Revés para Milei: la Justicia intervino en el conflicto y frenó los despidos en el INTI
El fallo hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por ATE y ordenó suspender la aplicación de una resolución que disponía la eliminación de servicios técnicos y modificaciones operativas dentro del INTI.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Noticias ArgentinasLa Justicia federal frenó de manera provisoria la aplicación de una resolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que disponía la eliminación, en una embestida de la motosierra de Javier Milei, de cientos de servicios técnicos y programas especializados en todo el país, luego de una presentación judicial impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
La demanda cuestiona la Resolución 42/2026 del Consejo Directivo del INTI, mediante la cual el organismo avanzaba con un proceso de “adecuación de la oferta tecnológica institucional” que, según el gremio, implicaba la suspensión de servicios estratégicos, el vaciamiento de funciones esenciales y un posible escenario de despidos y reubicaciones de personal.
El fallo
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En su presentación, ATE sostuvo que la medida afectaba la capacidad técnica del instituto, eliminaba fuentes de autofinanciamiento y ponía en riesgo la estabilidad laboral de trabajadores especializados. También denunció que el Consejo Directivo carecía de atribuciones para avanzar sobre funciones esenciales definidas por la ley orgánica del organismo.
El magistrado consideró que existían elementos suficientes para dictar una medida cautelar y ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la resolución cuestionada. La decisión judicial alcanza la suspensión de cesaciones de servicios, transferencias, modificaciones operativas y movimientos de equipamiento técnico, además de garantizar la continuidad de los programas de asistencia técnica, certificaciones y transferencia tecnológica.
El fallo también dispuso preservar las condiciones laborales vigentes al 14 de abril de 2026 para los trabajadores afectados, incluyendo categorías, salarios y tareas.
En los fundamentos de la resolución, el juez remarcó que la normativa impulsada por el INTI podría vulnerar derechos laborales protegidos por convenios colectivos, la Ley de Contrato de Trabajo y tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, señaló que la posible alteración unilateral de las condiciones laborales afectaría el principio de estabilidad en el empleo público y podría derivar en perjuicios irreparables para los trabajadores.
La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la resolución del INTI.