Salta también presentará un recurso de amparo ante la Corte por las pensiones suspendidas por Nación

El gobierno de Salta decidió replicar la acción judicial de la provincia Misiones y presentará un amparo ante la Corte Suprema para restituir de inmediato las pensiones suspendidas por Nación.

Misiones elevó el recurso de amparo en la jornada del miércoles convirtiéndose en la primera provincia en hacer el reclamo a través de la Justicia.

El reclamo salteño también incluye la devolución de fondos retenidos y la realización de auditorías transparentes.

Según especifica un comunicado del gobierno de Salta, la provincia acudirá a la Corte Suprema en las próximas 48 horas, en reclamo de la devolución de los fondos retenidos por Nación. Además, pedimos auditorías "serias y transparentes" antes de suspender beneficios.

En tal sentido el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que "no pueden pagar justos por pecadores y que familias y organizaciones denuncian vulneración de derechos básicos".

Al igual que Misiones, la provincia de Salta acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios sociales que fueron suspendidos por el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida judicial, que se presentará en las próximas 48 horas, también busca que se devuelvan los montos retenidos y que se dispongan auditorías bajo supervisión judicial.

El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que la decisión responde a la necesidad de garantizar derechos adquiridos. "No pueden pagar justos por pecadores", advirtió, al señalar que la suspensión masiva afectó a miles de familias salteñas que dependen de esos ingresos para cubrir tratamientos médicos, movilidad y alimentación.

De su parte el fiscal de Estado de Salta, Juan Agustín Pérez Alsina, explicó que el amparo tendrá como ejes la restitución inmediata de las pensiones, la devolución de los fondos retenidos y la exigencia de auditorías serias y transparentes. Además, cuestionó el mecanismo de notificación aplicado por Nación. Según dijo, en provincias del norte como Salta y Jujuy, las cartas documento o correos electrónicos no llegan a toda la población. "Se puso el carro delante del caballo. En vez de garantizar que todos pudieran defender su derecho, directamente las anularon", señaló.

Pérez Alsina remarcó que la suspensión indiscriminada fue producto de la falta de auditorías previas. "Primero se debió investigar quiénes tenían derecho a percibir la pensión y quiénes no, y recién después tomar medidas. Lo que ocurrió fue al revés", subrayó. También recordó que la Constitución provincial establece la obligación de proteger la salud física, psíquica y emocional de la población, lo que convierte a la presentación judicial en una acción moral además de legal.

El Gobierno provincial insistió en que no se trata de una reacción improvisada, sino de una medida derivada de pedidos de información realizados previamente a Nación que nunca obtuvieron respuesta. "Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", aseguró Sáenz, al confirmar que la provincia avanzará por la vía judicial para resguardar la dignidad de las personas con discapacidad.

La suspensión de las pensiones no contributivas provocó un fuerte malestar en distintos sectores de la sociedad. En Salta, numerosas familias denunciaron que quedaron sin cobertura en medicamentos y tratamientos, mientras que organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que el recorte vulnera derechos fundamentales y no contempló las particularidades geográficas y sociales de la región.

Ahora será la Corte Suprema la que defina si corresponde restituir de manera inmediata los beneficios y ordenar una auditoría con control judicial.

"Fue un desastre"

Las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizadas en la provincia de Misiones derivaron en denuncias por desorganización, maltrato a las personas con discapacidad, e incluso agresiones a autoridades locales y a la prensa. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones y diputado provincial electo, admitió que el problema se originó cuando se decidió tercerizar el procedimiento en una empresa privada, y anticipó que el esquema será modificado para evitar nuevas controversias.

Núñez recordó que el operativo de revisión de pensiones por discapacidad se viene realizando desde abril en diferentes localidades. “Acá en la provincia de Misiones se hizo en Posadas, Oberá, Alem, Iguazú, Eldorado y no hubo ningún inconveniente”, explicó.

En declaraciones a Radio República de Posadas el funcionario dijo que el conflicto surgió, en municipios donde no había prestadores del PAMI disponibles. "La Coordinación Ejecutiva Nacional había decidido tercerizar eso en una empresa que haga esas auditorías con gente propia. Y la realidad es que eso fue un desastre", sostuvo.

El dirigente relató que se comunicó personalmente con la Comisión Ejecutiva de PAMI para advertir lo que ocurría. "Les dije que esa auditoría estaba siendo un desastre, que no sabían lo que estaban haciendo, que no conocían la idiosincrasia local, que no tenían la infraestructura ni la organización que requería esa auditoría", remarcó.

Reorganización y suspensión temporal

Ante las denuncias y los incidentes registrados, Núñez informó que se tomó la decisión de interrumpir las auditorías en las zonas conflictivas y retomar los operativos bajo conducción local. "Se decidió suspenderlas, y la semana que viene se van a retomar, pero ya con la conducción y la organización de la UGL (Unidad de Gestión Local) de PAMI en Misiones y con los prestadores médicos de esa obra social, como se había hecho anteriormente", señaló.

También reconoció que hubo reclamos por falta de notificación a los beneficiarios. “Uno de los temas que se plantea desde los mismos pensionados es que no habían sido notificados de la caída del beneficio o de la citación. Lo que tenemos que hacer es volver a ese esquema de organización, garantizar a cada uno de los beneficiarios que sean notificados y que puedan concurrir a un lugar que los espere con la infraestructura y con los médicos y especialistas que sean necesarios”, afirmó.

Consultado sobre el impacto político de las denuncias, el referente de La Libertad Avanza en Misiones negó que se trate de un trasfondo electoral. “No, la verdad es que no, creemos que no. Entendemos que estamos en campaña y que así lo van a utilizar, pero eso responde más a lo que yo entiendo como la carroña política”, respondió.

“La gente tiene bien claro que el tema de discapacidades es un tema sensible, pero donde atrás hay mucha corrupción, donde hay mucho desmanejo, que requiere ser auditado. El problema es hacerlo bien, no que no se realicen las auditorías”.

Localidades más afectadas

Núñez explicó que los mayores inconvenientes se produjeron en las localidades donde no hay presencia de prestadores médicos del PAMI, como 25 de mayo, San Pedro y otros municipios del interior profundo. En esos casos, se intentó trasladar pacientes o reemplazar con médicos de cabecera, pero finalmente se contrató a una empresa privada. “Claramente acá en Misiones no funcionó”, admitió.

De cara a la reanudación de las auditorías, el dirigente aseguró que el objetivo es que el proceso se realice de manera eficiente y con respeto a los beneficiarios: “Se trata de garantizar que cada persona con discapacidad reciba un trato digno y un procedimiento correcto, con la infraestructura necesaria y bajo supervisión local”.