Reforma laboral: el Gobierno quiere esquivar la negociación con la CGT mientras asegura el apoyo de los gobernadores
La reforma laboral será uno de los temas clave de la semana que viene. En el Senado, el Gobierno quiere tener los votos asegurados antes de abrir el debate.
Patricia Bullrich logró la sanción de Presupuesto 2026 y debutó con éxito en el Senado.
El oficialismo avanzará la próxima semana con los últimos detalles de la reforma laboral, antes de reabrir el debate en el Senado. La Libertad Avanza quiere llegar a la primera semana de febrero con todo listo para ir al recinto con los votos asegurados.
Mientras Diego Santilli intenta sistematizar las modificaciones que pidieron los distintos gobernadores, Josefina Tajes, una de las principales asesoras de Patricia Bullrich en materia laboral, hace lo mismo, luego de una serie de reuniones con los equipos técnicos de los senadores dispuestos a colaborar con el oficialismo. Todo esto quedará plasmado en los próximos días. Aún no se sabe si habrá un nuevo dictamen o si el oficialismo directamente ejecutará los cambios durante la votación en el recinto.
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Este lunes, Patricia Bullrich vuelve al Senado después de una semana de vacaciones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta ya tiene agendada una serie de reuniones con senadores aliados del radicalismo y de los partidos provinciales. Se espera que confirme por dónde irán los cambios y siga recibiendo algunos pedidos de modificación.
Tal como ya publicó MDZ, se espera que el Gobierno acepte el pedido de los gobernadores de morigerar el plazo de la reducción del 2,5% de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades, y que pase a ser de dos años en vez de uno, como indicaba el proyecto original. Se trata de un pedido que hicieron los distintos gobernadores que se reunieron con el ministro del Interior esta semana.
El reclamo de los gobernadores
El proyecto que presentó el oficialismo prevé una reducción en la recaudación de este tributo, que, junto con el impuesto al cheque y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es coparticipable. Esto impactaría de lleno en las cuentas públicas de las provincias, que resisten ser la variable de ajuste cada vez que la Casa Rosada quiere mostrar equilibrio en las cuentas públicas. Sin embargo, ninguno de estos gobernadores aliados puso en duda su apoyo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
El Gobierno nacional mantiene conversaciones con la CGT. Lo hace a través de Diego Santilli y de distintos funcionarios de la Secretaría de Trabajo, que lidera Julio Cordero. La calma que la central obrera mantiene en las calles es parte de las negociaciones cruzadas que llevan adelante.
El oficialismo no tiene previsto modificar el capítulo sindical del proyecto, que elimina los llamados “aportes solidarios”, un porcentaje del salario bruto de los trabajadores no afiliados que va directamente al sindicato, entre otros puntos. Tampoco prevé cambiar otros temas sensibles para el gremialismo, como la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), en lugar de la indemnización, o la ampliación de actividades señaladas como “esenciales”, de modo tal de limitar la capacidad de huelga.
El Plan B de la CGT
El sindicalismo, en este contexto, se prepara para salir a la calle y entre los principales dirigentes comienza a circular la posibilidad de avanzar con una huelga general. Las conversaciones entre el oficialismo y la CGT no parecen llegar a un punto de acuerdo. La Libertad Avanza contaría con el apoyo de los gobernadores para la aprobación de esta ley, sin necesidad de mediar con la central obrera.
Sin embargo, la CGT apunta a meter presión en las provincias. Muchos de estos gobernadores dispuestos a apoyar al Gobierno nacional mantienen una buena relación con los gremios más importantes, por ejemplo, los mineros en Salta o Catamarca, con Gustavo Sáenz o Raúl Jalil. Tensionar esa relación tendrá un costo para los mandatarios dentro de las provincias, y lo saben. Lo mismo le ocurre a Osvaldo Jaldo con los estatales en Tucumán.
En este contexto, el Gobierno confía en poder avanzar y juntar los votos necesarios sin tener que negociar directamente con la CGT ni con el kirchnerismo. El proyecto cosechó un amplio consenso a partir de la aprobación del Presupuesto 2026, en diciembre de 2025, y con el impulso de la modificación de la Ley de Glaciares, otro de los proyectos que los gobernadores pidieron darle prioridad.