Reforma laboral: el Gobierno le pidió a la CGT "paz social para fin de año" y encara negociaciones subterráneas

El Gobierno desaceleró su supuesto avance contra el poder de los sindicatos. Lejos del propósito del DNU 70, el Ejecutivo volvió a archivar la eliminación o limitación de las cajas sindicales en la reciente redacción del proyecto de reforma laboral que se oficializó este jueves.

Sin dar mayores detalles, la gestión libertaria promete que esas iniciativas antisindicales se debatirán en otra presunta ley que se presentará “en algún momento”.

Sobresale el sostenimiento de la cuota solidaria, que es un aporte económico que se descuenta del sueldo de los trabajadores, estén o no afiliados al gremio. Surge de los convenios colectivos: cuando un sindicato negocia una mejora salarial o laboral que beneficia a todos los empleados de ese sector, se establece que quienes se benefician también aporten una pequeña parte de su salario para sostener la estructura que hizo posible esa negociación.

Se trataba de uno de los principales planteos formulados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien finalmente no se impuso en esa discusión interna en Balcarce 50.

Más allá de que la CGT redobló la apuesta con una marcha el próximo jueves y una posible judicialización de los artículos más controvertidos de la futura ley, los principales dirigentes gremiales de la calle Azopardo mantuvieron diálogo informal con la mesa política del Gobierno. Se trataron de conversaciones telefónicas que tuvieron el objetivo de que la reforma laboral no incluya modificaciones en el actual esquema de financiamiento de los sindicatos a cambio de reducir el nivel de tensión o conflicto.

Los entretelones entre el Gobierno y la CGT

Fueron negociaciones subterráneas que confirmaron, de igual modo, fuentes de ambos sectores a MDZ. No es la primera vez que esas conversaciones terminaron en que el Ejecutivo ceda y no avance contra el poder de la CGT. En 2024, el presidente dio la orden de no acompañar una iniciativa de PRO y la UCR que pedía limitar los mandatos y la recaudación de los gremios.

"El Gobierno dice que arregló con la CGT paz social de cara a fin de año. No quieren un estallido social promovido por los sindicatos y que se genere un clima que se pueda descontrolar, por eso negociaron no tocarle sus privilegios", indicaron dos fuentes del sector productivo, que dialogaron esta semana con los principales funcionarios del Gobierno sobre cómo encaraban las reformas. "Quieren evitar que haya un escenario de conflictos en todos lados", agregaron.

Este acuerdo debajo de la superficie solo implica que el conflicto se mantenga debajo de los parámetros normales, con una CGT que no habla abiertamente de paros generales ni sectoriales y que concentra su reclamo en el marco legislativo. A pesar de las aseveraciones del triunvirato, no habrá acciones que busquen atentar contra la aprobación de la reforma. Parte de las negociaciones entre los "gordos" y los integrantes de la mesa chica de Milei es seguir conversando en aquellos aspectos más cuestionables para los gremios. Se buscará modificar algunos de los ítems referidos a la regulación del derecho de huelga, en la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo y en la flexibilización y fragmentación de los convenios colectivos.