedir claridad, rigor e información pública.

Existen tres preguntas fundamentales que el Ejecutivo provincial debe responder con urgencia y transparencia a la comunidad:

En primer lugar, si el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles pertenece íntegramente a Mendoza y fue objeto de una declaración de emergencia luego del aluvión del 2025, ¿por qué no se han enviado a la Legislatura los informes obligatorios exigidos por la Ley Nº 9630 que la declaró? La ciudadanía tiene el derecho de conocer en qué estado exacto se recibieron las instalaciones, qué acciones concretas se implementaron durante el período de emergencia y cuáles fueron las consecuencias del siniestro sucedido. Es necesario saber qué montos fueron saldados por la provincia, qué aportaron los operadores privados y qué cobertura fue asumida efectivamente por las empresas aseguradoras.

En segundo lugar, resulta inexplicable por qué la provincia cedió el control de un procedimiento licitatorio que involucra un patrimonio 100% mendocino a la órbita de la Nación. ¿Cuáles son las razones jurídicas y políticas para relegar la autonomía provincial sobre un bien tan sensible para la matriz productiva de nuestra región?

Las contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado generan una profunda alarma. Hace apenas un año se anunció a todos los mendocinos que se realizaría una licitación conjunta de los complejos Nihuiles (propiedad de Mendoza) y Diamante (propiedad de la Nación), ratificado en el acuerdo firmado el 8 de marzo de 2025. De aquel compromiso no quedó nada en pie: hoy nos encontramos con una licitación supuestamente "conjunta" que en los hechos abarca únicamente a Los Nihuiles.

Y en tercer término, al analizar el marco normativo que dispone el proceso licitatorio, no existe en el decreto nacional (DNU 667/26) ninguna confirmación de la aceptación de los pliegos de condiciones elaborados por nuestra provincia. Al comparar detalladamente los requerimientos del decreto provincial —como los lugares de publicación del llamado o la exigencia de conformidad previa de la Provincia— con la letra del decreto nacional, se constata que las exigencias provinciales no quedan reflejadas ni garantizadas en ningún lado.

Por último, a este escenario se suma un hecho sumamente grave: en publicaciones oficiales del Ministerio de Economía de la Nación donde se detalla cómo el Gobierno Nacional planea fondearse para hacer frente a sus próximas obligaciones financieras, el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles figura expresamente entre los activos a privatizar para obtener esos fondos. Los Nihuiles son de Mendoza; si se avanzara en una operación comercial sobre ellos, la totalidad de los fondos debería ingresar íntegramente a las arcas provinciales y no ser utilizados para saldar obligaciones de la Nación. Entonces por qué son mencionados en esas publicaciones.

Gobernar con responsabilidad implica rendir cuentas, cuidar el patrimonio colectivo y asegurar que cada decisión respete la soberanía hídrica y energética de nuestra provincia. Antes de avanzar, Mendoza exige respuestas.