"Señor del Tabaco": frentes judiciales casi cerrados, pero aún con millonaria deuda al Estado

Durante más de una década, Pablo Otero, conocido como el " Señor del Tabaco", hizo crecer su tabacalera de la nada hasta controlar casi el 40% del mercado argentino de cigarrillos. No había secretos, sino la más antigua estrategia de mercado: vender más barato que todos sus competidores.

Sin embargo, esa ventaja se construyó a través de la justicia mediante una serie de medidas cautelares que le permitieron eludir el pago del impuesto interno mínimo al tabaco mientras el resto de la industria lo abonaba. El esquema se sostuvo durante años y le otorgó una ventaja competitiva millonaria que finalmente colapsó en 2025. Pero las consecuencias de ese colapso están lejos de resolverse.

En agosto de ese año, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado inconstitucional ese impuesto mínimo y dejó firme la obligación de su empresa, la Tabacalera Sarandí, de pagarlo de forma retroactiva. La cifra que el Estado le reclama oscila entre 400 millones y 2.000 millones de dólares, un rango extraordinariamente amplio que se explica porque ARCA todavía no liquidó la deuda final con sus intereses y multas, con lo cual la cuenta pendiente sigue sin número definitivo.

Previo a que el máximo tribunal dictara su decisión, Otero informó a la Corte que desistía del reclamo porque se había acogido a una moratoria. El problema con esa última jugada fue que no presentó ningún comprobante que lo acreditara. El tribunal rechazó el planteo y lo calificó de “una nulidad por la nulidad misma”, sin dejar margen para nuevas apelaciones.

La reacción del empresario fue encendida. En sus redes sociales escribió que “nunca vamos a encontrar justicia en esta Corte” y prometió buscarla “en otras instituciones”; la frase fue interpretada por muchos como la antesala de una presentación ante organismos internacionales.

“El Señor del Tabaco” salió airoso en otras causas penales que se perfilaban como de alto impacto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo denunció en abril de 2025 por presuntas maniobras de legitimación de activos de origen ilícito por más de 33.000 millones de pesos. La acusación describía un esquema en el que Tabacalera Sarandí habría canalizado la venta de cigarrillos a través de 23 distribuidoras mayoristas sin capacidad operativa real, cobrando en efectivo y sin trazabilidad sobre el origen de los fondos.

En junio de ese mismo año, el fiscal federal Eduardo Taiano desestimó la denuncia por considerar que no existían indicios concretos ni elementos de convicción suficientes para acreditar la existencia de un delito. La jueza María Romilda Servini no estuvo de acuerdo y declaró la nulidad del dictamen.

Taiano impugnó esa decisión, que posteriormente fue respaldada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. El resultado fue el cierre del expediente, aunque el Gobierno Nacional había adelantado que abriría otro frente judicial —también por presuntas maniobras de lavado—, esta vez vinculado a clientes falsos.

Otra acusación al "Señor del Tabaco"

En otro orden, la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), a través de su titular Luis Eugenio Guinle, acusó penalmente a Otero de haber pagado cuatro millones de dólares a legisladores nacionales para que eliminaran el capítulo fiscal de esa ley, que establecía condiciones impositivas iguales para todas las tabacaleras del mercado.

La denuncia apuntaba también al exdiputado y exjefe de la AFIP Carlos Castagneto y a otros funcionarios. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas, en una resolución dictada el 19 de junio de 2025, dispuso el sobreseimiento de todos los imputados al concluir que los hechos no pudieron corroborarse: las cámaras de seguridad no registraron los encuentros, los testigos se encontraban fuera del país en la fecha señalada y los registros telefónicos situaban a los acusados en lugares distintos.

Ante ese panorama, Otero tomó una decisión que habló por sí sola: en mayo de 2025 dejó la presidencia de Tabacalera Sarandí. La empresa aclaró que la salida no tenía relación con las causas judiciales, pero el momento elegido hizo difícil pasar por alto la coincidencia.

En el frente civil, Otero recurrió a la justicia para responder lo que consideró ataques a su imagen y a la de la firma, y demandó a un periodista que había señalado que el empresario ejerce un fuerte lobby para que Tabacalera Sarandí comercialice sus marcas sin pagar los impuestos que el resto de las compañías abona mensualmente.

Al no recibir una retractación pública y escrita, Otero presentó una demanda por daños y perjuicios en la que reclama dos millones de dólares, al sostener que las publicaciones le ocasionaron perjuicios morales, económicos, reputacionales y financieros a él y a Tabacalera Sarandí.

La instancia de mediación virtual fracasó. Desde Tabacalera Sarandí sostuvieron que la audiencia no prosperó porque el periodista se negó a retractarse; desde el medio que lo representa, en cambio, afirmaron que se había ofrecido una conciliación extrajudicial y que fue la empresa la que la rechazó. Con las posiciones de ambas partes irreconciliables, la causa, aparentemente sigue en trámite.