Ruta del Dinero: la Corte Suprema comenzó la incorporación al Estado de los fondos decomisados
El máximo tribunal del país puso en marcha el trámite administrativo para consignar al Estado más de 60 millones de dólares en dinero y bienes secuestrados al empresario Lázaro Báez y su hijo Martín Báez en la causa donde fueron condenados por lavado de dinero.
La Corte Suprema de Justicia puso en marcha la diligencia administrativa para que el Estado recupere el dinero y los bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “Ruta del Dinero”, por lavado de activos.
El expediente, donde se determinó que el ex titular de Austral Construcciones articulo diversos mecanismos para lavar 55 millones de dólares, ahora avanza en su etapa patrimonial. La decisión fue comunicada al presidente del Tribunal Oral Federal N.º 4, Néstor Costabel, encargado de ejecutar la pena impuesta a los Báez
El director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, informó que se ordenó formalmente el decomiso definitivo de las sumas de dinero, los fondos obtenidos por subastas y los bienes inmuebles registrados a nombre de Lázaro y Martín Báez. Además, dispuso que todos esos activos sean inscriptos bajo la titularidad de la Corte Suprema, tal como establece el Código Procesal Penal de la Nación.
Como primer paso, el TOF 4 deberá transferir las sumas de dinero decomisadas, tanto en pesos como en dólares, a dos cuentas pertenecientes al máximo tribunal y remitir la documentación vinculada a las subastas ya realizadas.
La sentencia del Tribunal Oral Federal 4 de 2021 da cuenta que el total de fondos decomisados incluye USD 54.872.866,69; USD 5.000.000; USD 307.994,17 y USD 950.000. En conjunto, la cifra asciende a USD 61.130.860,86, además de montos en pesos que deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor del INDEC y que suman cerca de $4.174.697.
La Sala IV de Casación Penal ratificó los decomisos en febrero de 2023, y el 29 de mayo de este año la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, dejando firmes tanto las condenas como la incautación de bienes.
Al momento en el que el tribunal se disponía a ejecutar las medidas, el Poder Ejecutivo dictó el decreto donde se creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Justicia con facultades para supervisar y decidir sobre los bienes provenientes de delitos. Con esa ordenanza, el Ejecutivo apuntaba que los activos quedaran bajo su órbita.
Sin embargo, la Corte ya había establecido este año que la administración de los bienes decomisados es atribución exclusiva de los jueces penales intervinientes. La cuestión desató tensiones entre los poderes del Estado. De hecho, el gremio de empleados judiciales impulsó una demanda por considerar que el decreto afectaba la independencia del Poder Judicial.
El pasado mes de octubre, el juez en lo contencioso-administrativo federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto presidencial donde argumentó que la norma modificaba integralmente el régimen de gestión de bienes de origen ilícito y que el Ejecutivo había excedido los límites constitucionales para la emisión de decretos de necesidad y urgencia.
Según el fallo, el decreto “no introducía simples ajustes, sino que implicaba un nuevo esquema que impactaba en la estructura, el funcionamiento, la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial”.
Los más de 60 millones de dólares constituye uno de los mayores recupero de activos por delitos de corrupción en la historia judicial argentina.