Rompió el silencio el intendente misionero acusado de abuso sexual: qué dijo en medio del escándalo
En pleno escándalo en Misiones, el jefe comunal de Caraguatay, Mario Darío Peyer, se tomó licencia en la intendencia y sentenció: "Me pongo a disposición de la Justicia".
El intendente de la ciudad misionera de Caraguatay, Mario Darío Peyer, del Frente Renovador de la Concordia Social, solicitó licencia en su cargo. “Soy inocente”, escribió en sus redes sociales. El jefe comunal fue denunciado por presunto abuso sexual contra una empleada del concejo deliberante.
En su lugar asumió la concejal Norma Gularte, que ingresó en la misma lista del intendente, pero se pasó a La Libertad Avanza. En medio del escándalo, el acusado expresó que se puso "a disposición de la Justicia".
A través de las redes sociales, el alcalde dijo que se puso "a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual (ha) sido objeto".
"Desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia", escribió el intendente en su descargo público.
El anuncio se produjo dos días después del pedido público del gobernador Hugo Passalacqua, quien instó a Mario Darío Peyer a pedir licencia del cargo para garantizar "una investigación ordenada y transparente".
La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, a cargo del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, quien ordenó allanamientos en la sede municipal y en el domicilio del intendente, además de imponerle restricciones de contacto con la denunciante.
La causa contra el intendente
Según el testimonio de la denunciante, los episodios de acoso habrían comenzado en julio del año pasado y derivado en un presunto abuso sexual ocurrido el 4 de septiembre dentro de una oficina del concejo deliberante.
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay y en el domicilio del intendente. También dispuso el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de una restricción de acercamiento hacia la denunciante.