Proponen que haya "narcotest" para conductores en Mendoza con penas más duras
Una legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto para modificar las leyes de Tránsito y Contravenciones y agravar las sanciones a quienes conduzcan bajo efectos de sustancias psicoactivas y establecer la obligación de someterse a controles toxicológicos.
Proponen narcotest a conductores en Mendoza
GentilezaLa senadora provincial de La Libertad Avanza, Macarena D'Ambrogio, presentó un proyecto de ley que busca por un lado implementar controles toxicológicos (conocidos como "narcotest") en controles viales; y además, endurecer las multas y penas para quienes conduzcan vehículos bajo los efectos de sustancias psicoactivas en Mendoza.
La iniciativa propone modificar tanto la Ley de Tránsito N° 9024 como el Código Contravencional de la Provincia para incorporar estas nuevas sanciones, establecer controles más estrictos y cerrar vacíos normativos vinculados a los "narcotest".
Narcotest en controles viales de Mendoza
Entre los principales cambios, el proyecto establece que todos los conductores estarán obligados a someterse a las pruebas de detección de drogas que determine la reglamentación. Además, dispone que la negativa injustificada a realizar el control constituirá una "falta gravísima" y producirá los mismos efectos administrativos que un resultado positivo.
En los fundamentos, D'Ambrogio sostiene que la inseguridad vial constituye "una de las principales causas de muerte evitable" y argumenta que conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas "representa una conducta de alto riesgo para la comunidad".
La propuesta incorpora un protocolo para la decisión de la realización de controles toxicológicos por parte de los agentes de tránsito. Según el texto, los agentes deberán "verificar previamente indicadores objetivos de afectación psicofísica, como alteraciones oculares, del habla, motrices o conductuales, antes de ordenar un narcotest".
"La selección de conductores a someter a controles toxicológicos de estupefacientes, atento el costo y los tiempos de procesamiento de los reactivos disponibles, no puede quedar librada a la apreciación subjetiva del agente de control ni fundarse en categorías sospechosas tales como la edad, debiendo sustentarse en indicadores objetivos, protocolizados y verificables, conforme a estándares reconocidos en la materia", expresó la senadora en el proyecto.
Y agregó que la evidencia científica "demuestra que la existencia de controles de drogas en carretera por parte de las fuerzas de seguridad, más que la severidad de la sanción, es el factor que más efectivamente disuade a los conductores de tomar el volante bajo los efectos de sustancias psicoactivas; ello exige que el sistema legal provea a las fuerzas de seguridad de un marco procedimental claro, objetivo y jurídicamente robusto para realizar dichos controles con eficacia".
Fuertes multas en el proyecto
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación de una escala sancionatoria diferenciada según el tipo de sustancia detectada. Para los casos de conducción bajo los efectos de cannabis y sus derivados, considerados de "riesgo bajo", se prevén multas de entre 3.000 y 6.000 unidades fijas (entre $1,5 y $3 millones) e inhabilitaciones para conducir de entre 30 y 180 días.
En cambio, para sustancias consideradas de riesgo medio, como cocaína, opiáceos y benzodiacepinas utilizadas sin autorización terapéutica, las sanciones previstas incluyen multas de entre 4.000 y 9.000 unidades fijas (entre $2 y $4,5 millones) o arrestos de hasta 30 días, además de inhabilitaciones de entre 90 y 365 días.
La escala se endurece aún más para los casos catalogados como de riesgo alto. Allí se incluyen anfetaminas, metanfetaminas y la combinación de dos o más sustancias, incluso cuando una de ellas sea alcohol. En esos supuestos, las multas podrían alcanzar las 11.000 unidades fijas ($5,5 millones) o arrestos de hasta 120 días, junto con inhabilitaciones de hasta 545 días.
El proyecto también establece que en todos los casos corresponderá la retención del vehículo y elimina la posibilidad de reemplazar las sanciones por trabajo comunitario. Además, obliga a los infractores a asistir a cursos de capacitación, prevención y conducción responsable.
Otro de los cambios relevantes apunta a la restitución de los vehículos retenidos. La iniciativa dispone que, en casos de conducción bajo efectos de alcohol o drogas, el rodado no podrá ser devuelto hasta que el infractor haya cumplido con la sanción correspondiente.
Finalmente, el proyecto prevé que los reincidentes en infracciones vinculadas al consumo de alcohol o drogas al volante tengan licencias de conducir con una vigencia reducida de cinco años, en lugar de los diez años previstos para los conductores particulares sin antecedentes.