Sergio Massa declaró en la causa "Sueños Compartidos" y apuntó a "fallas" en la ejecución del plan
El exministro de Economía declaró en el juicio a los Shocklender y De Vido, destacó el impacto social de las obras, pero admitió incumplimientos que obligaron al municipio a financiarlas.
El exintendente de Tigre y exministro de Economía, Sergio Massa, declaró como testigo en el juicio por el programa Sueños Compartidos, donde detalló el funcionamiento de los convenios firmados con el municipio del cual estuvo a cargo y dejó definiciones que combinaron respaldo al esquema de obras con críticas a su ejecución.
Sergio Massa explicó que durante su gestión se firmaron tres convenios vinculados a urbanización y construcción de viviendas en los barrios Garrote, San Pablo y Sinacina, aunque aclaró que esos acuerdos fueron rubricados por un intendente interino mientras él se desempeñaba como jefe de Gabinete. "Se celebraron convenios durante el período en que había un intendente suplente", indicó, y remarcó que no los firmó personalmente.
El exministro de Economía respondió preguntas y describió un modelo particular de intervención en los barrios más vulnerables, basado en la autoconstrucción y la participación de los propios vecinos. Según sostuvo, ese esquema incluía capacitación y reorganización del territorio antes de levantar nuevas viviendas. "Se demolían las viviendas del asentamiento y los propios vecinos iban autoconstruyendo las nuevas", explicó, y valoró el impacto: "Sin dudas fue altamente positivo", dijo al referirse al paso de casas precarias a departamentos en el barrio San Pablo.
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal Número 5, Sergio Massa también puso el foco en el fuerte contraste social del distrito. "El municipio tenía 185 urbanizaciones especiales y, por otro lado, 17 asentamientos con necesidades básicas insatisfechas", señaló, como contexto de la implementación del programa.
Sobre los mecanismos de control, Sergio Massa describió un circuito administrativo que involucraba al municipio, la provincia y la Nación. Detalló que las certificaciones de obra eran realizadas por áreas técnicas municipales, luego validadas por la Provincia y finalmente enviadas a la Nación para habilitar los pagos. En ese proceso, reconoció demoras: "Entre Nación y el municipio aparecían dificultades propias de la administración nacional".
También aclaró que el intendente no intervenía directamente en los pagos: "Las órdenes de pago las manejaba el área de Hacienda y el contador municipal", precisó, subrayando que se trata de un procedimiento establecido por ley.
Sergio Massa afirmó que no recuerda denuncias penales impulsadas por el municipio durante la ejecución inicial y mencionó que, en una inspección judicial, "las certificaciones versus los pagos estaban en equilibrio". Sin embargo, afirmó que hubo incumplimientos y subrayó que a partir de ellos "el municipio tomó la decisión de continuar las obras".
Según explicó, cuando la Fundación dejó de intervenir o se interrumpió el financiamiento nacional, el municipio decidió hacerse cargo de los trabajos con recursos propios, aunque no pudo precisar con exactitud las fechas.
Sergio Massa también se refirió a la rescisión del vínculo con la Fundación, que ubicó entre 2011 y principios de 2012, en un contexto que coincidió con la exposición mediática del caso. "La discusión pública y la rediscusión del acuerdo fueron contemporáneas", afirmó.
En cuanto a su relación con la organización, señaló que mantuvo dos reuniones: una institucional y otra por conflictos con funcionarios municipales. Además, dijo conocer "solo de nombre" a la empresa Meldorek S.A., mencionada en la causa como proveedora de materiales.
Finalmente, destacó que los convenios habían sido aprobados por el concejo deliberante "creo que por unanimidad" y que no recordaba observaciones del Tribunal de Cuentas provincial.