Retroceso en la reforma del Estado: anulan fusiones y disoluciones de organismos públicos
Los decretos 627 y 628 dejaron sin efecto los cambios que habían sido cuestionados en el Congreso. El Gobierno dispuso que la Jefatura de Gabinete y Economía administren de manera transitoria las áreas restablecidas.
Tras el rechazo del Congreso, quedaron sin efecto las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo que contemplaban la fusión, disolución y reestructuración de distintos organismos públicos. La marcha atrás quedó oficializada este martes a la madrugada con la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 627/2025 y 628/2025.
El primero de ellos restituyó la vigencia de todas las normas que habían sido modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Entre las medidas canceladas se encontraban:
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la unión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas,
la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología,
la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),
y la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Además, se repusieron los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25), la estructura organizativa del INTA (Decreto 571/25), las competencias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25), las funciones del director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).
El texto aclaró que, mientras se restablecen plenamente estas estructuras, los servicios administrativos, financieros y jurídicos quedarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía.
Por su parte, el Decreto 628/2025 derogó los cambios introducidos en mayo por el Decreto 340/2025, que había instaurado un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional” y declarado la navegación marítima y fluvial como servicio esencial para pasajeros y cargas. También quedaban anuladas disposiciones que obligaban a garantizar el 75% de los servicios aun en contextos de conflicto gremial, así como la flexibilización en la contratación de personal y la reducción de trámites burocráticos.
La anulación de estas reformas tuvo su punto final el 21 de agosto, cuando el Senado votó en contra del paquete de desregulaciones presentado por el presidente Javier Milei. Durante el debate, la oposición cuestionó la falta de fundamentos para cerrar organismos estratégicos —como Vialidad Nacional— bajo el argumento de casos de corrupción.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió las iniciativas al remarcar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”. Al mismo tiempo, criticó el crecimiento del empleo público en los últimos años y sostuvo: “Conservamos las funciones, pero apartamos a los militantes que no trabajan. Y no me refiero a todos”.