Patricia Bullrich endurece su mensaje sobre la reforma laboral ante empresarios de Techint: "Para los que laburan"

En el cierre del Seminario Propymes del Grupo Techint, Patricia Bullrich volvió a intervenir en el debate sobre la reforma laboral. Frente a un auditorio colmado de ejecutivos y líderes industriales, la senadora y exministra de Seguridad endureció su posición contra el sindicalismo y defendió con énfasis los principales puntos del proyecto que el Gobierno envió este jueves al Congreso.

Bullrich enfocó buena parte de su intervención en los delegados sindicales y en la necesidad, según dijo, de “ordenar” la actividad gremial dentro de las empresas. Señaló que el nuevo texto propone limitar a diez horas mensuales pagas el tiempo destinado a tareas de representación y remarcó que “el resto, a trabajar”, en referencia a los bloqueos registrados durante el año en distintas plantas fabriles. El planteo despertó aplausos entre los empresarios, incluido Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, quien compartió el escenario con la legisladora.

Los puntos clave del discurso de Patricia Bullrich

A lo largo de su exposición, la senadora insistió en que la reforma busca vincular la función gremial con la actividad productiva cotidiana y evitar que los delegados se aparten de sus responsabilidades laborales. Sostuvo que el proyecto pretende equilibrar derechos y obligaciones en el ámbito interno de cada compañía, para fortalecer la eficiencia y limitar los beneficios exclusivos ligados a la representación sindical.

El capítulo relativo a los conflictos laborales también ocupó un lugar central. Bullrich detalló que la reforma incorpora sanciones específicas para bloqueos, tomas y cortes de acceso a plantas, incorporando estas conductas como infracciones graves dentro del Código Penal. Para respaldar ese enfoque, recordó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antibloqueos en 164 oportunidades.

La senadora dedicó luego un tramo de su discurso a explicar los ejes estructurales de la reforma. Defendió el esquema de indemnización propuesto por el Gobierno (un mes por año trabajado, calculado sobre el salario básico) y la actualización de pasivos laborales según IPC más tres puntos anuales en litigios. También describió modificaciones vinculadas a la movilidad laboral, las vacaciones y la eliminación de la ultraactividad de los convenios de 1975, lo que permitirá habilitar acuerdos por empresa, rama o establecimiento.

Bullrich avanzó además sobre los cambios previstos en el sistema judicial laboral. Sostuvo que el proyecto busca completar la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un paso ya avalado por la Corte Suprema. Aseguró que el objetivo final es contar con jueces “que apliquen la ley, no criterios proempresa o prosindicato”, lo que, afirmó, contribuirá a mejorar la imparcialidad de las sentencias y reducir la discrecionalidad.

En materia fiscal, la legisladora detalló la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FALN), al que las empresas aportarían el 3% de sus contribuciones patronales para cubrir eventuales pasivos por despidos o retiros. Presentó este esquema como un mecanismo de previsibilidad ante ventas, sucesiones o cierres. También enumeró los incentivos impositivos incluidos en la propuesta: eliminación de impuestos internos, reducción de cargas para la adquisición de maquinaria, devolución acelerada de IVA y amortización rápida del impuesto a las ganancias para inversiones de entre 150 mil y 30 millones de dólares.

Hacia el final, Bullrich repasó la agenda de regularización laboral, que prevé condonación de deudas y reconocimiento previsional para trabajadores no registrados, y la incorporación de seguros obligatorios para quienes operan bajo formatos de economía colaborativa, como plataformas digitales. Y cerró con una crítica al actual esquema tributario provincial y municipal, al señalar que tasas como ingresos brutos “no tienen contraprestación real” y desalientan la inversión. Aseguró que el Gobierno buscará un nuevo pacto fiscal para comprometer a gobernadores e intendentes a no crear impuestos que afecten la actividad productiva.