Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario que Javier Milei incumple

En agosto de 2025, el Congreso de la Nación sancionó por segundo año consecutivo una Ley de Financiamiento Universatario que preveía un aumento salarial docente a la par de la inflación. Y por segundo año, el presidente Javier Milei la vetó. Sin embargo, el Poder Legislativo, en uso de sus facultades, rechazó la decisión del Ejecutivo con la mayoría especial de los dos tercios. Aún así y frente a la insistencia del Poder Judicial en sus distintas instancias, el Gobierno de La Libertad Avanza se niega a destinar los fondos que la normativa exige.

La ley sancionada por el Congreso propone actualizar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento universitario, a los hospitales universitarios, a ciencia y tecnología, y a extensión universitaria, tomando como punto de referencia el 1° de enero de 2025 y aplicando la inflación acumulada correspondiente a los años 2023 y 2024.

La ley prevé además actualizaciones bimestrales de esas partidas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. El objetivo es que el presupuesto universitario no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

La iniciativa también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes que contempla el período comprendido entre diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la ley, calculada sobre la base de la inflación acumulada en ese lapso. A partir de entonces, los salarios deberían actualizarse de forma mensual siguiendo el IPC.

El antecedente: el veto de 2024

No es la primera vez que el oficialismo rechaza una norma de estas características. En octubre de 2024, Milei vetó una ley de financiamiento universitario de alcance similar. La decisión fue luego ratificada por la Cámara de Diputados, que no logró reunir los votos suficientes para insistir con la norma. Esa vez, el veto prosperó.

Pero el escenario de 2025 fue diferente: los distintos bloques de la oposición lograron los dos tercios necesarios para rechazar el veto en ambas cámaras, lo que en términos constitucionales convierte a la ley en vigente y de cumplimiento obligatorio para el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no ejecutará los fondos que la norma exige, argumentando razones de equilibrio fiscal.

El estado del presupuesto universitario

Los números respaldan la preocupación de quienes defienden la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó en un 45,6% la caída real de las transferencias a las universidades nacionales desde 2023. El deterioro no se limita al funcionamiento diario de las casas de estudio: también golpea a la investigación, la extensión universitaria, las becas y los hospitales universitarios.

Los números son elocuentes. El presupuesto del Programa 26 "Desarrollo de la Educación Superior", que agrupa el financiamiento de las universidades nacionales, acumula una caída del 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025. Si la comparación se extiende al crédito vigente en 2026 —proyectado en pesos constantes a partir de la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)—, el monto asciende a 4,87 billones de pesos, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). "En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 41,6% respecto de 2023", precisaron desde el organismo.

La negativa del Ejecutivo a acatar la ley derivó en una serie de presentaciones judiciales. Distintas universidades nacionales y organismos del sector recurrieron a la Justicia, que en varias instancias ordenó al Gobierno girar los fondos correspondientes. El Ejecutivo, no obstante, apela las resoluciones y dilata su cumplimiento.